La decisión de la Corte Constitucional de hacer cumplir el tope a las pensiones de altos funcionarios públicos de 25 salarios mínimos por mes, cerca de $15 millones mensuales, es un paso en la dirección correcta.
De esta forma se reducen los pagos que muchas veces superaban los $20 millones mensuales, una cifra astronómica, no sólo frente a los menguados ingresos de la mayoría de los colombianos, sino frente a los escasos ahorros que hicieron sus beneficiarios a lo largo de su vida.
Esta determinación reafirma el ganado prestigio de la Corte Constitucional como guardián de los principios de equidad. Ante las manifiestas presiones e intereses por mantener el statu quo, una vez más, se puso de manifiesto la independencia de esa Corte (tras la reciente posesión del nuevo magistrado, en medio de cuestionamientos y una amplia discusión sobre sus actuaciones profesionales, numerosos observadores notaron que esa preciada independencia se podría ver menoscabada si se siguen dando nombramientos como el que hoy lamenta buena parte de la opinión pública).
La decisión de la Corte fue sólo un primer paso, porque es evidente que una pensión de $15 millones mensuales, atendida con recursos del Estado, como lo han señalado numerosos estudios, sigue siendo excesiva, contraria a la equidad. El ministro de Trabajo ha explicado que la gran mayoría de las pensiones del sistema de prima media, especialmente las más elevadas, son injustificadas, sobre todo porque sus beneficiarios no ahorraron a lo largo de su vida laboral lo necesario para recibir semejantes ingresos. Debido a las normas vigentes, esas personas nunca hicieron contribuciones que pudieran justificar unas mesadas pensionales superiores a las que recibe el 99,9% de los colombianos. Los análisis muestran que en una pensión de $15 millones mensuales es sustancial el componente de subsidio, o sea, la transferencia de la mayoría de los colombianos a una pequeñísima minoría privilegiada.
También se puede argumentar que, aun si se pudieran encontrar razones para subsidiar prioritariamente la vejez de los altos funcionarios del Estado, pertenecientes a las clases socioeconómicas más elevadas, el monto de la pensión de $15 millones es claramente excesivo. La gran mayoría de ellos, con edades superiores a los 62 años, ya educó a sus hijos, cuenta con vivienda propia y disfruta de algunos ahorros; podría vivir con dignidad con una pensión del orden de $10 millones mensuales, bastante inferior a la del tope que defendió la Corte.
Una reducción sustancial a las pensiones subsidiadas debería ser un asunto obligado en el temario de las necesarias reformas que, como lo anuncia el Gobierno, deben intentarse en el futuro cercano.
***
Los usuarios de los servicios de telefonía celular estamos indignados por la pésima calidad del servicio. Las llamadas no entran, las voces no se oyen y las comunicaciones se caen con excesiva frecuencia. Y ante los innumerables reclamos, no pasa nada. Nadie responde. Esperamos que la queja del presidente de la República ponga en marcha, por fin, mecanismos efectivos de vigilancia y sanción sobre los operadores, que alivien las tribulaciones de los usuarios de los celulares. Muchos de esos usuarios también echamos de menos los proyectos que por algunas semanas discutió el Congreso para controlar el abuso de la posición dominante.
La decisión de la Corte Constitucional de hacer cumplir el tope a las pensiones de altos funcionarios públicos de 25 salarios mínimos por mes, cerca de $15 millones mensuales, es un paso en la dirección correcta.
De esta forma se reducen los pagos que muchas veces superaban los $20 millones mensuales, una cifra astronómica, no sólo frente a los menguados ingresos de la mayoría de los colombianos, sino frente a los escasos ahorros que hicieron sus beneficiarios a lo largo de su vida.
Esta determinación reafirma el ganado prestigio de la Corte Constitucional como guardián de los principios de equidad. Ante las manifiestas presiones e intereses por mantener el statu quo, una vez más, se puso de manifiesto la independencia de esa Corte (tras la reciente posesión del nuevo magistrado, en medio de cuestionamientos y una amplia discusión sobre sus actuaciones profesionales, numerosos observadores notaron que esa preciada independencia se podría ver menoscabada si se siguen dando nombramientos como el que hoy lamenta buena parte de la opinión pública).
La decisión de la Corte fue sólo un primer paso, porque es evidente que una pensión de $15 millones mensuales, atendida con recursos del Estado, como lo han señalado numerosos estudios, sigue siendo excesiva, contraria a la equidad. El ministro de Trabajo ha explicado que la gran mayoría de las pensiones del sistema de prima media, especialmente las más elevadas, son injustificadas, sobre todo porque sus beneficiarios no ahorraron a lo largo de su vida laboral lo necesario para recibir semejantes ingresos. Debido a las normas vigentes, esas personas nunca hicieron contribuciones que pudieran justificar unas mesadas pensionales superiores a las que recibe el 99,9% de los colombianos. Los análisis muestran que en una pensión de $15 millones mensuales es sustancial el componente de subsidio, o sea, la transferencia de la mayoría de los colombianos a una pequeñísima minoría privilegiada.
También se puede argumentar que, aun si se pudieran encontrar razones para subsidiar prioritariamente la vejez de los altos funcionarios del Estado, pertenecientes a las clases socioeconómicas más elevadas, el monto de la pensión de $15 millones es claramente excesivo. La gran mayoría de ellos, con edades superiores a los 62 años, ya educó a sus hijos, cuenta con vivienda propia y disfruta de algunos ahorros; podría vivir con dignidad con una pensión del orden de $10 millones mensuales, bastante inferior a la del tope que defendió la Corte.
Una reducción sustancial a las pensiones subsidiadas debería ser un asunto obligado en el temario de las necesarias reformas que, como lo anuncia el Gobierno, deben intentarse en el futuro cercano.
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Los usuarios de los servicios de telefonía celular estamos indignados por la pésima calidad del servicio. Las llamadas no entran, las voces no se oyen y las comunicaciones se caen con excesiva frecuencia. Y ante los innumerables reclamos, no pasa nada. Nadie responde. Esperamos que la queja del presidente de la República ponga en marcha, por fin, mecanismos efectivos de vigilancia y sanción sobre los operadores, que alivien las tribulaciones de los usuarios de los celulares. Muchos de esos usuarios también echamos de menos los proyectos que por algunas semanas discutió el Congreso para controlar el abuso de la posición dominante.