LA PRENSA NACIONAL HA REGIStrado con alarma cómo algunos exmagistrados de las altas cortes y numerosos exsenadores y exrepresentantes están multiplicando sus pensiones por cuatro y por cinco, al parecer, en contravía de las reformas que pusieron fin a los regímenes especiales.
Según los reportes, el procedimiento es sencillo. Algunos jueces reciben tutelas que piden desconocer las normas que imponen topes al monto de las pensiones. Y, al fallar a favor de los interesados, crean una jurisprudencia que, más adelante, los beneficiará a ellos mismos. Así, informa la prensa, las pensiones pueden pasar, con generosa retroactividad, por obra y gracia de una simple sentencia, de cuatro a más de 20 millones de pesos mensuales.
Además de agravar el problema fiscal, este comportamiento está creando una casta de privilegiados que utiliza su poder para sostener un régimen de privilegio que fue abolido por la ley. Se lleva por la borda, entre tantas cosas, la equidad y los principios de igualdad entre los colombianos.
Buena parte de las personas beneficiadas, con ingresos muy superiores a los de la gran mayoría de los colombianos, probablemente considera que mejorar sus propios ingresos no riñe con los imperativos sociales de la Constitución (tienen en la mira, tal vez, los enormes ingresos del 1% o 2% más rico del país). Lo mismo deben pensar los exparlamentarios que tienen los recursos para pagar abogados que preparan sus tutelas, disponen de acceso a los despachos de los jueces y comparten sus deseos de multiplicar sus ingresos a costa del fisco.
El exministro Alberto Carrasquilla sostiene que algunos miembros de las cortes vienen defendiendo y ampliando los privilegios de las clases medias —en realidad, de las clases medias altas de Colombia—. No es difícil percatarse de que buena parte de ciertos fallos, que invocan el Estado Social de Derecho y hablan de la protección de los derechos fundamentales, no va en defensa de los miserables que no tienen techo, trabajo y ahorros, es decir, de la gran mayoría de los colombianos. Apuntan a preservar y ampliar los privilegios de limitados grupos que, si bien no reciben todo el reconocimiento social que merecen, sí tienen sueldos relativamente elevados, casas, apartamentos y buenas pensiones (ellos y sus familias viajan por el exterior y sus hijos, casi sin excepción, estudian en establecimientos privados). La vida de estos exfuncionarios no tiene nada que ver con la precaria existencia de los millones de pobres de Colombia, regados por las barriadas o las zonas rurales.
Algunos de los operadores e intérpretes de una Constitución que debía buscar la igualdad y la redención del 90% más pobre del país utilizan sesgadamente su lenguaje progresista para preservar la orientación actual del gasto público, que, como lo han anotado, una y otra vez, todos los estudios sobre el tema, es un gasto que beneficia a los grupos medios y medios altos de la sociedad. Es un gasto que no llega o llega muy poco a los verdaderamente pobres del país.
La tarea de buscar la reivindicación de los más necesitados sigue siendo un objetivo elusivo que todavía no ha emprendido la sociedad colombiana, máxime cuando importantes grupos dirigentes, enquistados en los niveles más altos del aparato estatal, acaparan para su propio provecho buena parte de los recursos fiscales de la sociedad.
LA PRENSA NACIONAL HA REGIStrado con alarma cómo algunos exmagistrados de las altas cortes y numerosos exsenadores y exrepresentantes están multiplicando sus pensiones por cuatro y por cinco, al parecer, en contravía de las reformas que pusieron fin a los regímenes especiales.
Según los reportes, el procedimiento es sencillo. Algunos jueces reciben tutelas que piden desconocer las normas que imponen topes al monto de las pensiones. Y, al fallar a favor de los interesados, crean una jurisprudencia que, más adelante, los beneficiará a ellos mismos. Así, informa la prensa, las pensiones pueden pasar, con generosa retroactividad, por obra y gracia de una simple sentencia, de cuatro a más de 20 millones de pesos mensuales.
Además de agravar el problema fiscal, este comportamiento está creando una casta de privilegiados que utiliza su poder para sostener un régimen de privilegio que fue abolido por la ley. Se lleva por la borda, entre tantas cosas, la equidad y los principios de igualdad entre los colombianos.
Buena parte de las personas beneficiadas, con ingresos muy superiores a los de la gran mayoría de los colombianos, probablemente considera que mejorar sus propios ingresos no riñe con los imperativos sociales de la Constitución (tienen en la mira, tal vez, los enormes ingresos del 1% o 2% más rico del país). Lo mismo deben pensar los exparlamentarios que tienen los recursos para pagar abogados que preparan sus tutelas, disponen de acceso a los despachos de los jueces y comparten sus deseos de multiplicar sus ingresos a costa del fisco.
El exministro Alberto Carrasquilla sostiene que algunos miembros de las cortes vienen defendiendo y ampliando los privilegios de las clases medias —en realidad, de las clases medias altas de Colombia—. No es difícil percatarse de que buena parte de ciertos fallos, que invocan el Estado Social de Derecho y hablan de la protección de los derechos fundamentales, no va en defensa de los miserables que no tienen techo, trabajo y ahorros, es decir, de la gran mayoría de los colombianos. Apuntan a preservar y ampliar los privilegios de limitados grupos que, si bien no reciben todo el reconocimiento social que merecen, sí tienen sueldos relativamente elevados, casas, apartamentos y buenas pensiones (ellos y sus familias viajan por el exterior y sus hijos, casi sin excepción, estudian en establecimientos privados). La vida de estos exfuncionarios no tiene nada que ver con la precaria existencia de los millones de pobres de Colombia, regados por las barriadas o las zonas rurales.
Algunos de los operadores e intérpretes de una Constitución que debía buscar la igualdad y la redención del 90% más pobre del país utilizan sesgadamente su lenguaje progresista para preservar la orientación actual del gasto público, que, como lo han anotado, una y otra vez, todos los estudios sobre el tema, es un gasto que beneficia a los grupos medios y medios altos de la sociedad. Es un gasto que no llega o llega muy poco a los verdaderamente pobres del país.
La tarea de buscar la reivindicación de los más necesitados sigue siendo un objetivo elusivo que todavía no ha emprendido la sociedad colombiana, máxime cuando importantes grupos dirigentes, enquistados en los niveles más altos del aparato estatal, acaparan para su propio provecho buena parte de los recursos fiscales de la sociedad.