Algunas decisiones de las autoridades tienen un efecto contrario al previsto y predicado por sus promotores. A veces estas decisiones se toman por ignorancia, por falta de análisis. En ocasiones, por la presión de los beneficiarios, incluso, a sabiendas del daño que les producen a grandes grupos de personas. Infortunadamente, hay varios ejemplos de esto.
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Esto sucede en el sector financiero con la tasa de usura. El Gobierno cree —o dice creer— que, si se comprime esta tasa, se beneficia a los pequeños deudores. Lo que sucede, en la práctica, es todo lo contrario: se reduce el volumen de microcréditos otorgados por la banca formal, pues los altos costos y los riesgos de esos créditos no pueden cubrirse con la tasa máxima impuesta por las autoridades. Por lo tanto, una menor tasa de usura estimula el crecimiento del crédito informal, el infame gota a gota y otras formas criminales de préstamos caros y peligrosos. En otras palabras, con esta medida se incentiva el crédito extrabancario y se expone a los más pobres a los brutales abusos de los agiotistas.
Algo semejante ocurre en el campo de la minería. Con el hostigamiento regulatorio a la minería formal, tachada de extractivista, se impide efectivamente la operación de empresas responsables, que cumplen las normas ambientales y contratan a sus trabajadores de acuerdo con la ley. Pero, como no se hace nada contra la minería informal, las autoridades dejan el campo abierto a cientos de grupos criminales que operan dragas, retroexcavadoras y otros aparatos que destruyen la flora y la fauna, y que, además, contaminan los ríos y los acuíferos con mercurio y otras sustancias nocivas.
El caso más reciente, el más conocido, es la reforma laboral. A pesar de que se repite que esta iniciativa beneficia a los trabajadores y a la clase obrera, es evidente que sus efectos sobre los más pobres son negativos. Los economistas del Banco de la República demuestran que esta reforma traerá más desempleo y más informalidad. Las pequeñas empresas, por los mayores costos, no podrán pagar los acrecentados beneficios de sus empleados formales. Tendrán, necesariamente, que deshacerse de algunos trabajadores o hacer contratos por debajo de lo que ordenan las normas. Eso sí, los asalariados del Gobierno y los de las grandes empresas se beneficiarán de la nueva ley. Para ellos la hicieron.
Algo parecido sucede con los grandes incrementos del salario mínimo en Colombia, aquellos que han venido realizando los últimos gobiernos. Los altos niveles de este salario hacen imposible que las empresas pequeñas, las familias con empleadas domésticas, las pequeñas fincas puedan asumir esas cargas. Por esta razón, bastante más de la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos del mínimo.
Por estas razones, todos los días las operaciones informales e ilegales adquieren un mayor volumen y, en varios casos, su tamaño ya supera el de las actividades formales y legítimas. Más del 60 % del empleo del país es informal; el tamaño del crédito gota a gota y criminal es enorme; el 90 % de las exportaciones de oro es de origen ilícito. Y parecería que, a punta de tomar medidas equivocadas, las autoridades están empeñadas en disminuir, cada vez más, el tamaño de la formalidad y expandir, sin ningún control, las operaciones ilegales, en detrimento de las personas más pobres de la sociedad.
