Dos eventos ocurridos en espacios públicos en las semanas pasadas nos ayudan a entender elementos clave de la política colombiana. El sábado 7 de junio, en el modesto parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, cuando presidía una manifestación frente a cientos de sus seguidores, el precandidato Miguel Uribe, con escasa vigilancia por parte de las autoridades, fue baleado por un sicario pagado por una organización criminal; hoy se encuentra en estado crítico, luchando por su vida. Más adelante, el 27 de junio, el presidente Petro, fuertemente vigilado, rodeado por varios ministros y centenares de asistentes, transportados y estimulados por el Gobierno Nacional, en la emblemática plaza La Alpujarra de Medellín compartió amigablemente la tarima con los más peligrosos líderes de las principales bandas criminales de la ciudad. De esta forma, el mandatario agravió a las autoridades, las víctimas y la ciudadanía de Medellín y, además, con la promesa de seguir adelante con los manejos de la paz total, vinculó a esos grupos criminales a la continuación de su proyecto político en las próximas elecciones.
Los hechos de El Golfito y La Alpujarra revelan claramente las diferencias entre las fuerzas políticas que compiten por el poder en Colombia. Miguel Uribe —al igual que la mayoría de los precandidatos de la oposición—, alarmado por el enorme control territorial que ejercen numerosas organizaciones criminales y el incesante crecimiento de la extorsión y el secuestro, plantea la necesidad de recuperar la seguridad, fortalecer a las fuerzas militares e imponer la justicia en vastas zonas del país, hoy en manos de grupos ilegales. El presidente, por su parte, ya en la agonía de su mandato, ante la evidencia del fracaso de su política de la paz total y la agresividad del ELN y el Clan del Golfo, trata de relanzar este proyecto en época electoral, posiblemente buscando el apoyo de ciertos grupos que podrían beneficiarse de las amnistías y desmovilizaciones en un nuevo gobierno de las fuerzas del Pacto Histórico.
Lo sucedido en las dos tarimas revela la magnitud de lo que está en juego en las próximas elecciones y pone de presente los enormes riesgos que enfrentan los candidatos de la oposición. El país se enfrenta a la necesidad de escoger entre algún gobernante decidido a extender la seguridad y el imperio de la Constitución y la ley sobre todo su territorio, u otro que busque la cercanía y el apaciguamiento de las bandas y los grupos criminales por medio de una versión remozada de la fallida paz total.
Los delincuentes, naturalmente, no son indiferentes frente a estas alternativas. Como lo probó el atentado contra el senador Miguel Uribe, puede ser letal encabezar una cruzada creíble por la recuperación de la seguridad y el orden en el país.
Es imperativo evitar que Colombia caiga en una espiral de violencia política como la de la campaña presidencial de 1989. Es urgente que las autoridades, ojalá con vigilancia de organismos internacionales, otorguen garantías efectivas de seguridad a los candidatos de la oposición, quienes, con buenas razones, tienen objeciones a las propuestas del Gobierno sobre el tratamiento de los grupos criminales; iniciativas que, seguramente, cuentan con las simpatías de los capos como los de las bandas representadas en la tarima de La Alpujarra el pasado 27 de junio.
