Regímenes especiales de pensiones

Uno de los grandes vacíos de la reforma pensional que ha presentado el gobierno es la no modificación de los generosos regímenes especiales que se mantienen en el país. Se trata de las pensiones de los maestros y los miembros de la fuerza pública, que hoy gozan de condiciones mucho más ventajosas que las de quienes logran una pensión en el régimen general de Colpensiones.

Esta falencia es aun más ostensible cuando se anuncia que se trata de eliminar costosos e injustos privilegios pensionales y concentrar los subsidios públicos en los adultos mayores pobres, con más de 65 años. En sus deliberaciones, el Congreso, por lo menos, debería examinar si las condiciones de algunos privilegiados riñen con los criterios de igualdad y equidad establecidos en la Constitución.

El costo fiscal de los privilegios pensionales es enorme. Más de la mitad del gasto público en pensiones, cerca de $35 billones, una suma equivalente al 2,3 % del PIB, va dirigida a financiar a los regímenes especiales que benefician solo a cerca de la mitad de los pensionados en Colpensiones. Este monto casi duplica los recaudos del impuesto de renta a las personas y es bastante superior al conjunto del presupuesto de varios ministerios.

A diferencia de la edad de jubilación general –62 años para los hombres y 57 años para las mujeres–, los maestros, hombres y mujeres, se jubilan a los 57 años. Ya que no hay nada que justifique este privilegio, desde hace años, varios analistas y académicos, así como la Comisión del Gasto que convocó el gobierno Santos, han venido recomendando que se eleve la edad de jubilación de los docentes. Ya que lo único rescatable del régimen de los maestros es que la edad de jubilación de hombres y mujeres es la misma, este principio se debería extender al régimen general, estableciendo que las personas, de cualquier sexo, se jubilen a los 62 años.

Las condiciones de las pensiones de los militares son aún más excepcionales. Los miembros de la fuerza pública se jubilan a los 20 años de servicio, en forma independiente de su edad. Por esta razón, no es inusual que numerosos militares se retiren bastante antes de cumplir los 50 años.

A diferencia del injustificable privilegio de los docentes, sí existen buenas razones para que exista un régimen especial de pensiones para el personal de las fuerzas militares. Militares y policías deben soportar difíciles condiciones laborales, están expuestos a graves peligros y prestan innegables servicios de seguridad. De todas formas, esta debería ser una oportunidad para revisar, una a una, ciertas condiciones excesivamente generosas, establecidas hace varias décadas. En esta materia, analistas y académicos también han realizado varias propuestas para racionalizar y modernizar este régimen especial.

A pesar de que una profunda reforma de regímenes especiales está plenamente justificada, será prácticamente imposible que su estudio haga parte de las discusiones de la reforma pensional que va a emprender el Congreso en las próximas semanas. Como no se cuenta con la voluntad del gobierno, del cual el sindicato de maestros es un puntal fundamental, seguramente se mantendrán por ahora los costosos privilegios que hieren los principios de igualdad y equidad. Una completa reforma de las pensiones seguirá haciendo parte de la agenda para el futuro.