La decisión del ministro de Transporte de congelar los peajes pone en riesgo un modelo que le ha servido bien al país. De tener prácticamente ninguna vía con doble calzada en 1990, en tres décadas, mediante concesiones impulsadas por seis gobiernos, Colombia ha construido más de 2.200 kilómetros. Y faltan muchos más. El desarrollo del país exige la construcción de, por lo menos, 2.500 kilómetros adicionales, de buena calidad; una tarea que requiere el esfuerzo sostenido de varios gobiernos y decenas de billones de pesos.
El intento de reemplazar en los próximos años el alza de los peajes con valorización, como lo anunció el funcionario, es un peligroso salto al vacío. Es evidente que no se ha evaluado el potencial económico ni las enormes dificultades prácticas y jurídicas de imponer cobros de valorización nacional en todo el país. Constituye, por lo tanto, una seria amenaza para la financiación, la construcción y el mantenimiento de las concesiones viales del país, especialmente las de iniciativa privada.
El perjuicio de esa decisión no se soluciona con el anuncio de que el Ministerio de Hacienda trasladará a los concesionarios las sumas necesarias para compensar lo que dejarán de recibir por no ajustar el valor de los peajes en los próximos meses. Es mucho más lo que está en juego. Al sembrar incertidumbre sobre el futuro, se está rompiendo en materia grave la confianza en las reglas de juego que han permitido que una serie de empresas, inversionistas, financiadores, fondos de pensiones y constructores —nacionales y extranjeros— aporten recursos por más de $100 billones para la modernización del país.
La incertidumbre que se ha extendido entre todos estos agentes no solo dificulta la posibilidad de financiar nuevas concesiones, y mantener y administrar las existentes, sino que contamina la credibilidad del país frente a contratistas y financiadores del exterior y amenaza la calificación de riesgo crediticio del país.
A pesar de que el tema de la construcción de dobles calzadas es una prioridad del desarrollo económico, nada se ha dicho de su necesaria expansión en los próximos años. Si bien es cierto que recientemente el Gobierno prometió construir una de esas vías para conectar a Popayán y Pasto —y a Colombia con América del Sur—, nada se ha hecho para hacer realidad este anuncio (no se ha decretado la emergencia económica, un instrumento idóneo para impulsar esta y otras inversiones en la zona).
Si el Gobierno no quiere extinguir el modelo de concesiones, debe decirlo con claridad y anunciar, sin ninguna ambigüedad, que la congelación de los peajes es por una sola vez, a causa del brote inflacionario, y que, en todas las circunstancias, se honrarán los contratos que ha firmado la nación.
Por último, una reflexión fiscal. Se le está dando una pésima señal al país cuando, amenazado por alguna protesta o queriendo seducir a algún grupo de presión, el Gobierno reduce el valor del SOAT a motociclistas y taxistas, subsidia el diésel y ahora deja de incrementar los peajes y les traslada el costo de todo esto a los colombianos, a través del presupuesto nacional. De esta forma, invita a que otros grupos hagan lo mismo y consume los recursos de las reformas tributarias en medidas de dudoso impacto social, ambiental y económico (eso sí, con alta rentabilidad política y electoral de corto plazo).
