Plata y plomo

A PESAR DE SABER QUE EL PROBLEma de la seguridad era más o menos permanente (iba a durar décadas), y de que era necesario sostener un elevado gasto militar durante muchos años, el país no estableció una sólida estructura tributaria de largo plazo, que permitiera atender, entre otras cosas, esas crecientes obligaciones.

Desde hace tiempo, la guerra se viene financiando por medio de medidas tributarias transitorias, que se renuevan bajo distintos nombres y modalidades: bonos de guerra, bonos de paz, impuesto al patrimonio.

Como ya se están consumiendo los fondos producidos por el impuesto al patrimonio, se avecina la discusión de una nueva medida transitoria (probablemente para el año entrante o el comienzo del nuevo gobierno en 2010). Esta iniciativa se hace todavía más imperiosa por la reducción de los aportes de Estados Unidos al Plan Colombia. Sin este nuevo esfuerzo de la sociedad, no será posible mantener el gasto militar en los primeros años de la próxima década.

Como siempre en materias tributarias, lo importante es saber quién va a pagar el pato. Hasta ahora, los distintos gobiernos han tratado de que los mayores gastos militares sean asumidos por los contribuyentes de altos ingresos. Cuando se propuso el impuesto al patrimonio, se anunció que lo iban a pagar sólo los ciudadanos y las empresas más pudientes, beneficiarios de la valorización de sus activos y del despegue de los negocios atribuidos a la política de la Seguridad Democrática. El argumento de equidad era impecable.

Este planteamiento ya no podrá sostenerse si se decide extender la vigencia del impuesto al patrimonio. Los llamados contratos de estabilidad tributaria, a cambio de una mayor tarifa del impuesto de renta, eximen a algunas de las mayores empresas del país de esta medida y de cualquier figura que pueda asumir en el futuro (y de toda alteración de la estructura de los impuestos consignada en el contrato de estabilidad). Ante este hecho, las autoridades deberán buscar sobre quién hacer recaer este tributo.

Será muy difícil justificar que el impuesto al patrimonio (y el sostenimiento de la seguridad) lo pagaran sólo los pequeños y medianos contribuyentes, los que no firmaron los contratos de estabilidad.

Un conocido analista tributario señaló que otra fuente de recursos para financiar los gastos militares podría ser la misma amnistía de capitales que acaba de proponer el presidente Uribe. Añadió que, como es usual en estos casos, el Estado podría cobrar una tasa de un 5% por la legalización de patrimonios ocultos. Y que esos recursos se podrían destinar a seguridad (falta ver si esa tarifa espanta a los beneficiarios de las amnistías y si éstas pasan los controles constitucionales).

Ante este tipo de interrogantes, el Gobierno debería discutir oportunamente todos los aspectos de sus propuestas para financiar los gastos militares y amnistiar los patrimonios de algunos colombianos en el exterior.