Sobre grabaciones y filtraciones

Muchas cosas se pueden decir sobre las chuzadas. Se puede señalar su ilegalidad y su invasión de la privacidad. Y añadir que muchas se manipulan y se convierten en instrumentos de chantaje y extorsión. Las chuzadas y filtraciones, sin embargo, más que en otros países, son parte corriente de la vida colombiana y han tenido una notable influencia en la historia reciente.

A causa de lo que se ha revelado en las chuzadas o por el hecho de chuzar ilegalmente, los responsables han recibido algún castigo político y el repudio de la opinión pública. Entre tantos casos, por ejemplo, gracias a la filtración de los famosos casetes, los colombianos pudieron conocer en 1994 la magnitud de la penetración de la mafia en la campaña presidencial de ese año. Más adelante, cuando se reveló que chuzar a los contradictores había sido una conducta corriente de un gobierno, se generó una crisis de grandes proporciones. Se liquidó el DAS y, hasta donde se sabe, desde entonces el Estado no chuza ilegalmente a los colombianos.

Todos los días se conoce el contenido de nuevas grabaciones entre socios, cómplices y rivales, especialmente los de actividades políticas y electorales. Gracias a las filtraciones, ya sea a los medios o a la justicia, el país ha podido enterarse de cosas que, de otra manera, jamás habría conocido. Así nos informamos de las confidencias de Óscar Iván Zuluaga a un cercano colaborador sobre los dineros que Odebrecht aportó a su campaña. Y algunos aspectos de la trayectoria política de Gustavo Petro han aparecido por esta vía: su recibo de una bolsa de efectivo hace varios años; las estrategias de su reciente campaña contra sus rivales; y los explosivos diálogos entre Benedetti y Laura Sarabia que, entre otras cosas, también hablaban de una opaca financiación de esa misma campaña.

Las chuzadas florecen en Colombia en medio de la burla masiva, impune y persistente a las normas sobre la financiación de campañas y, en general, del incumplimiento de todo tipo de leyes. La gran debilidad de la justicia y las autoridades electorales (a veces también comprometidas en actos de corrupción) hace que muchas personas opten por grabar de oficio a sus socios o cómplices en actividades ilegales como una especie de “seguro”, un mecanismo de defensa para una posible traición y también un arma de eventual presión o chantaje.

A veces quienes graban entregan las cintas delatoras a la fiscalía para negociar rebajas de pena, como en el caso del socio de Zuluaga. En otras situaciones, las hacen llegar a los medios de comunicación, sin que se sepa bien quién grabó, con el objetivo de crear un escándalo y lograr, al menos, el daño a algún rival o enemigo en la opinión pública. Así, de rebote, cayeron Sarabia y Benedetti.

Donde no llega la justicia, allá con frecuencia llegan los periodistas, quienes, en medio de la competencia por la noticia, consiguen cintas y videos que permiten que la verdad o, al menos, la parte de ella que quieren mostrar quienes las filtran, sea de dominio público. Así se entera la opinión pública de los escándalos y, solo en ese momento, la justicia, que casi siempre cojea, toma cartas en esos asuntos y a veces hace algo.

Mientras actúan los jueces, uno de los pocos castigos de los políticos impunes es el temor de que en algún momento aparezca una grabación que los incrimine.