Ya pasó antes. En los años 80 y 90, con el avance de los carteles de la droga y la siembra de coca en Colombia, ese negocio corrompió la justicia, invadió negocios, cooptó a guerrilleros y paramilitares, sobornó a militares y congresistas, e infiltró campañas políticas al más alto nivel. Luego, en la primera década de este siglo, las siembras de coca, la producción y las exportaciones de la droga disminuyeron como resultado de las fumigaciones y distintos esfuerzos de las autoridades. Y, en forma paralela, la violencia y el poder de grupos asociados al narcotráfico también se redujeron —nunca del todo— y disminuyó —tampoco del todo— su influencia en la política, la economía y el conjunto de la sociedad. Numerosas estadísticas y estudios confirman estos hechos.
Lo que bajó, infortunadamente, volvió a subir. La producción de coca en Colombia se disparó de nuevo en los últimos años. Las exportaciones de droga, ahora de la mano de los carteles mexicanos, han alcanzado niveles récord. Colombia es, otra vez, el mayor exportador de coca del mundo y las sumas involucradas en este negocio son gigantescas.
En forma semejante a lo que sucedió antes, el impacto del auge reciente de las siembras y el tráfico de cocaína sobre diversos sectores de la sociedad es significativo e inocultable. El Eln, las disidencias de las Farc y varios grupos criminales patrullan, protegen y se lucran de este tráfico. Mantienen el control territorial en algunas regiones y ejercen presión sobre la población, las autoridades y las fuerzas de seguridad del Estado. La reciente masacre de varios indígenas y topógrafos en el Cauca y el asesinato de numerosos líderes sociales fueron crímenes de estos grupos.
Al igual que sucedió hace años, la penetración de los dineros del narcotráfico se extiende mucho más allá de los crímenes que cometen las guerrillas, las bacrim y sus grupos de apoyo. La economía ilegal ha estimulado negocios como la construcción y la multiplicación de la venta de carros de alta gama en ciudades de los departamentos invadidos de cultivos ilegales. En las pasadas elecciones se reportaron también enormes gastos en ciertas campañas, así como intensas pujas por controlar alcaldías en esas regiones, fenómenos que seguramente ponen en evidencia la intención de grupos ligados al narcotráfico por controlar los presupuestos y las acciones de la policía, y obstaculizar los esfuerzos del Estado por sustituir o erradicar los sembrados de coca.
Con la creciente influencia de los dineros del narcotráfico sobre funcionarios, políticos, analistas y distintos observadores, para las gentes desprevenidas va a ser difícil distinguir los discursos honestos que, por válidas razones humanitarias, ambientales y conceptuales, se oponen a la erradicación y sustitución de coca, de las voces fletadas, interesadas en proteger y ampliar ese negocio para el beneficio de los carteles y demás criminales que se lucran de él.
La sociedad colombiana debe estar en guardia, con buenas razones, frente a la intensa penetración de los enormes dineros del narcotráfico en su vida política, económica y social. Por fortuna, gracias a la desastrosa experiencia de finales del siglo XX, ya se sabe cómo ocurre este fenómeno, a qué sectores invaden y corrompen, y a través de qué mecanismos, personajes y canales influyen sobre toda la sociedad.
Ya pasó antes. En los años 80 y 90, con el avance de los carteles de la droga y la siembra de coca en Colombia, ese negocio corrompió la justicia, invadió negocios, cooptó a guerrilleros y paramilitares, sobornó a militares y congresistas, e infiltró campañas políticas al más alto nivel. Luego, en la primera década de este siglo, las siembras de coca, la producción y las exportaciones de la droga disminuyeron como resultado de las fumigaciones y distintos esfuerzos de las autoridades. Y, en forma paralela, la violencia y el poder de grupos asociados al narcotráfico también se redujeron —nunca del todo— y disminuyó —tampoco del todo— su influencia en la política, la economía y el conjunto de la sociedad. Numerosas estadísticas y estudios confirman estos hechos.
Lo que bajó, infortunadamente, volvió a subir. La producción de coca en Colombia se disparó de nuevo en los últimos años. Las exportaciones de droga, ahora de la mano de los carteles mexicanos, han alcanzado niveles récord. Colombia es, otra vez, el mayor exportador de coca del mundo y las sumas involucradas en este negocio son gigantescas.
En forma semejante a lo que sucedió antes, el impacto del auge reciente de las siembras y el tráfico de cocaína sobre diversos sectores de la sociedad es significativo e inocultable. El Eln, las disidencias de las Farc y varios grupos criminales patrullan, protegen y se lucran de este tráfico. Mantienen el control territorial en algunas regiones y ejercen presión sobre la población, las autoridades y las fuerzas de seguridad del Estado. La reciente masacre de varios indígenas y topógrafos en el Cauca y el asesinato de numerosos líderes sociales fueron crímenes de estos grupos.
Al igual que sucedió hace años, la penetración de los dineros del narcotráfico se extiende mucho más allá de los crímenes que cometen las guerrillas, las bacrim y sus grupos de apoyo. La economía ilegal ha estimulado negocios como la construcción y la multiplicación de la venta de carros de alta gama en ciudades de los departamentos invadidos de cultivos ilegales. En las pasadas elecciones se reportaron también enormes gastos en ciertas campañas, así como intensas pujas por controlar alcaldías en esas regiones, fenómenos que seguramente ponen en evidencia la intención de grupos ligados al narcotráfico por controlar los presupuestos y las acciones de la policía, y obstaculizar los esfuerzos del Estado por sustituir o erradicar los sembrados de coca.
Con la creciente influencia de los dineros del narcotráfico sobre funcionarios, políticos, analistas y distintos observadores, para las gentes desprevenidas va a ser difícil distinguir los discursos honestos que, por válidas razones humanitarias, ambientales y conceptuales, se oponen a la erradicación y sustitución de coca, de las voces fletadas, interesadas en proteger y ampliar ese negocio para el beneficio de los carteles y demás criminales que se lucran de él.
La sociedad colombiana debe estar en guardia, con buenas razones, frente a la intensa penetración de los enormes dineros del narcotráfico en su vida política, económica y social. Por fortuna, gracias a la desastrosa experiencia de finales del siglo XX, ya se sabe cómo ocurre este fenómeno, a qué sectores invaden y corrompen, y a través de qué mecanismos, personajes y canales influyen sobre toda la sociedad.