Las reformas de marzo

Al próximo gobierno —de izquierda, centro o derecha— no le conviene recibir una Tesorería quebrada, un país sin crédito y sin acceso a los mercados internacionales. En estas circunstancias, la administración entrante no podría desarrollar sus programas y estaría obligada a gastar sus primeros meses y su capital político en el saneamiento fiscal, una tarea indeseable para cualquier nuevo mandatario. Le conviene que este oficio lo realice el presidente saliente.

Por esta sencilla razón, los partidos de izquierda, centro y derecha deberían apoyar que se adelante, cuanto antes, una reforma tributaria que impida la bancarrota de las finanzas públicas. Para su fortuna y la de todo el país, el presidente Duque ha decidido emprender esta reforma en marzo. Ha dejado entrever, además, que la complementará con algunas iniciativas para ampliar y modernizar la política social.

Esta es una decisión responsable, por cuanto este Gobierno pudo caer en la tentación de evitar el costo de una reforma impopular, máxime cuando hubiese podido alegar la excusa de que es difícil proponer alzas de tributos en medio de una crisis como la que vive el país a raíz de la pandemia (una de las ventajas de haber abolido la reelección es que los presidentes pueden pensar en las conveniencias del país en el largo plazo y no en sus posibilidades de conseguir un segundo mandato, lo cual, ya sabemos, los lleva a postergar o impedir las reformas que necesita el país).

Aunque es seguro que discreparán en puntos importantes del contenido de la reforma, también es posible que todos o casi todos los partidos coincidan en varios asuntos cruciales de esta iniciativa: (i) pueden estar de acuerdo en la necesidad de realizar transferencias sociales a los grupos de menores ingresos, afectados por la pandemia y por algunos aspectos de la reforma tributaria; (ii) seguramente también habrá consenso en la necesidad de eliminar las costosas y regresivas exenciones que plagan el Código Tributario; (iii) pueden apoyar, así mismo, la idea de que se taponen en forma efectiva numerosos mecanismos de evasión y elusión, y que se sancione a quienes cometan esas faltas. Alrededor de estos temas y de otros semejantes pueden surgir puntos de convergencia entre amplios grupos de parlamentarios.

Aunque un buen ajuste fiscal puede resolver los problemas financieros del Estado, este, por sí solo, no hará que el país salga de su actual crisis económica y social. Para lograr este propósito se requieren iniciativas de mayor envergadura. Al respecto, un grupo de economistas ha venido diseñando una ambiciosa reforma que puede poner en marcha mecanismos efectivos para solucionar los enormes niveles de desempleo, informalidad, pobreza e inequidad en la distribución de las transferencias públicas. Para lograr este objetivo será necesario ampliar las redes de apoyo a los más pobres, eliminar los injustos subsidios pensionales y modificar otros aspectos de la seguridad social, los parafiscales y varias normas del mercado laboral. Dentro de esta óptica, el indispensable aumento del recaudo de impuestos se destinaría a financiar el costo de estas iniciativas y, además, lograr la sostenibilidad fiscal del país. Una reforma que integre simultáneamente todos estos aspectos sí sería una respuesta adecuada a la emergencia que se sufre a raíz de la pandemia.