Rumbo al pasado


Varias de las iniciativas del Gobierno tratan de rehacer la realidad de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Buscan estatizar varias actividades en donde hoy participa el sector privado: salud, pensiones, obras públicas, por mencionar solo algunas; recrear fracasadas entidades estatales para, por ejemplo, comprar cosechas (como el antiguo Idema) y construir vías terciarias (a imagen y semejanza del antiguo Caminos Vecinales). Pero esto no es todo.

En el sector financiero, dos iniciativas sesenteras amenazan la economía y el sector bancario. En primer lugar, mediante un cambio regulatorio, el año anterior se redujo “a sombrerazos” la mal denominada tasa de usura y, de esta forma, al impedir que las entidades reguladas puedan prestarles a amplios grupos de personas de bajos ingresos, se estimuló el negocio de los agiotistas y los préstamos gota-gota, los cuales imponen una oprobiosa forma de esclavitud a los deudores de escasos recursos quienes se ven obligados a pagar tasas astronómicas y son sometidos a formas de cobro extorsivas y violentas.

En segundo lugar, fue infortunado el anuncio del ministro de Hacienda sobre el regreso de las inversiones forzosas de los bancos, una política rudimentaria y nociva, también característica del pasado. Por medio de estas inversiones, el Gobierno adquiere la capacidad de dirigir a su antojo recursos del ahorro hacia algunos sectores y agentes de la economía a tasas subsidiadas y, muchas veces, con una orientación política. Estas medidas reducen la rentabilidad de las entidades de crédito, ya afectadas por tasas de tributación discriminatorias y por el decaimiento de la economía, y, en consecuencia, es inevitable que en el futuro se eleven los márgenes de intermediación y las tasas de interés de los créditos de la economía. Los resultados de esta iniciativa serán menor crecimiento y probablemente mayor desempleo.

En el campo fiscal, después de que se reveló que el déficit de este año, en lugar de disminuir, se elevaría al enorme 5,3% del PIB, ahora se anuncia que se tratará de modificar la regla fiscal para permitir que se incremente aún más la deuda pública. Esta noticia, inevitablemente, recuerda los desórdenes fiscales que precedieron las crisis económicas de los años ochenta y finales de los noventa. Por esta razón, ya la calificadora de riesgo Moody’s expresó su preocupación y advirtió que con esta medida podría ponerse en riesgo el crédito externo del país.

Las reformas en marcha a la seguridad social, salud y pensiones también tratan de reconstruir el régimen estatal vigente en el país hasta los años ochenta. Además, estas iniciativas tienen serias consecuencias fiscales que todavía no han sido certificadas ni avaladas por el Ministerio de Hacienda y tampoco incorporadas en las proyecciones de mediano plazo.

Es lamentable que, en lugar de una política progresista moderna orientada al crecimiento y al bienestar de la población, que enfatice el aumento de la productividad, la adopción de las nuevas tecnologías, la educación y la innovación, Colombia esté gastando sus energías, en medio de una gran polarización, en un esfuerzo para volver al pasado. Se trata de un gran empeño para repetir las políticas que ya fracasaron en este y en muchos países. El costo de todo esto, sin duda, será el estancamiento y el atraso frente al resto del mundo.