AL FINAL DE SU EXTENSO Y favorable artículo sobre el presidente Uribe,
The Economist se pregunta si las instituciones colombianas podrían
sobrevivir a su segunda reelección. Esa misma duda se la plantean todos
los días distintos observadores internos y externos de la situación
colombiana.
Entre las víctimas de otra reelección se hallaría la separación de poderes, uno de los pilares del estado de derecho. Dado que las distintas reglas de la Constitución de 1991 se diseñaron para limitar el poder de un presidente que no podía ser reelegido, con otro período al mando del Ejecutivo, el presidente Uribe podría tener el control total de las cortes de justicia, el Banco de la República y otros organismos diseñados para ser independientes y autónomos.
Y en las próximas elecciones del Congreso, con el impulso de su popularidad y el empuje de la maquinaria del Gobierno, el Presidente seguramente podría mantener el respaldo de un bloque mayoritario de parlamentarios. Colombia, dicen los analistas, se enmarcaría así en el modelo político que estableció hace años en América Latina Alberto Fujimori, y que hoy sigue de cerca el comandante Hugo Chávez.
Según los distintos observadores (entre ellos varios citados por el propio The Economist), cada día existen mayores indicios de que el Ejecutivo trabaja para la reelección. Los diplomáticos, la prensa extranjera, los analistas políticos tienen la impresión de que el Presidente ya se está comportando como un candidato, como si ya estuviera entregado, de lleno, a la búsqueda de votos. Señalan que cada día es más evidente que los preparativos para el nuevo cambio de la Constitución cuentan con el apoyo de sus principales aliados en la política y en el sector privado, además del beneplácito del Palacio de Nariño.
Todo lo que hace el Presidente se juzga, en el mejor de los casos, con la sospecha de que ya está en campaña. La distribución de subsidios, los anuncios de la ampliación de programas sociales, el apoyo inmediato al metro de Bogotá (incluso antes de conocer su trazado y sus implicaciones fiscales), sus intervenciones en los consejos comunales, los aumentos de sueldo a las madres comunitarias, los anuncios de obras regionales, todo, sin excepción, se mira bajo la lupa de que son actuaciones de un candidato, un candidato excepcional que puede respaldar sus promesas con partidas generosas del presupuesto nacional.
Incluso los recientes virajes y el zigzag del Gobierno en materia de la reforma política se interpretan como reacomodos tácticos para asegurar, más adelante, los votos necesarios para convocar el referendo de la reelección (ya que la llamada “silla vacía” excluiría del Congreso a un buen número de sus aliados, esa figura le impediría al Gobierno alcanzar las mayorías necesarias para las votaciones; en cambio, las versiones ‘suaves’ de la reforma sí permitirían que muchos de los congresistas investigados conformen las mayorías indispensables para convocar un referendo).
Es preciso que el Presidente de la República, pronto y de una vez por todas, resuelva las dudas que todavía subsisten sobre su propósito de buscar una nueva reelección. Lo ideal, lo mejor para el futuro de la democracia y las instituciones colombianas, sería que anuncie, como él mismo lo sugirió hace algunos meses, que no volverá a aspirar a la Presidencia y, de acuerdo con las reglas vigentes, serán sus seguidores, apoyados en su enorme popularidad, quienes le propondrán a los colombianos la continuación de su obra de gobierno.
Si esto no es así, por lo menos debería decirlo con toda transparencia y anunciar sin ambigüedades que sí está en campaña y que apoya la reforma constitucional que le permitiría aspirar nuevamente al poder. De esta manera, los colombianos sabríamos ya a qué atenernos.
AL FINAL DE SU EXTENSO Y favorable artículo sobre el presidente Uribe,
The Economist se pregunta si las instituciones colombianas podrían
sobrevivir a su segunda reelección. Esa misma duda se la plantean todos
los días distintos observadores internos y externos de la situación
colombiana.
Entre las víctimas de otra reelección se hallaría la separación de poderes, uno de los pilares del estado de derecho. Dado que las distintas reglas de la Constitución de 1991 se diseñaron para limitar el poder de un presidente que no podía ser reelegido, con otro período al mando del Ejecutivo, el presidente Uribe podría tener el control total de las cortes de justicia, el Banco de la República y otros organismos diseñados para ser independientes y autónomos.
Y en las próximas elecciones del Congreso, con el impulso de su popularidad y el empuje de la maquinaria del Gobierno, el Presidente seguramente podría mantener el respaldo de un bloque mayoritario de parlamentarios. Colombia, dicen los analistas, se enmarcaría así en el modelo político que estableció hace años en América Latina Alberto Fujimori, y que hoy sigue de cerca el comandante Hugo Chávez.
Según los distintos observadores (entre ellos varios citados por el propio The Economist), cada día existen mayores indicios de que el Ejecutivo trabaja para la reelección. Los diplomáticos, la prensa extranjera, los analistas políticos tienen la impresión de que el Presidente ya se está comportando como un candidato, como si ya estuviera entregado, de lleno, a la búsqueda de votos. Señalan que cada día es más evidente que los preparativos para el nuevo cambio de la Constitución cuentan con el apoyo de sus principales aliados en la política y en el sector privado, además del beneplácito del Palacio de Nariño.
Todo lo que hace el Presidente se juzga, en el mejor de los casos, con la sospecha de que ya está en campaña. La distribución de subsidios, los anuncios de la ampliación de programas sociales, el apoyo inmediato al metro de Bogotá (incluso antes de conocer su trazado y sus implicaciones fiscales), sus intervenciones en los consejos comunales, los aumentos de sueldo a las madres comunitarias, los anuncios de obras regionales, todo, sin excepción, se mira bajo la lupa de que son actuaciones de un candidato, un candidato excepcional que puede respaldar sus promesas con partidas generosas del presupuesto nacional.
Incluso los recientes virajes y el zigzag del Gobierno en materia de la reforma política se interpretan como reacomodos tácticos para asegurar, más adelante, los votos necesarios para convocar el referendo de la reelección (ya que la llamada “silla vacía” excluiría del Congreso a un buen número de sus aliados, esa figura le impediría al Gobierno alcanzar las mayorías necesarias para las votaciones; en cambio, las versiones ‘suaves’ de la reforma sí permitirían que muchos de los congresistas investigados conformen las mayorías indispensables para convocar un referendo).
Es preciso que el Presidente de la República, pronto y de una vez por todas, resuelva las dudas que todavía subsisten sobre su propósito de buscar una nueva reelección. Lo ideal, lo mejor para el futuro de la democracia y las instituciones colombianas, sería que anuncie, como él mismo lo sugirió hace algunos meses, que no volverá a aspirar a la Presidencia y, de acuerdo con las reglas vigentes, serán sus seguidores, apoyados en su enorme popularidad, quienes le propondrán a los colombianos la continuación de su obra de gobierno.
Si esto no es así, por lo menos debería decirlo con toda transparencia y anunciar sin ambigüedades que sí está en campaña y que apoya la reforma constitucional que le permitiría aspirar nuevamente al poder. De esta manera, los colombianos sabríamos ya a qué atenernos.