En 16 veredas de cuatro municipios del norte del Cauca la empresa eléctrica cortó la luz. Dice que lo hace por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, pues en esos territorios existen invernaderos de marihuana que alimentan mercados ilegales del eje cafetero, Antioquia y Bogotá. Sin embargo, la solución es ilegal e inútil.
Olvida el gobierno que la prestación de los servicios públicos esenciales es un derecho, al punto que ni siquiera es permitido que sus trabajadores entren en paro. De ahí que los trabajadores de la empresa de energía en Bogotá, al momento de exigir mejoras en sus derechos laborales, pueden hacerlo si esto no afecta el servicio de los ciudadanos. Surge entonces la pregunta sobre la legalidad de esta decisión y, además, muestra la arbitrariedad con que se decide sobre la vida de cientos de personas que viven en legalidad en esos territorios.
Esta acción no es muy distinta a la que hace unas décadas ejercía la guerrilla cuando dinamitaba las torres de energía en el campo, obligando a miles de personas a vivir a oscuras: soportar sin ventilador el sopor de la tierra caliente y ver los productos de la nevera podrirse, llenando los hogares del fétido olor que produce la muerte. ¿Qué pasa si en esos territorios una persona sufre de una condición médica que requiere de un aparato eléctrico para sobrevivir? ¿Se podría juzgar al gerente de la empresa de energía y al Fiscal General por homicidio si la persona muere por esta situación?
Por otro lado, esta decisión evidencia que el gobierno no tiene claridad sobre quiénes son los que cultivan marihuana, ya que está sancionado en igual medida a los que no hacen parte de estas economías ilegales. En este sentido, al cortar la electricidad está beneficiando a los que manejan los invernaderos, pues el mensaje enviado es que el costo puede ser igual entre quien ejerce una práctica ilegal y quien no lo hace.
Estas medidas fueros estudiadas por el premio Nobel de economía, Gary Becker. El economista demostró que este tipo de políticas incentivan el delito, pues los delincuentes son actores racionales y sus acciones están relacionadas con el cálculo que éstos hacen entre la rentabilidad del crimen y el costo que éste puede tener. Entonces, ¿qué pasa cuando la sanción es igual para todos los actores de una sociedad independientemente de sus acciones?
Esta situación hace que el gobierno pierda legitimidad con las comunidades, pues ven en el Estado un actor represor que llega para sancionar sin importar la condición de las personas. La decisión podría llevar a que más personas entren en el negocio ilegal en alguno de sus niveles, pues, sin recibir ningún beneficio, están recibiendo las mismas sanciones que aquellos que sí delinquen. Estas políticas son represivas y estigmatizan a los habitantes del Cauca y se suman al incumplimiento de los acuerdos de La Habana. Así, la ilegitimidad del gobierno se convierte en desconfianza en las instituciones, situación que "pavimenta" el camino para que los habitantes de estos territorios se conviertan en redes de apoyo de los actores ilegales de la región.
De mantenerse esta decisión, es posible que en pocos meses veamos un nuevo paro en el Cauca y un nuevo bloqueo de la vía Panamericana. Y, cuando el presidente Duque sea llamado a negociar, el mandatario invitará a los líderes de la protesta a Palacio. No lo hará por condiciones de seguridad, sino porque allí, en esos salvajes territorios, no habrá luz.
En 16 veredas de cuatro municipios del norte del Cauca la empresa eléctrica cortó la luz. Dice que lo hace por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, pues en esos territorios existen invernaderos de marihuana que alimentan mercados ilegales del eje cafetero, Antioquia y Bogotá. Sin embargo, la solución es ilegal e inútil.
Olvida el gobierno que la prestación de los servicios públicos esenciales es un derecho, al punto que ni siquiera es permitido que sus trabajadores entren en paro. De ahí que los trabajadores de la empresa de energía en Bogotá, al momento de exigir mejoras en sus derechos laborales, pueden hacerlo si esto no afecta el servicio de los ciudadanos. Surge entonces la pregunta sobre la legalidad de esta decisión y, además, muestra la arbitrariedad con que se decide sobre la vida de cientos de personas que viven en legalidad en esos territorios.
Esta acción no es muy distinta a la que hace unas décadas ejercía la guerrilla cuando dinamitaba las torres de energía en el campo, obligando a miles de personas a vivir a oscuras: soportar sin ventilador el sopor de la tierra caliente y ver los productos de la nevera podrirse, llenando los hogares del fétido olor que produce la muerte. ¿Qué pasa si en esos territorios una persona sufre de una condición médica que requiere de un aparato eléctrico para sobrevivir? ¿Se podría juzgar al gerente de la empresa de energía y al Fiscal General por homicidio si la persona muere por esta situación?
Por otro lado, esta decisión evidencia que el gobierno no tiene claridad sobre quiénes son los que cultivan marihuana, ya que está sancionado en igual medida a los que no hacen parte de estas economías ilegales. En este sentido, al cortar la electricidad está beneficiando a los que manejan los invernaderos, pues el mensaje enviado es que el costo puede ser igual entre quien ejerce una práctica ilegal y quien no lo hace.
Estas medidas fueros estudiadas por el premio Nobel de economía, Gary Becker. El economista demostró que este tipo de políticas incentivan el delito, pues los delincuentes son actores racionales y sus acciones están relacionadas con el cálculo que éstos hacen entre la rentabilidad del crimen y el costo que éste puede tener. Entonces, ¿qué pasa cuando la sanción es igual para todos los actores de una sociedad independientemente de sus acciones?
Esta situación hace que el gobierno pierda legitimidad con las comunidades, pues ven en el Estado un actor represor que llega para sancionar sin importar la condición de las personas. La decisión podría llevar a que más personas entren en el negocio ilegal en alguno de sus niveles, pues, sin recibir ningún beneficio, están recibiendo las mismas sanciones que aquellos que sí delinquen. Estas políticas son represivas y estigmatizan a los habitantes del Cauca y se suman al incumplimiento de los acuerdos de La Habana. Así, la ilegitimidad del gobierno se convierte en desconfianza en las instituciones, situación que "pavimenta" el camino para que los habitantes de estos territorios se conviertan en redes de apoyo de los actores ilegales de la región.
De mantenerse esta decisión, es posible que en pocos meses veamos un nuevo paro en el Cauca y un nuevo bloqueo de la vía Panamericana. Y, cuando el presidente Duque sea llamado a negociar, el mandatario invitará a los líderes de la protesta a Palacio. No lo hará por condiciones de seguridad, sino porque allí, en esos salvajes territorios, no habrá luz.