La esmerada atención de los niños de las familias de altos ingresos durante sus primeros años (en alimentación, salud, atención personalizada y estímulos de toda naturaleza) contrasta con las carencias de los más pobres.
Por su impacto a lo largo de toda la vida, esta brecha es uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad y la pobreza en Colombia.
Aparte de algunas declaraciones de quienes se proclaman preocupados por la desigualdad y la inequidad, son muy pocas las iniciativas concretas para mejorar la atención de los niños más pobres del país. El notable trabajo de Raquel Bernal y Adriana Camacho, de la Universidad de los Andes, llena este vacío (economia.uniandes.edu.co, documento Cede 33).
Destaco dos de sus propuestas. En primer término, plantean la necesidad de que se reemplacen los precarios Hogares de Bienestar —un sistema con una cobertura mediocre, servicios de mala calidad, a cargo de personas sin formación, las madres comunitarias— por 4.000 centros integrales de desarrollo infantil, guarderías modernas y bien construidas, perfectamente dotadas, atendidas por profesionales competentes, de acuerdo con un sofisticado programa para atender las variadas necesidades de los primeros años.
Las autoras proponen, en una palabra, que todos los niños de los estratos bajos, desde su nacimiento hasta los cinco años, sean atendidos en las mismas condiciones que los de los estratos altos. Numerosos estudios académicos señalan que sin esta nivelación temprana, no es posible lograr, más adelante, la equidad educativa y laboral y, en general, alcanzar la igualdad de oportunidades.
Esta política tendría altos costos. La construcción y dotación de los centros valdría más del 1% del PIB y el funcionamiento anual aumentaría los gastos del Estado en cerca del 0,3% del PIB. El nuevo modelo necesitaría más de 15.000 profesionales capacitados. Estos requerimientos financieros indican que, con el compromiso del Estado, la cobertura total podría alcanzarse, en forma gradual, en unos cinco años.
En materia institucional, las autoras también piensan en grande. Sostienen que, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la política de la primera infancia debería estar a cargo de un ministerio capaz de liderar el proceso de cambio y conducir la mejoría sostenida de la atención a la infancia.
El ICBF deberá concentrarse en la ejecución de la política ministerial, en igualdad de condiciones con las entidades municipales y privadas que atienden a los niños en sus primeros años, bajo los lineamientos de un sistema central de supervisión, acreditación y vigilancia. El instituto, en consecuencia, dejaría sus funciones de regulación y supervisión y, además, trasladaría a otras entidades las tareas que lo distraen de la atención directa a la primera infancia (por ejemplo, la de ser una agencia de adopciones).
Aunque las autoras no lo dicen, los parafiscales, si es que sobreviven a la modernización fiscal del país, deberían financiar la política de primera infancia y no necesariamente al ICBF. En algunos casos, por ejemplo, estos recursos bien podrían dirigirse a apoyar programas públicos de ciudades como Bogotá o Medellín.
Esta interesante propuesta podría ser la base de una gran reforma social, con la ambición de lograr un poderoso impacto sobre la igualdad y la equidad en Colombia.
La esmerada atención de los niños de las familias de altos ingresos durante sus primeros años (en alimentación, salud, atención personalizada y estímulos de toda naturaleza) contrasta con las carencias de los más pobres.
Por su impacto a lo largo de toda la vida, esta brecha es uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad y la pobreza en Colombia.
Aparte de algunas declaraciones de quienes se proclaman preocupados por la desigualdad y la inequidad, son muy pocas las iniciativas concretas para mejorar la atención de los niños más pobres del país. El notable trabajo de Raquel Bernal y Adriana Camacho, de la Universidad de los Andes, llena este vacío (economia.uniandes.edu.co, documento Cede 33).
Destaco dos de sus propuestas. En primer término, plantean la necesidad de que se reemplacen los precarios Hogares de Bienestar —un sistema con una cobertura mediocre, servicios de mala calidad, a cargo de personas sin formación, las madres comunitarias— por 4.000 centros integrales de desarrollo infantil, guarderías modernas y bien construidas, perfectamente dotadas, atendidas por profesionales competentes, de acuerdo con un sofisticado programa para atender las variadas necesidades de los primeros años.
Las autoras proponen, en una palabra, que todos los niños de los estratos bajos, desde su nacimiento hasta los cinco años, sean atendidos en las mismas condiciones que los de los estratos altos. Numerosos estudios académicos señalan que sin esta nivelación temprana, no es posible lograr, más adelante, la equidad educativa y laboral y, en general, alcanzar la igualdad de oportunidades.
Esta política tendría altos costos. La construcción y dotación de los centros valdría más del 1% del PIB y el funcionamiento anual aumentaría los gastos del Estado en cerca del 0,3% del PIB. El nuevo modelo necesitaría más de 15.000 profesionales capacitados. Estos requerimientos financieros indican que, con el compromiso del Estado, la cobertura total podría alcanzarse, en forma gradual, en unos cinco años.
En materia institucional, las autoras también piensan en grande. Sostienen que, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la política de la primera infancia debería estar a cargo de un ministerio capaz de liderar el proceso de cambio y conducir la mejoría sostenida de la atención a la infancia.
El ICBF deberá concentrarse en la ejecución de la política ministerial, en igualdad de condiciones con las entidades municipales y privadas que atienden a los niños en sus primeros años, bajo los lineamientos de un sistema central de supervisión, acreditación y vigilancia. El instituto, en consecuencia, dejaría sus funciones de regulación y supervisión y, además, trasladaría a otras entidades las tareas que lo distraen de la atención directa a la primera infancia (por ejemplo, la de ser una agencia de adopciones).
Aunque las autoras no lo dicen, los parafiscales, si es que sobreviven a la modernización fiscal del país, deberían financiar la política de primera infancia y no necesariamente al ICBF. En algunos casos, por ejemplo, estos recursos bien podrían dirigirse a apoyar programas públicos de ciudades como Bogotá o Medellín.
Esta interesante propuesta podría ser la base de una gran reforma social, con la ambición de lograr un poderoso impacto sobre la igualdad y la equidad en Colombia.