El lunes pasado la justicia boliviana emitió una orden de captura contra Evo Morales por el delito de rebeldía, puesto que el exmandatario se ha negado a responder por el crimen de trata de personas agravada cuando era presidente de su país. Se le sindica de haber mantenido relaciones con una niña de 15 años, con la que tuvo un hijo, bajo la complicidad de sus padres quienes recibieron a cambio favores del mandatario. Morales sostiene que se trata de una persecución política y se esconde en la región de Chapare, protegido por miles de campesinos cocaleros.
Un caso parecido es el de Rafael Correa. Fue declarado culpable y condenado a ocho años de prisión por los delitos de cohecho y recibo masivo de sobornos –de Odebrecht, entre otras empresas– cuando ejercía la presidencia de su país entre 2012 y 2017. Correa se exilió en Bélgica y, previsiblemente, sostiene que se trata de un montaje y acoso político. Por esos mismos delitos se halla recluido en una cárcel ecuatoriana su vicepresidente Jorge Glas (varios sectores de la izquierda colombiana se han sumado a la causa de estos personajes: Petro dice que Glas es un preso político; en 2017 Correa, en medio de ovaciones, fue un orador central en la celebración de los 150 años de la Universidad Nacional, y hace unos días participó en un evento con visos electorales, con escasas pretensiones académicas, organizado por el Ministerio de Hacienda para atacar al Banco de la República).
Otros exmandatarios de la región, acusados de distintos crímenes, no sin protestas, han acatado los fallos de la justicia. Por ejemplo, Cristina Kirchner, por su edad, cumple en su residencia una condena de seis años por direccionar durante doce años una serie de millonarias obras públicas a una empresa administrada por un testaferro suyo en la región de Santacruz. Además de perder su libertad, la exmandataria fue inhabilitada para participar en política y 84 inmuebles de su propiedad fueron incautados por las autoridades. Kirchner y sus seguidores, por supuesto, han manifestado reiteradamente que es inocente y que todo es el resultado de una campaña política, mediática y judicial orquestada por sus enemigos.
En Brasil, Lula estuvo en la cárcel durante 580 días después de haber sido acusado y condenado por corrupción, en medio del famoso caso Lava Jato, conducido por el célebre juez Sergio Moro. El mandatario salió libre en 2019 cuando la justicia revocó la condena. Fue elegido presidente nuevamente en 2022 y, en la actualidad, aspira a la reelección en los comicios de octubre de este año.
El caso del expresidente Jair Bolsonaro es diferente. Tras un intento de fuga, en noviembre pasado fue trasladado a una cárcel para cumplir una condena de 27 años por su participación en un intento de golpe de Estado. Se lo enjuició por instigar la violenta asonada realizada por hordas de sus seguidores, quienes trataron de replicar en Brasilia el ataque de los partidarios de Trump contra el Congreso para impedir la posesión del nuevo presidente.
Y en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, no sin reclamos de persecución por parte de sus seguidores, se presentó cumplidamente ante los jueces y ha acatado los fallos en el caso que se le sigue por soborno a testigos y fraude procesal (en octubre pasado el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió y revocó una decisión anterior).
