Cuando se presentan agonías penosas y prolongadas, los sobrevivientes tienen la oportunidad de anticiparse a evaluar la magnitud de la herencia, las deudas y los problemas que recibirán después del entierro o la cremación del difunto. Con alguna frecuencia, el resultado de este ejercicio revela realidades aterradoras. Algo semejante está sucediendo en la vida nacional. Ante el ocaso y la acelerada descomposición del gobierno Petro, a pesar de que faltan 18 meses para su conclusión, ya el país adelanta el inventario de lo que recibirá en agosto de 2026; evalúa la magnitud y la extensión de los daños y comienza a diseñar los planes para la recuperación del orden público, la economía, la salud, los servicios públicos y tantos aspectos de la vida nacional que se han deteriorado en los últimos años.
No todo lo que se incluye en ese inventario es culpa de Petro. Su gobierno heredó graves problemas que venían de bien atrás, pero, en lugar de resolverlos, como consecuencia de sus improvisaciones, errores y omisiones, estos se han profundizado hasta niveles asombrosos. Uno de ellos es la corrupción, un viejo vicio de la política colombiana, que ha producido recientemente gigantescos escándalos que han involucrado a altísimos funcionarios y allegados al propio primer mandatario. Otro es el del narcotráfico y la actividad de poderosos grupos criminales, otra vieja lacra de nuestra historia que se ha agigantado por la acelerada expansión de la siembra de coca, la voluntaria debilidad de las Fuerzas Militares y, por supuesto, la llamada Paz Total, una iniciativa que ha permitido que se extienda por todo el país el control territorial que ejercen el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y, de la mano del gobierno de Maduro, el sanguinario ELN.
La situación fiscal merece una mención especial. El déficit está desbordado –6,8 % del PIB en 2024– y la deuda pública ha alcanzado el 60 % del PIB. Los presupuestos de ingresos han sido totalmente irreales y han estimulado niveles insostenibles del gasto. La regla fiscal se incumplió en 2024. Y, según todas las estimaciones, la situación empeorará en este año. El CARF considera que, para presentar resultados aceptables, el Gobierno debería realizar en los próximos meses recortes superiores a los $42 billones, una tarea improbable por cuanto los observadores piensan que el Gobierno estará enfocado en estimular las simpatías y las lealtades a punta de gasto público, con la mira puesta en las elecciones del año entrante.
La inevitable descomposición del agonizante Gobierno obliga a los ciudadanos que lo sobreviven a asumir la realidad de su legado. El país debe prepararse a realizar, a partir de agosto de 2026, un monumental esfuerzo para reconstruir sus instituciones, su economía y las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Por este motivo, buena parte del debate electoral que se avecina deberá concentrarse en discutir y evaluar los distintos planes para recuperar el control del territorio, combatir a los grupos criminales; evitar la bancarrota del Estado y recuperar el crecimiento de la economía; ofrecer servicios de salud a los colombianos, sobre todo a los más pobres; impedir los racionamientos de gas y de electricidad que amenazarán la vida nacional. Y, claro, la lista del etcétera es bastante larga; supera con creces lo que resta de esta columna.
