El terremoto que golpeó la costa ecuatoriana la semana pasada nos recuerda que Colombia está expuesta a este tipo de tragedias y que, infortunadamente, en algunas áreas no se encuentra preparada para afrontarlas.
Aunque buena parte de la población del país está sujeta a riesgos sísmicos considerables, los terremotos más fuertes de la historia de Colombia han ocurrido precisamente en el Pacífico sur, en cercanías de Tumaco. En 1906 allí tuvo lugar el sismo más violento de la historia colombiana, con una intensidad de 8,8 y más de 1.500 muertos (en una época en que esa zona era escasamente habitada). Más de medio siglo después, en 1958, un terremoto con intensidad de 8,1 causó gran destrucción en Tumaco y sus alrededores. Y, el más reciente, ocurrido en 1979, de 7,9, provocó 500 muertos, miles de heridos y el tsunami borró a San Juan de la Costa.
La vulnerabilidad del Pacífico colombiano se origina en serios factores de riesgo. Esa zona hace parte del llamado “Anillo de fuego”, que, a grandes rasgos, está constituido por el borde del Océano Pacífico de Asia y América, en donde suceden, con frecuencia, terremotos en Japón, Indonesia, California y varios países de América del Sur. Más específicamente, en el Pacífico colombiano (y ecuatoriano, peruano y chileno) se da la interacción de la placa Suramericana contra la placa de Nazca, que causa los frecuentes sismos en esta región.
A diferencia de lo que acontecía hace pocas décadas, el país cuenta hoy con una institucionalidad especializada e importantes experiencias en el manejo de riesgos y desastres. En esta materia, sin embargo, la labor más importante, la que más evita muertes y calamidades, es la preventiva. Al respecto, subsisten varios motivos de preocupación.
Las fotos y las películas del desastre en Ecuador que muestran decenas de edificios derribados o seriamente afectados delatan el incumplimiento o la inexistencia de normas adecuadas de construcción sismo-resistente, un hecho reconocido por el propio presidente Correa. En cambio, en Chile, un país con normas estrictas acatadas por los constructores, el inventario de daños y muertos después del sismo de 8,8 grados de 2009, por lo menos diez veces más fuerte que el de Ecuador, fue relativamente reducido.
Sería muy sorprendente que el Pacífico colombiano se pareciera más al de Chile que al de Ecuador. Es posible que buena parte de las viviendas, hoteles, hospitales, escuelas, oficinas y edificios de gobierno de sus ciudades más importantes —Buenaventura, Tumaco y Quibdó— no se hubiera construido con sujeción estricta a las normas que garantizan su resistencia a terremotos de gran magnitud. Las viviendas pobres desconocen con frecuencia estas regulaciones y ciertos contratistas, sobre todo los que construyen las instalaciones estatales, suelen elevar sus utilidades a punta de temerarios ahorros en hierro y otros materiales que debían fortificar las edificaciones.
Una de las tareas de los nuevos alcaldes y gobernadores, asistidos por la Oficina de Gestión del Riesgo, debería ser la de revisar y actualizar los mapas de riesgo, los inventarios de edificios que no son sismo-resistentes, los planes de acción y las responsabilidades de los involucrados en el manejo de las emergencias sísmicas. Más vale prevenir antes que, muchos muertos después, lamentar por lo que se hubiera podido hacer.
El terremoto que golpeó la costa ecuatoriana la semana pasada nos recuerda que Colombia está expuesta a este tipo de tragedias y que, infortunadamente, en algunas áreas no se encuentra preparada para afrontarlas.
Aunque buena parte de la población del país está sujeta a riesgos sísmicos considerables, los terremotos más fuertes de la historia de Colombia han ocurrido precisamente en el Pacífico sur, en cercanías de Tumaco. En 1906 allí tuvo lugar el sismo más violento de la historia colombiana, con una intensidad de 8,8 y más de 1.500 muertos (en una época en que esa zona era escasamente habitada). Más de medio siglo después, en 1958, un terremoto con intensidad de 8,1 causó gran destrucción en Tumaco y sus alrededores. Y, el más reciente, ocurrido en 1979, de 7,9, provocó 500 muertos, miles de heridos y el tsunami borró a San Juan de la Costa.
La vulnerabilidad del Pacífico colombiano se origina en serios factores de riesgo. Esa zona hace parte del llamado “Anillo de fuego”, que, a grandes rasgos, está constituido por el borde del Océano Pacífico de Asia y América, en donde suceden, con frecuencia, terremotos en Japón, Indonesia, California y varios países de América del Sur. Más específicamente, en el Pacífico colombiano (y ecuatoriano, peruano y chileno) se da la interacción de la placa Suramericana contra la placa de Nazca, que causa los frecuentes sismos en esta región.
A diferencia de lo que acontecía hace pocas décadas, el país cuenta hoy con una institucionalidad especializada e importantes experiencias en el manejo de riesgos y desastres. En esta materia, sin embargo, la labor más importante, la que más evita muertes y calamidades, es la preventiva. Al respecto, subsisten varios motivos de preocupación.
Las fotos y las películas del desastre en Ecuador que muestran decenas de edificios derribados o seriamente afectados delatan el incumplimiento o la inexistencia de normas adecuadas de construcción sismo-resistente, un hecho reconocido por el propio presidente Correa. En cambio, en Chile, un país con normas estrictas acatadas por los constructores, el inventario de daños y muertos después del sismo de 8,8 grados de 2009, por lo menos diez veces más fuerte que el de Ecuador, fue relativamente reducido.
Sería muy sorprendente que el Pacífico colombiano se pareciera más al de Chile que al de Ecuador. Es posible que buena parte de las viviendas, hoteles, hospitales, escuelas, oficinas y edificios de gobierno de sus ciudades más importantes —Buenaventura, Tumaco y Quibdó— no se hubiera construido con sujeción estricta a las normas que garantizan su resistencia a terremotos de gran magnitud. Las viviendas pobres desconocen con frecuencia estas regulaciones y ciertos contratistas, sobre todo los que construyen las instalaciones estatales, suelen elevar sus utilidades a punta de temerarios ahorros en hierro y otros materiales que debían fortificar las edificaciones.
Una de las tareas de los nuevos alcaldes y gobernadores, asistidos por la Oficina de Gestión del Riesgo, debería ser la de revisar y actualizar los mapas de riesgo, los inventarios de edificios que no son sismo-resistentes, los planes de acción y las responsabilidades de los involucrados en el manejo de las emergencias sísmicas. Más vale prevenir antes que, muchos muertos después, lamentar por lo que se hubiera podido hacer.