Técnica versus política

Una de las bases del correcto funcionamiento del sistema democrático consiste en que los empleados del Estado deben cumplir sus responsabilidades sin estar sujetos a los abusos derivados de la rotación de los altos cargos de elección popular. Con ese objeto, muchos países establecieron la carrera administrativa, que consagró la contratación y los ascensos por mérito, así como la estabilidad de los funcionarios públicos (algo que, a pesar de varias normas constitucionales y legales, ha funcionado en forma terriblemente deficiente en Colombia).

Otro elemento fundamental de los Estados modernos es que algunas entidades técnicas, conformadas por expertos altamente calificados, deben mantener su independencia y autonomía frente al Ejecutivo. Se trata de organismos claves cuyo correcto desempeño es crucial para el funcionamiento y crecimiento de la economía y que, en consecuencia, deben aislarse de influencias políticas. El caso más destacado en Colombia es, por supuesto, el del Banco de la República, cuya autonomía tiene rango constitucional y en donde las leyes reglamentarias buscaron que ningún presidente pudiera nombrar a la mayoría de los miembros de su Junta Directiva. Se trataba de poner el manejo monetario y crediticio lejos del alcance de los intereses de corto plazo de los políticos (y del de grupos poderosos del sector privado) y evitar los conocidos riesgos de que la emisión monetaria se pusiera el servicio de los apetitos de los gobiernos de turno (y de poderosos lobistas).

Adicionalmente, en Colombia y otras naciones varias entidades técnicas han venido ganando una necesaria autonomía. Este es el caso en nuestro país de instituciones como el DANE (las estadísticas públicas, procesadas por expertos, de acuerdo con las metodologías especializadas, deben reflejar la realidad y no lo que quieren mostrar los gobernantes), las comisiones regulatorias (la fijación de tarifas debe ceñirse estrictamente a metodologías técnicas, de acuerdo con las normas legales), las superintendencias (la vigilancia y regulación del sector privado no pueden responder a intereses, simpatías y antipatías políticas) y el equipo técnico del comité de la regla fiscal (no se puede fijar la trayectoria del déficit y el gasto público para complacer los caprichos del soberano a costa de la salud de la economía y el crédito del país). Se trata de entidades técnicas, que deben ser manejadas únicamente por expertos, de acuerdo con los conocimientos y procedimientos más avanzados, cuya independencia profesional es celosamente protegida en los países desarrollados y que la tradición y las normas colombianas han buscado blindar, no siempre con éxito, del manejo político y politiquero.

Una prueba de madurez de las instituciones colombianas, ahora que ha llegado al poder un gobierno de izquierda, va a ser el mantenimiento de la naturaleza técnica de las instituciones que tradicionalmente han sido manejadas por expertos. Si esto se logra, si se sostiene el principio de que estos organismos no son un botín al servicio de la política de corto plazo de los mandatarios de turno, se dará una señal de estabilidad que beneficiará el desempeño de la economía. En caso contrario, se afectarán el crecimiento, la inversión y los negocios, algo que ya ha sucedido donde el populismo ha desmontado el manejo técnico de las funciones del Estado.