Cierta gente de mucha plata se beneficia de la evasión tributaria. No hay nada más inequitativo e injusto que un multimillonario pague menos impuestos que su secretaria y el resto de sus empleados, una práctica que, cuando es alcahueteada y permitida por la ley y la costumbre, deslegitima las bases éticas de una sociedad y consagra la desigualdad económica y social.
Esto quedó nítidamente claro con la revelación de las declaraciones de impuestos del presidente Trump. The New York Times mostró que el millonario, dueño de hoteles y campos de golf, pagó escasos US$750 en los dos primeros años de su gobierno y no pagó nada en la mayoría de los 15 años anteriores. Mientras tanto, millones de personas de las clases medias le entregaban al fisco un porcentaje significativo de sus ingresos anuales.
Como en otros casos semejantes, Trump consiguió reducir sus impuestos con la ayuda de ejércitos de costosos contadores y auditores que se especializan en lograr los beneficios permitidos y no permitidos que se cuelan por las rendijas de las leyes tributarias. Eso sí, por alguna de estas prácticas, el presidente está siendo investigado por la Fiscalía, ante la cual sus abogados tratan de impedir el avance de las investigaciones criminales.
La prensa reporta que entre los mecanismos utilizados por Trump para no pagar impuestos se encuentran la asignación de gastos personales a sus empresas y la agresiva utilización de las devoluciones y las pérdidas de sus empresas como escudos fiscales.
Las revelaciones de algunas de las trampas de Trump, semejantes a las que se hacen en todas partes, se deben tener en cuenta en momentos en que se discute el contenido de la inevitable reforma tributaria en Colombia. Su análisis debe ayudar a orientar las iniciativas dirigidas a aumentar los recaudos y hacer que el sistema sea progresivo —es decir, que garantice que quienes más tienen paguen más—, tal como lo ordena la Constitución de 1991. Una reforma que tenga ese objetivo, por lo tanto, debe comenzar por combatir la evasión, que puede superar los $40 billones por año, la principal causa de la inequidad de nuestro sistema tributario. De nada serviría aumentar las tasas o crear nuevos impuestos dirigidos a gravar a los más ricos, si se puede seguir burlando dichas cargas con cierta facilidad, como ocurre en la actualidad.
Llama la atención que algunas iniciativas recientes, supuestamente orientadas a asegurar que se cumpla el mandato constitucional de la progresividad tributaria, hubieran ignorado ingenuamente el principal problema: el de la evasión.
Los primeros pasos para hacer más justo el sistema tributario colombiano deben ser fortalecer la administración de impuestos, mejorar la capacidad técnica de su personal, aumentar sus sistemas con el apoyo de las mejores tecnologías, combatir la corrupción de algunas de sus unidades y elevar su poder sancionatorio. Aunque el Gobierno actual está avanzando en estas tareas con el apoyo del BID, los programas en marcha son lentos e insuficientes. La próxima reforma tributaria debe otorgarle a la DIAN, o a la entidad que la reemplace, más herramientas legales y presupuestales para combatir la evasión, profundizar su transformación y crear mecanismos eficaces para disminuir en nuestro medio prácticas como las que realiza olímpicamente el presidente de Estados Unidos.
Cierta gente de mucha plata se beneficia de la evasión tributaria. No hay nada más inequitativo e injusto que un multimillonario pague menos impuestos que su secretaria y el resto de sus empleados, una práctica que, cuando es alcahueteada y permitida por la ley y la costumbre, deslegitima las bases éticas de una sociedad y consagra la desigualdad económica y social.
Esto quedó nítidamente claro con la revelación de las declaraciones de impuestos del presidente Trump. The New York Times mostró que el millonario, dueño de hoteles y campos de golf, pagó escasos US$750 en los dos primeros años de su gobierno y no pagó nada en la mayoría de los 15 años anteriores. Mientras tanto, millones de personas de las clases medias le entregaban al fisco un porcentaje significativo de sus ingresos anuales.
Como en otros casos semejantes, Trump consiguió reducir sus impuestos con la ayuda de ejércitos de costosos contadores y auditores que se especializan en lograr los beneficios permitidos y no permitidos que se cuelan por las rendijas de las leyes tributarias. Eso sí, por alguna de estas prácticas, el presidente está siendo investigado por la Fiscalía, ante la cual sus abogados tratan de impedir el avance de las investigaciones criminales.
La prensa reporta que entre los mecanismos utilizados por Trump para no pagar impuestos se encuentran la asignación de gastos personales a sus empresas y la agresiva utilización de las devoluciones y las pérdidas de sus empresas como escudos fiscales.
Las revelaciones de algunas de las trampas de Trump, semejantes a las que se hacen en todas partes, se deben tener en cuenta en momentos en que se discute el contenido de la inevitable reforma tributaria en Colombia. Su análisis debe ayudar a orientar las iniciativas dirigidas a aumentar los recaudos y hacer que el sistema sea progresivo —es decir, que garantice que quienes más tienen paguen más—, tal como lo ordena la Constitución de 1991. Una reforma que tenga ese objetivo, por lo tanto, debe comenzar por combatir la evasión, que puede superar los $40 billones por año, la principal causa de la inequidad de nuestro sistema tributario. De nada serviría aumentar las tasas o crear nuevos impuestos dirigidos a gravar a los más ricos, si se puede seguir burlando dichas cargas con cierta facilidad, como ocurre en la actualidad.
Llama la atención que algunas iniciativas recientes, supuestamente orientadas a asegurar que se cumpla el mandato constitucional de la progresividad tributaria, hubieran ignorado ingenuamente el principal problema: el de la evasión.
Los primeros pasos para hacer más justo el sistema tributario colombiano deben ser fortalecer la administración de impuestos, mejorar la capacidad técnica de su personal, aumentar sus sistemas con el apoyo de las mejores tecnologías, combatir la corrupción de algunas de sus unidades y elevar su poder sancionatorio. Aunque el Gobierno actual está avanzando en estas tareas con el apoyo del BID, los programas en marcha son lentos e insuficientes. La próxima reforma tributaria debe otorgarle a la DIAN, o a la entidad que la reemplace, más herramientas legales y presupuestales para combatir la evasión, profundizar su transformación y crear mecanismos eficaces para disminuir en nuestro medio prácticas como las que realiza olímpicamente el presidente de Estados Unidos.