La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Sergio Fajardo, supuestamente por haber celebrado dolosamente un contrato de crédito por US$77 millones sin cumplir los requisitos legales, ni haber realizado estudios sobre la trayectoria del dólar y no contratar una cobertura cambiaria, delitos que le podrían acarrear más de 10 años de cárcel y su muerte política. Los argumentos del ente acusador no tienen sustento alguno.
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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Sergio Fajardo, supuestamente por haber celebrado dolosamente un contrato de crédito por US$77 millones sin cumplir los requisitos legales, ni haber realizado estudios sobre la trayectoria del dólar y no contratar una cobertura cambiaria, delitos que le podrían acarrear más de 10 años de cárcel y su muerte política. Los argumentos del ente acusador no tienen sustento alguno.
En primer término, la Gobernación de Antioquia cumplió todos los requisitos legales. Como el crédito en dólares se celebró en el país, por iniciativa y con los recursos de Findeter, no requería autorización previa del Ministerio de Hacienda.
El asunto de la tasa de cambio, sin embargo, requiere alguna explicación. El crédito en cuestión fue contratado en 2013 cuando dicha tasa era alrededor de $1.900 por dólar. La Fiscalía sostiene que la Gobernación debió haber realizado un estudio, el cual, presume el ente acusador, revelaría que el dólar llegaría a $3.000 en un par de años, como de hecho sucedió, de tal forma que la firma del crédito sería inconveniente para el departamento.
La verdad es que, con la información con que se contaba en ese momento, ni la Gobernación ni nadie hubiera podido prever el alza que se observó en el precio del dólar en los años siguientes.
Las proyecciones disponibles en 2013 sobre la tasa de cambio, realizadas por el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Banco de la República y los centros de investigación, sin excepción, predecían la estabilidad cambiaria en los años siguientes. El Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, mostraba que el valor del dólar solo superaría los $2.000 en 2019 y que en 2025 llegaría apenas a $2.084.
Era imposible que los técnicos de la Gobernación —mucho menos el propio gobernador— pudieran predecir un fenómeno que no anticiparon los mejores economistas del país. No se podía prever en ese momento que el precio del petróleo, la variable que causó la devaluación del peso, bajaría de más de US$100 por barril en 2013 y buena parte de 2014 a cerca de US$60 a finales de ese año. La Secretaría de Hacienda del departamento se apoyó, como debía hacerlo, en las proyecciones y estudios del Gobierno y las entidades económicas que estimaban tasas de cambio relativamente estables en los años siguientes.
La Fiscalía puede constatar que con frecuencia, por su alto precio, la Nación y numerosas entidades del Estado que se endeudan en dólares no contratan seguros ni coberturas cambiarias. Una cobertura para un préstamo a 10 años, el plazo del crédito de Findeter, era demasiado costosa, además de innecesaria, de acuerdo con la mejor información disponible en ese momento.
Por último, resulta erróneo afirmar que la entidad que redescontó los recursos de Findeter se enriqueció con la devaluación. Ya que los bancos que prestan en dólares captan ahorro en dólares, la devaluación eleva el valor del crédito en pesos en exactamente la misma magnitud que aumenta el monto de sus pasivos en esa moneda. Desconocer esta realidad es no entender cómo opera el sector bancario.
Ninguno de los argumentos de la imputación a Fajardo tiene justificación. Hay que esperar que, una vez se conozcan los argumentos de la defensa, quede claro que el entonces gobernador no cometió ninguna falta y cese el proceso en su contra.