Vacunas y datos

En la mayoría de los países europeos se programan las citas para la vacunación con precisión y orden. Como disponen de información actualizada y completa sobre edades, sitios de residencia, teléfonos, emails, así como sobre las características de morbilidad de las personas, las prioridades se fijan con claridad y las inoculaciones se ejecutan sin mayores dificultades. Fallan, a veces, por los retrasos en la entrega de las vacunas por parte de los fabricantes.

En Colombia, el Ministerio de Salud ha construido una lista de los colombianos con base en los registros de la seguridad social, en especial los datos de los afiliados a las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo, complementados con la información de las personas no aseguradas suministrada por las secretarías de Salud. Esta lista, que en principio debe contener más del 96 % de la población, permite establecer los grupos de personas de distintas edades, por ejemplo, las que tienen más de 80 o 65 años, un insumo necesario para fijar las prelaciones en el proceso de vacunación.

De allí en adelante, la tarea recae en los municipios (en los hogares geriátricos, por ejemplo), pero sobre todo en las EPS. La primera tarea de las EPS consiste en verificar el sitio de residencia y los teléfonos de los afiliados, un proceso necesario para convocar y organizar las citas y, más tarde, cuando haya vacunas, para inmunizar a las personas. El problema es que, debido a la desactualización de los datos, resultado de los cambios de vivienda y de números celulares, un porcentaje apreciable de personas no podrán ser convocadas oportunamente para ser vacunadas por las IPS. Esta dificultad es mayor en las EPS más desorganizadas, entre ellas algunas de las públicas y las privadas más frágiles.

Por este tipo de carencias hay quienes piensan que cuando se trate de atender a millones de personas —después de la vacunación de los grupos de mayor edad, el personal de la salud y los maestros—, será necesario establecer sistemas masivos de inoculación en hospitales, empresas, estadios, con métodos de racionamiento como las edades, los números de cédula, el sexo y otros criterios semejantes. Anotan también que seguramente será indispensable, al mismo tiempo, crear mecanismos especiales para atender prioritariamente a las personas en alto riesgo por sus morbilidades.

Para que en las previsibles emergencias del futuro no se presenten estos problemas, es necesario avanzar con velocidad en la formación del registro social en que está empeñado el DNP, una iniciativa que ya cuenta con soporte legal. La meta de este registro es tener una base de datos actualizada con la información clave de todos los colombianos (para amplios grupos de personas, muchos de estos datos ya están en poder de algunas empresas como las de telefonía celular y el sector financiero).

Como es natural, el registro social permitirá asignar con precisión los subsidios a los más pobres y enfocar la acción del Estado en los más necesitados. Pero también será un instrumento esencial para el diseño de políticas como las de vivienda, desarrollo urbano, servicios públicos, educación y muchas otras. La rápida consolidación de este instrumento debe ser un punto de convergencia de los partidos políticos, la academia, el sector privado y todos los interesados en el avance de la política social en Colombia.