El del Darién es uno de los mayores problemas migratorios del mundo. Supera con creces el de Lampedusa, la isla italiana donde se aglomeran miles de africanos que tratan de entrar a Europa. El gobierno de Panamá estima que este año 360.000 personas, una cifra mayor que la población de Popayán, han hecho el peligroso tránsito entre Acandí, Capurganá y otras poblaciones colombianas y la frontera con Panamá.
Ese gigantesco movimiento humano ha roto el que antes se llamaba Tapón del Darién, la mítica zona selvática sobre la serranía del mismo nombre, que bloqueaba la conexión terrestre entre las Américas. Lo que no pudieron hacer los soñadores americanistas y tantos gobiernos lo ha hecho este movimiento de millones de personas –venezolanas, haitianas, ecuatorianas, chinas y de todas partes– que huyen de la pobreza y el mal gobierno para tratar de llegar a Estados Unidos, una horrible peregrinación promovida y explotada por delincuentes y oportunistas.
Ese territorio está lejos del control del Estado colombiano. Allá, literalmente, impera la ley de la selva. El todopoderoso Clan del Golfo, junto con varios grupos subordinados, impone sus condiciones en la región. Todos los días se violan masivamente los derechos humanos; se registran cientos de muertos y desaparecidos –entre ellos, muchos niños–, abusos sexuales, robos y otros delitos.
En el tráfico de personas participa un buen número de políticos locales y una infinidad de empresarios de todos los pelambres. El negocio es multimillonario. Hay tarifas para todo: para la lancha, los guías, las empanadas, las gaseosas, la pernoctada en cada campamento en medio de la selva. Quienes pagan en efectivo, en dólares, como en los hoteles con todo incluido, lucen manillas de colores, de acuerdo con los proveedores y los servicios cancelados.
Sorprende que, ante los desastres de esta trágica romería, poco o nada dicen nuestros doloridos ambientalistas. Aquellos que se indignan por la construcción de una avenida vecina de una reserva forestal o la prometedora explotación de una mina no protestan porque la selva del Darién ha sido rajada con cientos de trochas y caminos, sembrada de campamentos, motores eléctricos, viviendas y paradores improvisados. No protestan por la devastación de la que fue una naturaleza virgen, por causa de las basuras, regueros de combustibles y desperdicios que dejan, a su paso, cientos de miles de personas. No protestan por la enorme contaminación de los ríos y quebradas, por la tala masiva del bosque y la muerte de todo tipo de animales.
Las selvas que antes eran el hábitat de Emberás y otros grupos indígenas ahora está controlada por hombres armados, traficantes y delincuentes, que han desplazado y corrompido a sus moradores originarios.
Es sorprendente que, en las Naciones Unidas, el presidente Petro, en lugar de hablar del “apocalipsis y de los tiempos de la extinción” y de sus grandiosos planes para salvar a la humanidad, no hubiera exigido la inmediata ayuda internacional para enfrentar el caos del Darién. Un problema multinacional, como el del narcotráfico, del cual Colombia es una víctima (Italia, mientras tanto, consigue ayuda europea para su problema de Lampedusa). Entre tanto, sin que nada se haga, se profundiza esta tragedia cotidiana de destrucción y muerte en las barbas de un país cuyo gobierno se proclama como una potencia mundial de la vida.
