La rebaja de la calificación de la deuda colombiana constituye el antecedente inmediato a la discusión del cuarto proyecto de reforma tributaria que se presentará al Congreso el 20 julio, una iniciativa que el ministro Restrepo ha venido socializando con numerosos actores políticos y gremiales, cuyas características completas todavía no son conocidas por la opinión pública.
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Se sabe, eso sí, que se buscarán recaudos adicionales del orden de $14 billones y que una parte de ellos se destinará a gastos sociales prioritarios. Se ha anunciado, además, que no se tocarán ni el IVA ni el impuesto de renta de las clases medias y que gran parte de los nuevos ingresos provendrá de una sobretasa de renta a las empresas y la limitación de los descuentos del impuesto de industria y comercio.
El viceministro de Hacienda informó que los nuevos ingresos que busca la reforma serán de carácter permanente, una sana determinación que contraría las recomendaciones de algunos grupos políticos y empresariales que insistían en que las nuevas contribuciones al fisco debían ser transitorias. Con este anuncio, los acreedores del país podrán tener una mayor seguridad sobre la firmeza y duración del ajuste fiscal.
Sin embargo, todavía existe alguna incertidumbre sobre el contenido y el impacto de la reforma.
No se conoce, por ejemplo, si la propuesta incluirá modificaciones, transitorias o permanentes, grandes o pequeñas, a los impuestos al patrimonio y los dividendos empresariales.
Por otra parte, existe cierto escepticismo sobre el cumplimiento de los objetivos de la DIAN de lograr recursos adicionales por un monto anual del 1,4 % del PIB por concepto de lucha contra la evasión y elusión, un elemento fundamental de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin planteamientos concretos sobre los instrumentos que se van a utilizar para lograr este propósito, esa meta luce demasiado optimista. En esta materia, por fortuna, se cuenta con las propuestas que ha venido preparando Fedesarrollo, una entidad que sí presenta un arsenal de recomendaciones prácticas y precisas para reducir la evasión y la elusión, dos de los flagelos más regresivos de la arraigada cultura tributaria del país.
La pérdida del grado de inversión del país, decidida el jueves pasado por la agencia Fitch, pone de relieve el hecho de que la reforma, aun si se aprueba en su totalidad, no solucionará el grave desajuste de las finanzas públicas. Al respecto, el mismo Gobierno ha venido insistiendo en que, a raíz de las dificultades políticas del momento, su propuesta solo corregiría las dos terceras partes del problema fiscal.
La notificación de que en algunos meses —¿en el segundo semestre de 2022?— se tendrá que intentar otra reforma tributaria acentuará, seguramente, la percepción de inestabilidad de las reglas de juego que, al lado de los recientes desórdenes y protestas sociales, han deteriorado el clima de inversión en el país.
Fitch, además, pone de presente el riesgo de que, a raíz del déficit de gobernabilidad, no se apruebe en su totalidad la reforma que se presentará el 20 de julio y no se realicen los demás ajustes adicionales requeridos en el futuro cercano. En otras palabras, el país ha sido advertido de que, si esto ocurre, sería objeto de nuevas reducciones en la calificación de su deuda.
