Ante las masivas manifestaciones el pasado 11 de julio, apoyadas por miles de personas de diferentes grupos políticos y sociales, entre ellas Leonardo Padura, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el Gobierno suspendió el internet y desató una fuerte ola de represión. HRW habló de “detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”. Desde entonces, el malestar social no ha dejado de crecer.
Los grupos reunidos alrededor del movimiento Archipiélago, dirigido por el dramaturgo Yunior García, convocaron a una nueva jornada de marchas pacíficas para el próximo 15 de noviembre. De entrada, el Gobierno las prohibió por considerarlas antirrevolucionarias y no deja de llamar “mercenarios” a los disidentes y manifestantes. A pesar de ello, los organizadores insisten en el propósito de expresar públicamente su inconformidad, amparados en el artículo 56 de la Constitución cubana.
Las razones inmediatas de la protesta son evidentes para cualquier observador desprevenido: la creciente pobreza, que se estima en cerca del 50 % de la población; las largas colas para la compra de alimentos esenciales; los frecuentes y prolongados apagones (el Gobierno no tiene recursos para comprar los combustibles de los generadores eléctricos); la carencia de las medicinas más elementales; la escasez de empleo y medios de subsistencia para millones de personas.
La situación económica y social de la isla, que ya era crítica antes de 2020, recibió un golpe mortal con la pandemia del COVID, la cual obligó a la suspensión de los vuelos y los flujos del turismo, su principal fuente de divisas y empleo. Este hecho se sumó a dos graves factores que ya pesaban sobre su economía: la drástica disminución de la ayuda venezolana (como consecuencia de la bancarrota del régimen bolivariano), que en los días de Chávez llegó a ser del orden del 20 % del PIB, y, por supuesto, las fuertes restricciones que impuso el Gobierno de Trump a las operaciones e intercambios con Cuba.
Pero la causa profunda de la crisis es el fracaso de un experimento económico que ya lleva más de 60 años. Solo Cuba y Corea del Norte siguen apegados a la fallida ortodoxia de la planeación central. Entre tantas cosas, sus gobiernos desconocen el ejemplo del éxito económico de China y Vietnam, que se origina en la promoción de un agresivo capitalismo dirigido por sus partidos comunistas, que estimula los negocios, la innovación y la inversión extranjera. Los tímidos y vacilantes pasos que se han dado en la isla, después de la muerte de Fidel, para permitir los pequeños negocios privados, no han dado frutos. Y, sin el carisma y el verbo del líder legendario, la gran mayoría de los cubanos, nacidos después de la revolución, no encuentra razones para mantener su lealtad a un régimen burocratizado que no puede garantizarles una mejoría en su nivel de vida ni un futuro digno para sus hijos.
Seguramente el Gobierno impedirá las manifestaciones de noviembre, pero no podrá evitar el cambio en forma indefinida. Tarde o temprano este tendrá que ocurrir, a través de la apertura y transformación de su economía, el respeto a los derechos humanos y la democratización de su sistema político. Mientras tanto, la única manera de que la camarilla en el poder logre conservar sus privilegios es a través de la represión y la censura a los movimientos populares.
Ante las masivas manifestaciones el pasado 11 de julio, apoyadas por miles de personas de diferentes grupos políticos y sociales, entre ellas Leonardo Padura, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el Gobierno suspendió el internet y desató una fuerte ola de represión. HRW habló de “detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”. Desde entonces, el malestar social no ha dejado de crecer.
Los grupos reunidos alrededor del movimiento Archipiélago, dirigido por el dramaturgo Yunior García, convocaron a una nueva jornada de marchas pacíficas para el próximo 15 de noviembre. De entrada, el Gobierno las prohibió por considerarlas antirrevolucionarias y no deja de llamar “mercenarios” a los disidentes y manifestantes. A pesar de ello, los organizadores insisten en el propósito de expresar públicamente su inconformidad, amparados en el artículo 56 de la Constitución cubana.
Las razones inmediatas de la protesta son evidentes para cualquier observador desprevenido: la creciente pobreza, que se estima en cerca del 50 % de la población; las largas colas para la compra de alimentos esenciales; los frecuentes y prolongados apagones (el Gobierno no tiene recursos para comprar los combustibles de los generadores eléctricos); la carencia de las medicinas más elementales; la escasez de empleo y medios de subsistencia para millones de personas.
La situación económica y social de la isla, que ya era crítica antes de 2020, recibió un golpe mortal con la pandemia del COVID, la cual obligó a la suspensión de los vuelos y los flujos del turismo, su principal fuente de divisas y empleo. Este hecho se sumó a dos graves factores que ya pesaban sobre su economía: la drástica disminución de la ayuda venezolana (como consecuencia de la bancarrota del régimen bolivariano), que en los días de Chávez llegó a ser del orden del 20 % del PIB, y, por supuesto, las fuertes restricciones que impuso el Gobierno de Trump a las operaciones e intercambios con Cuba.
Pero la causa profunda de la crisis es el fracaso de un experimento económico que ya lleva más de 60 años. Solo Cuba y Corea del Norte siguen apegados a la fallida ortodoxia de la planeación central. Entre tantas cosas, sus gobiernos desconocen el ejemplo del éxito económico de China y Vietnam, que se origina en la promoción de un agresivo capitalismo dirigido por sus partidos comunistas, que estimula los negocios, la innovación y la inversión extranjera. Los tímidos y vacilantes pasos que se han dado en la isla, después de la muerte de Fidel, para permitir los pequeños negocios privados, no han dado frutos. Y, sin el carisma y el verbo del líder legendario, la gran mayoría de los cubanos, nacidos después de la revolución, no encuentra razones para mantener su lealtad a un régimen burocratizado que no puede garantizarles una mejoría en su nivel de vida ni un futuro digno para sus hijos.
Seguramente el Gobierno impedirá las manifestaciones de noviembre, pero no podrá evitar el cambio en forma indefinida. Tarde o temprano este tendrá que ocurrir, a través de la apertura y transformación de su economía, el respeto a los derechos humanos y la democratización de su sistema político. Mientras tanto, la única manera de que la camarilla en el poder logre conservar sus privilegios es a través de la represión y la censura a los movimientos populares.