Un nuevo contrato social

Las responsabilidades sociales de Estado no pueden seguir siendo las mismas después del desastre de la pandemia. Al respecto, The Economist nos recuerda que, a raíz de la Gran Depresión de los años 30, se creó el sistema de seguridad social de Estados Unidos y, después de la Segunda Guerra Mundial, se formó el Estado de bienestar europeo. Y Rudi Hommes, en sus reveladoras memorias, plantea que Colombia debe “adoptar un pacto social (…) más igualitario y consciente de la responsabilidad del Estado con la ciudadanía que hoy se defiende como puede”.

A causa del COVID-19, las seculares falencias, vacíos e inequidades de la política social en Colombia se han vuelto intolerables. El país, en particular, carece de instrumentos idóneos para enfrentar el desempleo, la informalidad, la desatención de los más pobres y el abandono de las personas de edad avanzada. Los escasos dineros del Estado no pueden seguir concentrándose en las clases medias altas, como es el caso de las pensiones públicas y una parte importante de los subsidios.

En buena hora, Fedesarrollo ha lanzado a la discusión un ambicioso proyecto para transformar la política social de la Colombia pos-COVID que, entre otras cosas, propone: (i) una renta mínima para los más pobres, (ii) un seguro de desempleo para quienes ganan hasta 1,5 salarios mínimos, (iii) una pensión mínima garantizada para todos los colombianos y una reestructuración del sistema pensional, (iv) una reducción de los impuestos al trabajo para promover la formalización y la inclusión de los colombianos en el régimen de salud.

Este paquete de medidas tiene la capacidad de disminuir la pobreza en más de nueve puntos porcentuales y reducir la desigualdad, medida por el índice Gini, en más de cuatro puntos. Desharía completamente los estragos sociales derivados de la pandemia y permitiría que un país más igualitario comience su recuperación económica con un sistema robusto de protección de su población.

El conjunto de estas iniciativas exige un aumento importante del gasto público, del orden de casi $45 billones por año. Como las finanzas del Estado están en estado crítico, realizar este revolcón social obliga a efectuar una profunda reforma tributaria, dirigida a hacer que los que tienen más paguen más, eso sí, sin causar un desaliento a la inversión y el empleo.

Fedesarrollo presenta también los lineamientos del necesario reajuste a los impuestos: (i) una drástica eliminación de exenciones y regalos otorgados a las empresas por las pasadas reformas tributarias; (ii) un aumento del impuesto a los dividendos y postergar la eliminación del impuesto al patrimonio; (iii) la extensión del IVA a varios productos exentos y excluidos con una tasa del 8 %, con efectiva devolución para los más pobres; (iv) el estudio por parte del Congreso del impuesto al carbono y a varios productos dañinos para la salud.

Esta ambiciosa propuesta, además de su positivo impacto sobre la pobreza, el empleo y la desigualdad, contribuiría a superar la crisis fiscal que vive el país. Como produce ingresos tributarios adicionales por más del 4,5 % del PIB y gastos del orden del 2,5 % del PIB, la diferencia, del orden del 2 % se dirigiría a reducir el enorme déficit fiscal y a hacer sostenible la hoy desbordada deuda pública.

Consulte el documento “Reformas para una Colombia post-COVID-19” en www.fedesarrollo.org.