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Volver al pasado

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Armando Montenegro
19 de febrero de 2023 - 02:05 a. m.
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Uno de los criterios para evaluar la reforma a la salud del presidente Petro es preguntar cómo le va a ir a un pariente cercano —un padre o un hermano— que padece una enfermedad crónica incurable, que no le permite trabajar y cuya supervivencia depende del sistema vigente. ¿Va a quedar mejor o peor protegido que hoy? ¿Cuáles son los riesgos de que el nuevo régimen no lo atienda o que lo atienda mal? De las respuestas a estos interrogantes dependerá no solo el bienestar, sino la propia vida de nuestro familiar y la de millones de personas que hoy están en condiciones semejantes.

Para comenzar, hay que anotar que ese pariente hoy está afiliado a una EPS que le entrega mensualmente costosos medicamentos cuyo valor supera los varios cientos de miles de pesos. Y, además, esa entidad hace seguimiento de su salud y le provee, cuando los requiere, servicios de hospitalización y diversos tratamientos. La atención no es perfecta, tiene problemas, pero es confiable. Sabemos que podría mejorar si se corrigen varios de sus defectos.

Cuando mueran las EPS —el objetivo de la reforma—, nuestro pariente cercano será necesariamente una de las 20.000 personas que quedará a merced de los servicios básicos de un Centro de Atención Primaria (en algún momento habrá unos 400 de esos centros en Bogotá, en su gran mayoría públicos) que lo remitirá, caso por caso, visita por visita, a otros niveles de atención como laboratorios, centros de diagnóstico u hospitales. Su salud dependerá entonces de cómo funcionen estos organismos. Y hay buenas razones para pensar que no le irá bien. Existe un altísimo riesgo de la politización y el contagio de la corrupción reinante en los municipios, distritos y departamentos (¿por qué este mal que aflige a la gran mayoría de gobiernos locales no se inoculará en los nuevos organismos de salud que manejarán enormes montos de dinero?)

Pero el problema de nuestro pariente cercano es más grave. La atención de su salud no puede depender de remisiones puntuales y aisladas de un Centro de Atención Primaria a otros organismos. Nuestro familiar necesita una atención integrada, que incluya programas continuos de provisión de distintos servicios (exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos, contacto médico especializado), además de un seguimiento constante a sus necesidades y al cuidado que recibe de los distintos oferentes de servicios. Estas son actividades que hoy realizan bien las EPS —resultado de su experiencia, especialización, tecnología y conocimiento panorámico de las necesidades de los pacientes— que la absurda fragmentación del sistema público propuesto no proporcionará.

Lo que nos dicen los expertos no nos deja tranquilos. Lo que se busca es recrear el fracasado Sistema Nacional de Salud de los años setenta, el mismo que tuvo, como máximo, una cobertura de apenas un 25 %. Si se aprueba la propuesta del gobierno, nuestro pariente cercano quedará desprotegido, será una víctima de la politización, los riesgos de corrupción, la previsible creación de un Fecode de los empleados de la salud, así como de la probada incapacidad de los gobiernos territoriales para realizar tareas complejas en estas materias. Todas estas son razones justifican que millones de personas, en riesgo de padecer graves sufrimientos, se pronuncien en contra de un modelo que pondrá en riesgo su salud y la de sus seres queridos.

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