Esta semana se cumple el plazo dado por el Ministerio de Educación para iniciar la presencialidad en los colegios del país. Aunque hay Entes Territoriales Certificados como Antioquia, Palmira o Bogotá que han avanzado de manera significativa en este retorno, en otros municipios y departamentos siguen vulnerando el derecho a la educación de millones de estudiantes que continúan sin poder volver a sus colegios.
La situación más particular se está dando en Cúcuta, en donde un juzgado municipal emitió una decisión ordenando “Suspender de manera inmediata la ejecución de toda orden que implique el retorno a las actividades académicas presenciales de las personas y principalmente de niños, niñas y adolescentes”. La decisión hace referencia a la circular 00061 del 28 de junio en la que la Secretaría de Educación ordenaba el retorno a la presencialidad de docentes desde el 6 de julio y de los estudiantes desde el 21 de julio, siempre y cuando las sedes educativas contaran con las condiciones adecuadas. Esta circular también establecía que ningún acudiente estaba obligado a enviar a su hijo a sus respectivos colegios.
Paradójicamente, la decisión, que establece medidas cautelares ante la tutela interpuesta por el sindicato de docentes de Norte de Santander, sostiene su medida en la prevalencia de los derechos de los niños en la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia, y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Sin embargo, si algo se está vulnerando, son justamente los derechos de 160.000 niñas, niños y adolescentes a los que se les niega el derecho a una educación de calidad, pues la medida no solo cobijó a los 125.000 estudiantes de la matrícula oficial, sino que incluso obliga a que las instituciones privadas, en las que están matriculados 35.000 estudiantes, suspendan los procesos de alternancia que ya habían empezado.
En los términos de la circular emitida por la Secretaría de Educación es claro que la totalidad de estudiantes no podrían asistir de manera presencial todos los días y, en algunos casos, habría estudiantes que no volverían a sus sedes educativas por las condiciones en que se encuentra la infraestructura. Sin embargo, la medida ordena que ningún estudiante del municipio pueda asistir a clases de manera presencial, indistintamente de las condiciones en que se encuentre su institución. Tan compleja es la orden que, al escribir “personas”, impide que el personal administrativo que presta servicios de aseo y vigilancia pueda asistir a las instituciones educativas.
Otro aspecto que llama la atención en la decisión es que tiene problemas de forma, ya que solo aparece una lista de derechos sin interpretar y que vistos de otra manera podrían usarse y citarse para exigir la presencialidad. Tan compleja es la situación educativa en Cúcuta que la misma tutela fue interpuesta ante la Secretaría de Educación Departamental, pero allí no se interrumpió el proceso de retorno a los colegios de docentes y estudiantes. La diferencia entre la respuesta del municipio y del departamento no solo es extraña, sino que parece inscribirse en las dinámicas políticas con que se mueve la región.
Esta situación demuestra que las niñas y niños son objeto de discusión, pero no se reconocen como sujetos de derechos y, a su vez, que existe una prevalencia de los derechos de los adultos, sobre los de niñas y niños. Como quedó demostrado en la decisión del juzgado en Cúcuta, los docentes exigen sus derechos pasando por encima de 160.000 estudiantes, sin revisar cada caso en su particularidad, pues en Cúcuta hay cerca de 430 sedes educativas entre jardines, colegios oficiales y privados, cada uno con protocolos específicos y muchos de ellos ya se encontraban en alternancia educativa.
Esperemos que se entre en razón y se ponga en el centro de la discusión lo que es mejor para los estudiantes buscando garantizar sus derechos. Esto significa hacer todo lo posible por respaldar el retorno de las comunidades educativas a sus instituciones y no ponerles otro candado a sus puertas. Suficiente tiene el municipio con la frontera cerrada, para que ahora se ordene el cierre de colegios.
@arturocharria
Esta semana se cumple el plazo dado por el Ministerio de Educación para iniciar la presencialidad en los colegios del país. Aunque hay Entes Territoriales Certificados como Antioquia, Palmira o Bogotá que han avanzado de manera significativa en este retorno, en otros municipios y departamentos siguen vulnerando el derecho a la educación de millones de estudiantes que continúan sin poder volver a sus colegios.
La situación más particular se está dando en Cúcuta, en donde un juzgado municipal emitió una decisión ordenando “Suspender de manera inmediata la ejecución de toda orden que implique el retorno a las actividades académicas presenciales de las personas y principalmente de niños, niñas y adolescentes”. La decisión hace referencia a la circular 00061 del 28 de junio en la que la Secretaría de Educación ordenaba el retorno a la presencialidad de docentes desde el 6 de julio y de los estudiantes desde el 21 de julio, siempre y cuando las sedes educativas contaran con las condiciones adecuadas. Esta circular también establecía que ningún acudiente estaba obligado a enviar a su hijo a sus respectivos colegios.
Paradójicamente, la decisión, que establece medidas cautelares ante la tutela interpuesta por el sindicato de docentes de Norte de Santander, sostiene su medida en la prevalencia de los derechos de los niños en la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia, y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Sin embargo, si algo se está vulnerando, son justamente los derechos de 160.000 niñas, niños y adolescentes a los que se les niega el derecho a una educación de calidad, pues la medida no solo cobijó a los 125.000 estudiantes de la matrícula oficial, sino que incluso obliga a que las instituciones privadas, en las que están matriculados 35.000 estudiantes, suspendan los procesos de alternancia que ya habían empezado.
En los términos de la circular emitida por la Secretaría de Educación es claro que la totalidad de estudiantes no podrían asistir de manera presencial todos los días y, en algunos casos, habría estudiantes que no volverían a sus sedes educativas por las condiciones en que se encuentra la infraestructura. Sin embargo, la medida ordena que ningún estudiante del municipio pueda asistir a clases de manera presencial, indistintamente de las condiciones en que se encuentre su institución. Tan compleja es la orden que, al escribir “personas”, impide que el personal administrativo que presta servicios de aseo y vigilancia pueda asistir a las instituciones educativas.
Otro aspecto que llama la atención en la decisión es que tiene problemas de forma, ya que solo aparece una lista de derechos sin interpretar y que vistos de otra manera podrían usarse y citarse para exigir la presencialidad. Tan compleja es la situación educativa en Cúcuta que la misma tutela fue interpuesta ante la Secretaría de Educación Departamental, pero allí no se interrumpió el proceso de retorno a los colegios de docentes y estudiantes. La diferencia entre la respuesta del municipio y del departamento no solo es extraña, sino que parece inscribirse en las dinámicas políticas con que se mueve la región.
Esta situación demuestra que las niñas y niños son objeto de discusión, pero no se reconocen como sujetos de derechos y, a su vez, que existe una prevalencia de los derechos de los adultos, sobre los de niñas y niños. Como quedó demostrado en la decisión del juzgado en Cúcuta, los docentes exigen sus derechos pasando por encima de 160.000 estudiantes, sin revisar cada caso en su particularidad, pues en Cúcuta hay cerca de 430 sedes educativas entre jardines, colegios oficiales y privados, cada uno con protocolos específicos y muchos de ellos ya se encontraban en alternancia educativa.
Esperemos que se entre en razón y se ponga en el centro de la discusión lo que es mejor para los estudiantes buscando garantizar sus derechos. Esto significa hacer todo lo posible por respaldar el retorno de las comunidades educativas a sus instituciones y no ponerles otro candado a sus puertas. Suficiente tiene el municipio con la frontera cerrada, para que ahora se ordene el cierre de colegios.
@arturocharria