El Ministerio de Hacienda no podía quedarse callado ante la propuesta del Centro Democrático de crear una nueva prima legal. Una de sus funciones es, precisamente, tratar de ponerles freno a iniciativas populistas que, de cuando en cuando, amenazan la estabilidad de la economía.
La nueva prima laboral que impulsa el expresidente Uribe es una copia del “Cestaticket Socialista” que creó Hugo Chávez en Venezuela, un instrumento que obliga a los empresarios a cubrir parcialmente el costo de la canasta familiar. Esta una prueba más de la semejanza de los planteamientos de estos personajes, claro, desde trincheras opuestas de la arena política.
Como bien señala el Ministerio de Hacienda, el palo no está para cucharas. En momentos en que está creciendo el desempleo, en buena parte por otra iniciativa del Centro Democrático que el gobierno no pudo frenar –el alza del salario mínimo en un monto que prácticamente duplicó la inflación del año anterior–, no se puede atentar con una nueva carga contra la creación de empleo y la formalización laboral en Colombia (una bandera del presidente Duque). Y tampoco, como bien lo indica el viceministro, se pueden crear presiones masivas de costos que terminen minando los esfuerzos del Banco de la República para controlar la inflación. Por último, el impacto fiscal de la propuesta del expresidente frustraría buena parte de la labor que hace el propio gobierno para cumplir con la regla fiscal y mantener la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional.
Desde el punto de vista político, este pronunciamiento del Ministerio de Hacienda pone de presente un esperanzador núcleo de independencia del gobierno, al menos en materias económicas, del díscolo y ruidoso partido del presidente Duque. Aunque esta postura es una señal tranquilizadora para el sector privado, los desempleados y los inversionistas nacionales y extranjeros, todavía se echa de menos un pronunciamiento categórico del mismo presidente en contra de un proyecto que avanza, imparable, por el Congreso. Sería muy útil que el primer mandatario anunciara que objetará esta medida en caso de que sea aprobada.
Como ya lo hizo el Consejo Gremial, bien harían académicos y expertos independientes en defender esta valerosa postura del Ministerio de Hacienda dirigida a preservar la estabilidad económica del país. Asimismo, muchos analistas políticos, sobre todo aquellos que repiten rutinariamente la tesis de que el gobierno de Duque se somete dócilmente a las directivas del expresidente Uribe, deberían estar atentos al impacto de la resistencia de las autoridades económicas ante los caprichos electorales del líder del Centro Democrático.
De todas formas, habrá personas que, ilusionadas con esta decisión del Ministerio de Hacienda, querrán que el presidente se pronuncie frontalmente no solo contra esta nueva prima laboral, sino también contra la idea de realizar un plebiscito orientado a “refundar la patria”, de acuerdo con las más hirsutas ideas de la extrema derecha, una iniciativa que estaría dirigida a polarizar al país para animar a sus votantes en las próximas elecciones. Este pronunciamiento presidencial también sería muy positivo para el prestigio del mandatario, el perfil de su gobierno, y también para apuntalar la confianza en las instituciones entre observadores nacionales y extranjeros.
El Ministerio de Hacienda no podía quedarse callado ante la propuesta del Centro Democrático de crear una nueva prima legal. Una de sus funciones es, precisamente, tratar de ponerles freno a iniciativas populistas que, de cuando en cuando, amenazan la estabilidad de la economía.
La nueva prima laboral que impulsa el expresidente Uribe es una copia del “Cestaticket Socialista” que creó Hugo Chávez en Venezuela, un instrumento que obliga a los empresarios a cubrir parcialmente el costo de la canasta familiar. Esta una prueba más de la semejanza de los planteamientos de estos personajes, claro, desde trincheras opuestas de la arena política.
Como bien señala el Ministerio de Hacienda, el palo no está para cucharas. En momentos en que está creciendo el desempleo, en buena parte por otra iniciativa del Centro Democrático que el gobierno no pudo frenar –el alza del salario mínimo en un monto que prácticamente duplicó la inflación del año anterior–, no se puede atentar con una nueva carga contra la creación de empleo y la formalización laboral en Colombia (una bandera del presidente Duque). Y tampoco, como bien lo indica el viceministro, se pueden crear presiones masivas de costos que terminen minando los esfuerzos del Banco de la República para controlar la inflación. Por último, el impacto fiscal de la propuesta del expresidente frustraría buena parte de la labor que hace el propio gobierno para cumplir con la regla fiscal y mantener la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional.
Desde el punto de vista político, este pronunciamiento del Ministerio de Hacienda pone de presente un esperanzador núcleo de independencia del gobierno, al menos en materias económicas, del díscolo y ruidoso partido del presidente Duque. Aunque esta postura es una señal tranquilizadora para el sector privado, los desempleados y los inversionistas nacionales y extranjeros, todavía se echa de menos un pronunciamiento categórico del mismo presidente en contra de un proyecto que avanza, imparable, por el Congreso. Sería muy útil que el primer mandatario anunciara que objetará esta medida en caso de que sea aprobada.
Como ya lo hizo el Consejo Gremial, bien harían académicos y expertos independientes en defender esta valerosa postura del Ministerio de Hacienda dirigida a preservar la estabilidad económica del país. Asimismo, muchos analistas políticos, sobre todo aquellos que repiten rutinariamente la tesis de que el gobierno de Duque se somete dócilmente a las directivas del expresidente Uribe, deberían estar atentos al impacto de la resistencia de las autoridades económicas ante los caprichos electorales del líder del Centro Democrático.
De todas formas, habrá personas que, ilusionadas con esta decisión del Ministerio de Hacienda, querrán que el presidente se pronuncie frontalmente no solo contra esta nueva prima laboral, sino también contra la idea de realizar un plebiscito orientado a “refundar la patria”, de acuerdo con las más hirsutas ideas de la extrema derecha, una iniciativa que estaría dirigida a polarizar al país para animar a sus votantes en las próximas elecciones. Este pronunciamiento presidencial también sería muy positivo para el prestigio del mandatario, el perfil de su gobierno, y también para apuntalar la confianza en las instituciones entre observadores nacionales y extranjeros.