24 Feb 2019 - 5:00 a. m.

Mico

Tiene que ser un mico. No puede ser de otra manera. El presidente de la República y la directora del DNP han reiterado en numerosas ocasiones su decisión de tratar de reducir la enorme informalidad empresarial de Colombia. Es más, el pasado 8 de enero, ellos mismos, junto con el resto del gabinete, aprobaron el extenso documento Conpes 3956, donde se ordena una serie de medidas que van en la dirección contraria a la del texto que apareció en el Plan de Desarrollo.

Se trata de su artículo 91, el mismo que, debajo de un título aparentemente inofensivo, establece que, si una empresa no renueva su matrícula mercantil cada tres años, la Superintendencia de Sociedades podrá decretar su disolución. Se pretende, de esta forma, que el castigo por no renovar la matrícula mercantil sea bastante más severo que el que sufren las entidades que sirven como vehículos para cometer crímenes.

Este artículo del Plan de Desarrollo contradice el documento del 8 de enero. Allí el Conpes reconoce que en la gran mayoría de los países no existe la obligación de renovar la matrícula y admite que las tarifas que se aplican a la matrícula mercantil y sus renovaciones son demasiado elevadas y, además, que su diseño es defectuoso y antitécnico. El Conpes también advierte que esas tarifas contrarían los pronunciamientos de la Corte Constitucional que ordenan que dichos cobros sigan el principio de la solidaridad. Las cifras del Gobierno muestran que las más afectadas por esta situación son las empresas más pequeñas, un obstáculo en sus intentos por formalizarse. Por todas estas razones, el documento recomienda que se lleve a cabo una profunda reforma que corrija estos problemas en un plazo breve.

Lo peor es que el impacto de las gravosas sanciones ha venido creciendo aceleradamente en los últimos años. Por mucho tiempo, en el país no se sancionaba a las entidades que no renovaban sus matrículas mercantiles. Luego, en 2010, se estableció el castigo de la disolución de las empresas que no renovaban la matrícula en diez años; más adelante, ese plazo bajó a cinco años, y, por último, como lo comentamos, en el Plan se trata de acortarlo a tres años.

Como lo sugiere el Conpes, estas renovaciones, cada vez más frecuentes y onerosas, se han convertido en una de las causas de la altísima informalidad empresarial que exhibe Colombia, un mal que el Gobierno, con el presidente a la cabeza, se ha comprometido a combatir. Este paso, en realidad, debió tomarse hace años. Numerosas entidades, entre ellas el Banco Mundial y Fedesarrollo, así como muchos observadores externos desde hace tiempo han venido sugiriendo que se rediseñen las tarifas y se elimine la costosa obligación de renovar las matrículas (las distintas comparaciones internacionales muestran, sin ninguna ambigüedad, que las empresas colombianas, en estas materias, están en franca desventaja con las de otros países).

Es lamentable que los artículos del Plan de Desarrollo no se utilicen para poner en marcha las mismas recomendaciones del Conpes para combatir la informalidad, uno de los objetivos centrales del gobierno del presidente Duque. Pero es todavía más lamentable que el Plan se desvíe de su objetivo de crear las condiciones para impulsar el crecimiento y la productividad y, en cambio, se convierta en un vehículo para repartir una serie de rentas que en nada benefician a la sociedad.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar