La economía colombiana sufre en la actualidad de serios problemas que, por el momento, no parecen tener una fácil y oportuna solución. El más grave es el desorden de las finanzas públicas. Por esta razón, el riesgo país y las tasas que está pagando el Gobierno para captar por medio de sus instrumentos de deuda son elevados. El CARF viene realizando el seguimiento de la situación fiscal y ha hecho serias advertencias, hasta el momento ignoradas por el Gobierno. Ha mostrado que el gasto, los ingresos tributarios y el tamaño del déficit primario distan mucho de los niveles requeridos para cumplir la regla fiscal. Sin embargo, el ministro de Hacienda no ha dado señal alguna de que va a llevar a cabo los ajustes necesarios para preservar la sanidad de las finanzas públicas. Por el contrario, ha venido revelando preocupantes cifras que confirman los temores de que se están incrementando los peligros que amenazan la economía del país.
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Otro de los problemas delicados consiste en que la tasa de inflación dejó de caer. Se frustró el proceso de continuo descenso que venía dándose desde 2023. Como consecuencia de la política contraccionista del Banco de la República, la inflación, que había llegado hasta el 13,3 % en marzo de 2023, cayó al 5,2 % a finales del año pasado; pero ahí se quedó. En los meses siguientes se mantuvo cerca de ese porcentaje y el dato de abril fue del 5,16 %, bastante por encima de la meta del 3 % fijada por las autoridades.
A causa de este hecho, las expectativas de los agentes del mercado se han elevado. Los analistas, inversionistas y operadores ya no esperan que la inflación descienda mucho más en lo que queda del año. En la última encuesta del Banco de la República, se observa que el mercado estima que la inflación será del 4,8 % en diciembre de 2025. En los meses venideros, la formación de precios y los ajustes de contratos y salarios a lo largo y ancho de la economía seguramente van a tener en cuenta esta cifra. De esta forma, se reproducirán los niveles de inflación esperados y se dificultará aún más la tarea del Banco de la República en su esfuerzo por bajar el ritmo de crecimiento de los precios.
De acuerdo con su mandato constitucional, la Junta del Emisor debe enfocar el manejo de la tasa de interés de corto plazo en la reducción de la inflación y, al mismo tiempo, tratar de sostener la recuperación del crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, sus miembros enfrentan una constante presión mediática del Gobierno para que, aun en medio de las dificultades anotadas, reduzca los tipos de interés, un mensaje que los nuevos directores de la Junta Directiva –todos, sin excepción, con escaso o ningún conocimiento de la economía monetaria– transmiten desembozadamente a esa corporación.
Quienes conocen la historia monetaria del país son conscientes de los riesgos que hoy enfrentan las autoridades. La experiencia muestra que una política monetaria expansionista, adoptada en un ambiente de laxitud fiscal, incertidumbre política doméstica y una compleja situación internacional, puede ocasionar ataques a la tasa de cambio y agudizar los problemas inflacionarios.
Resulta imperativo apoyar las medidas monetarias tendientes a evitar mayores complicaciones a la economía del país y exigir, además, que las autoridades rectifiquen el equivocado rumbo del manejo fiscal.