El desarrollo del paro cafetero revela muchas cosas de la Colombia de hoy. Muestra, en primer lugar, la irrelevancia de la Federación de Cafeteros. La movilización social, el bloqueo de carreteras y la vocería de los cultivadores del grano se manifestaron multitudinariamente por fuera de los canales tradicionales de representación y negociación de las instituciones cafeteras.
El Gobierno debe notificarse, por fin, de que en el Comité Nacional de Cafeteros está en contacto únicamente con una fracción de la dirigencia cafetera. En el seno de ese organismo hace costosas concesiones, pero, a cambio, no tiene la garantía de que lo que allí se decide tiene la aceptación de los productores.
Y surgen numerosos interrogantes sobre el mecanismo adoptado para favorecer a los cafeteros: un subsidio, por cuenta del presupuesto nacional, para cada carga del grano que se produce en el país. Al aceptar que la caficultura colombiana sólo es viable con el apoyo de los recursos públicos, en el futuro, la eliminación de este subsidio se va a constituir en un desafío fiscal y político tan grande como lo fue hace años el desmonte del subsidio al transporte o, más recientemente, a la gasolina.
Ante este precedente, es inevitable que otros sectores, que sufren iguales o mayores dificultades económicas, se pregunten, con razón, por qué a ellos no se les cubren sus pérdidas con recursos fiscales. Este será un estímulo a toda suerte de presiones para que se sigan nacionalizando las pérdidas empresariales en el país.
Detrás de las exigencias de los cafeteros, según las declaraciones de conocidos políticos de izquierda y extrema derecha —incluso de algunos que exhiben cierta formación económica—, está su convencimiento de que Colombia, por cuenta de los recursos mineros y petroleros, se ha convertido en un país rico que puede elevar, sin problema, estos y otros subsidios y decretar la gratuidad de los distintos servicios del Estado. Dichos políticos sostienen que son inexistentes las restricciones fiscales que ponen de presente el ministro de Hacienda y otros funcionarios, como impedimentos para subsidiar el precio interno en un 70% (la historia nos muestra que esta manera de pensar ha llevado a numerosos países petroleros a elevar el gasto de manera desmesurada en épocas de buenos precios, sólo para enfrentar la bancarrota cuando se desploman las cotizaciones internacionales).
También se han revelado muchas cosas con el manejo del paro. Primero se demostró la imposibilidad de conjurar el problema por medio de las concesiones al interior del Comité de Cafeteros. Más tarde, cuando la disputa salió a las carreteras, el Gobierno manifestó, de manera categórica, que se sentaría a negociar únicamente cuando se permitiera el libre tráfico de personas y mercancías. No fue así. Hasta el amanecer del viernes se mantuvo en la mesa acosado por el colapso del transporte terrestre (al terminar esta columna se ha sabido que el Gobierno manifestó que seguirá negociando únicamente con los cafeteros que no apoyan los bloqueos y disturbios).
De estos eventos se comprende, por último, que una parte del sector cafetero, el mismo que por mucho tiempo fue uno de los pilares de la estabilidad institucional, se ha sumado a los camioneros y a otros grupos que rutinariamente intentan ganarle el pulso al Gobierno por medio del uso de la fuerza.
El desarrollo del paro cafetero revela muchas cosas de la Colombia de hoy. Muestra, en primer lugar, la irrelevancia de la Federación de Cafeteros. La movilización social, el bloqueo de carreteras y la vocería de los cultivadores del grano se manifestaron multitudinariamente por fuera de los canales tradicionales de representación y negociación de las instituciones cafeteras.
El Gobierno debe notificarse, por fin, de que en el Comité Nacional de Cafeteros está en contacto únicamente con una fracción de la dirigencia cafetera. En el seno de ese organismo hace costosas concesiones, pero, a cambio, no tiene la garantía de que lo que allí se decide tiene la aceptación de los productores.
Y surgen numerosos interrogantes sobre el mecanismo adoptado para favorecer a los cafeteros: un subsidio, por cuenta del presupuesto nacional, para cada carga del grano que se produce en el país. Al aceptar que la caficultura colombiana sólo es viable con el apoyo de los recursos públicos, en el futuro, la eliminación de este subsidio se va a constituir en un desafío fiscal y político tan grande como lo fue hace años el desmonte del subsidio al transporte o, más recientemente, a la gasolina.
Ante este precedente, es inevitable que otros sectores, que sufren iguales o mayores dificultades económicas, se pregunten, con razón, por qué a ellos no se les cubren sus pérdidas con recursos fiscales. Este será un estímulo a toda suerte de presiones para que se sigan nacionalizando las pérdidas empresariales en el país.
Detrás de las exigencias de los cafeteros, según las declaraciones de conocidos políticos de izquierda y extrema derecha —incluso de algunos que exhiben cierta formación económica—, está su convencimiento de que Colombia, por cuenta de los recursos mineros y petroleros, se ha convertido en un país rico que puede elevar, sin problema, estos y otros subsidios y decretar la gratuidad de los distintos servicios del Estado. Dichos políticos sostienen que son inexistentes las restricciones fiscales que ponen de presente el ministro de Hacienda y otros funcionarios, como impedimentos para subsidiar el precio interno en un 70% (la historia nos muestra que esta manera de pensar ha llevado a numerosos países petroleros a elevar el gasto de manera desmesurada en épocas de buenos precios, sólo para enfrentar la bancarrota cuando se desploman las cotizaciones internacionales).
También se han revelado muchas cosas con el manejo del paro. Primero se demostró la imposibilidad de conjurar el problema por medio de las concesiones al interior del Comité de Cafeteros. Más tarde, cuando la disputa salió a las carreteras, el Gobierno manifestó, de manera categórica, que se sentaría a negociar únicamente cuando se permitiera el libre tráfico de personas y mercancías. No fue así. Hasta el amanecer del viernes se mantuvo en la mesa acosado por el colapso del transporte terrestre (al terminar esta columna se ha sabido que el Gobierno manifestó que seguirá negociando únicamente con los cafeteros que no apoyan los bloqueos y disturbios).
De estos eventos se comprende, por último, que una parte del sector cafetero, el mismo que por mucho tiempo fue uno de los pilares de la estabilidad institucional, se ha sumado a los camioneros y a otros grupos que rutinariamente intentan ganarle el pulso al Gobierno por medio del uso de la fuerza.