Hace 50 años dos acontecimientos determinaron la vida de las personas en el campo y las ciudades: el pacto de Chicoral y el nacimiento del UPAC. Ambos coinciden en la ilusión y la desesperanza de tener un pedazo de suelo propio.
La promesa de obtener títulos de propiedad había entusiasmado a miles de campesinos para afiliarse a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC-. Esta, que nació con apoyo del presidente Carlos Lleras, pretendía consolidar la reforma agraria y la titulación de tierras. Según David Bushnell, en menos de cinco años esta Asociación llegó a tener 750.000 afiliados que se organizaron para convertirse en propietarios de tierras trabajadas durante décadas.
A medida que la ANUC se consolidaba, la presión por acelerar los procesos de titulación era cada vez más fuerte. A la par de las adjudicaciones realizadas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, se organizaron “recuperaciones” masivas de terrenos sobre los que los campesinos reclamaban propiedad.
Ambas vías fueron cuestionadas por élites regionales y latifundistas que veían amenazados sus intereses políticos y económicos. A comienzos de 1972, hacendados y dirigentes políticos se reunieron en la sede de la Caja Agraria del corregimiento de Chicoral, en el Espinal, Tolima, y acordaron frenar, de la forma que fuera necesaria, las titulaciones realizadas por el INCORA. Las conclusiones de este pacto tuvieron el respaldo del presidente Misael Pastrana, quien no solo puso fin a un proceso de reforma agraria, sino que transformó en ilegales muchas de las acciones realizadas por la ANUC.
Ese mismo año nació la Unidad de Poder Adquisitivo Constante –UPAC-, siglas que encierran el dolor de miles de familias que perdieron sus viviendas al no poder pagar créditos que se multiplicaban año tras año. Poco a poco se fueron conociendo casos de personas que pagaban hasta dos veces el valor de su préstamo y la deuda era tres veces mayor que cuando lo solicitaron.
Entre los 80 y 90 se comenzó a hablar de los suicidios del UPAC. Jamás se habló de responsabilidades, pues era más cómodo llamar “desgracias familiares” a esas muertes, en lugar de señalar a quienes diseñaron y ejecutaron dichas políticas. Los bancos aumentaron su capital, mientras el número de suicidios producto de este “error de cálculo” fue de más de 2.000 personas.
Cincuenta años han pasado, la situación del campo se ha precarizado por la pérdida de vocación agraria de millones de hectáreas y el despojo de tierras. Grupos armados y latifundistas, muchas veces amangualados con narcotraficantes, impulsaron contrarreformas agrarias que impidieron al pequeño campesino tener propiedad rural y despojando a los pocos que algo tenían. No es más alentadora la idea de tener vivienda propia en las ciudades. Para muchas familias resulta imposible acceder a créditos que se ajusten a su perfil y, cuando logran obtenerlos, pasan años pagando intereses sin reducir el monto del crédito solicitado.
Quizá por eso una de las películas más importantes del cine colombiano es La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera. Un grupo de inquilinos de una vieja casona libra una “epopeya épica popular”. Allí conviven algunos desplazados de violencias pasadas y otros que son los desposeídos de siempre. El triunfo al desmantelar la casa para reconstruirla es más grande que su propia lucha, pues contiene la historia de millones de colombianos que diariamente sueñan con tener un pedazo de tierra propio.
Puntilla. Algunos influencers que aspiran al Congreso sostienen sus candidaturas en el “activismo”. Pero cuando les preguntan por sus méritos o logros, sueltan una retahíla lugares comunes. Su activismo, en últimas, consiste en fatigarse tocando las puertas de sus “contactos” para inflar su hoja de vida.
Hace 50 años dos acontecimientos determinaron la vida de las personas en el campo y las ciudades: el pacto de Chicoral y el nacimiento del UPAC. Ambos coinciden en la ilusión y la desesperanza de tener un pedazo de suelo propio.
La promesa de obtener títulos de propiedad había entusiasmado a miles de campesinos para afiliarse a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC-. Esta, que nació con apoyo del presidente Carlos Lleras, pretendía consolidar la reforma agraria y la titulación de tierras. Según David Bushnell, en menos de cinco años esta Asociación llegó a tener 750.000 afiliados que se organizaron para convertirse en propietarios de tierras trabajadas durante décadas.
A medida que la ANUC se consolidaba, la presión por acelerar los procesos de titulación era cada vez más fuerte. A la par de las adjudicaciones realizadas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, se organizaron “recuperaciones” masivas de terrenos sobre los que los campesinos reclamaban propiedad.
Ambas vías fueron cuestionadas por élites regionales y latifundistas que veían amenazados sus intereses políticos y económicos. A comienzos de 1972, hacendados y dirigentes políticos se reunieron en la sede de la Caja Agraria del corregimiento de Chicoral, en el Espinal, Tolima, y acordaron frenar, de la forma que fuera necesaria, las titulaciones realizadas por el INCORA. Las conclusiones de este pacto tuvieron el respaldo del presidente Misael Pastrana, quien no solo puso fin a un proceso de reforma agraria, sino que transformó en ilegales muchas de las acciones realizadas por la ANUC.
Ese mismo año nació la Unidad de Poder Adquisitivo Constante –UPAC-, siglas que encierran el dolor de miles de familias que perdieron sus viviendas al no poder pagar créditos que se multiplicaban año tras año. Poco a poco se fueron conociendo casos de personas que pagaban hasta dos veces el valor de su préstamo y la deuda era tres veces mayor que cuando lo solicitaron.
Entre los 80 y 90 se comenzó a hablar de los suicidios del UPAC. Jamás se habló de responsabilidades, pues era más cómodo llamar “desgracias familiares” a esas muertes, en lugar de señalar a quienes diseñaron y ejecutaron dichas políticas. Los bancos aumentaron su capital, mientras el número de suicidios producto de este “error de cálculo” fue de más de 2.000 personas.
Cincuenta años han pasado, la situación del campo se ha precarizado por la pérdida de vocación agraria de millones de hectáreas y el despojo de tierras. Grupos armados y latifundistas, muchas veces amangualados con narcotraficantes, impulsaron contrarreformas agrarias que impidieron al pequeño campesino tener propiedad rural y despojando a los pocos que algo tenían. No es más alentadora la idea de tener vivienda propia en las ciudades. Para muchas familias resulta imposible acceder a créditos que se ajusten a su perfil y, cuando logran obtenerlos, pasan años pagando intereses sin reducir el monto del crédito solicitado.
Quizá por eso una de las películas más importantes del cine colombiano es La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera. Un grupo de inquilinos de una vieja casona libra una “epopeya épica popular”. Allí conviven algunos desplazados de violencias pasadas y otros que son los desposeídos de siempre. El triunfo al desmantelar la casa para reconstruirla es más grande que su propia lucha, pues contiene la historia de millones de colombianos que diariamente sueñan con tener un pedazo de tierra propio.
Puntilla. Algunos influencers que aspiran al Congreso sostienen sus candidaturas en el “activismo”. Pero cuando les preguntan por sus méritos o logros, sueltan una retahíla lugares comunes. Su activismo, en últimas, consiste en fatigarse tocando las puertas de sus “contactos” para inflar su hoja de vida.