Actualmente, el movimiento estudiantil vive un momento de furor. En pocos días logró acumular la fuerza necesaria para cohesionar a sectores que pocas veces se articulan, como la universidad pública y la privada. El reto que enfrenta este movimiento está en no reducir sus acciones a una asonada fugaz o a una movilización sin un propósito claro.
Por eso resulta importante entender la protesta como una acción táctica en el marco de una estrategia más contundente. En otras palabras, comprender que el objetivo de la protesta no es llegar a la Plaza de Bolívar sin vidrios rotos o bloquear el tráfico de la capital, sino reconocer el momento histórico que vive el país y el lugar que ocupa el movimiento estudiantil en esta coyuntura. Trazar este horizonte estratégico no es fácil, pues requiere de amplios consensos entre los distintos sectores universitarios que están llamando a una nueva movilización para el próximo jueves 10 de octubre.
En este momento los estudiantes tienen varios elementos que validan su movilización: la grotesca corrupción en la Universidad Distrital ($11.000 millones), la deuda de los estudiantes que se han salido del programa “Ser Pilo Paga” ($20.000 millones), exceso de fuerza por parte del Estado (como los disparos del ejército en la Universidad del Atlántico) e infiltraciones de la Policía (como las que quedaron en evidencia en las recientes movilizaciones de Bogotá).
El gesto de solidaridad entre los estudiantes de la Universidad Distrital y la Universidad Javeriana sorprendió a la opinión pública y logró que jóvenes de otras universidades se sintieran comprometidos con las movilizaciones del pasado viernes 27 de septiembre. De nada sirvió que el rector de la Universidad Javeriana decretara, en un “pálido” comunicado, suspender tres días las clases, porque el punto de concentración fue justo en la universidad jesuita. Esperemos que la suspensión de clases no termine con en el cierre de facultades en la Javeriana, como ocurrió en 1971 con Sociología y Trabajo Social.
Ahora bien, no se le puede exigir a los estudiantes que no bloqueen el tráfico como consecuencia de su movilización, pues la protesta social rompe las dinámicas cotidianas y es una exigencia pública ante las autoridades. Cuestionar el derecho a la protesta social es una amenaza a la democracia y un desconocimiento de la forma en que se han adquirido muchas de las libertades que hoy son cotidianas.
La solidaridad demostrada por los estudiantes es una lección para la sociedad, que comienza por comprender que hay motivos suficientes para el llamado a la movilización. Es fundamental que se condenen públicamente los excesos por parte de los agentes del Estado y la infiltración de miembros de la policía en los disturbios del ICETEX. Y, por último, es necesario movilizarnos con ellos.
No basta con organizar el día laboral para que las marchas no nos afecten: salir antes del trabajo, cambiar la ruta o trabajar desde la casa. Hay que entender que la crisis en el sector educativo es una crisis que nos toca a todos. Empezando por los recursos que se pierden debido a la corrupción o el mal diseño de políticas públicas, hasta el costo social que implica el no tener profesionales competentes.
El próximo 10 de octubre los estudiantes deben trazar una estrategia clara que responda a la fuerza colectiva que han acumulado y la sociedad tiene la responsabilidad de defender la protesta social como un derecho colectivo.
Actualmente, el movimiento estudiantil vive un momento de furor. En pocos días logró acumular la fuerza necesaria para cohesionar a sectores que pocas veces se articulan, como la universidad pública y la privada. El reto que enfrenta este movimiento está en no reducir sus acciones a una asonada fugaz o a una movilización sin un propósito claro.
Por eso resulta importante entender la protesta como una acción táctica en el marco de una estrategia más contundente. En otras palabras, comprender que el objetivo de la protesta no es llegar a la Plaza de Bolívar sin vidrios rotos o bloquear el tráfico de la capital, sino reconocer el momento histórico que vive el país y el lugar que ocupa el movimiento estudiantil en esta coyuntura. Trazar este horizonte estratégico no es fácil, pues requiere de amplios consensos entre los distintos sectores universitarios que están llamando a una nueva movilización para el próximo jueves 10 de octubre.
En este momento los estudiantes tienen varios elementos que validan su movilización: la grotesca corrupción en la Universidad Distrital ($11.000 millones), la deuda de los estudiantes que se han salido del programa “Ser Pilo Paga” ($20.000 millones), exceso de fuerza por parte del Estado (como los disparos del ejército en la Universidad del Atlántico) e infiltraciones de la Policía (como las que quedaron en evidencia en las recientes movilizaciones de Bogotá).
El gesto de solidaridad entre los estudiantes de la Universidad Distrital y la Universidad Javeriana sorprendió a la opinión pública y logró que jóvenes de otras universidades se sintieran comprometidos con las movilizaciones del pasado viernes 27 de septiembre. De nada sirvió que el rector de la Universidad Javeriana decretara, en un “pálido” comunicado, suspender tres días las clases, porque el punto de concentración fue justo en la universidad jesuita. Esperemos que la suspensión de clases no termine con en el cierre de facultades en la Javeriana, como ocurrió en 1971 con Sociología y Trabajo Social.
Ahora bien, no se le puede exigir a los estudiantes que no bloqueen el tráfico como consecuencia de su movilización, pues la protesta social rompe las dinámicas cotidianas y es una exigencia pública ante las autoridades. Cuestionar el derecho a la protesta social es una amenaza a la democracia y un desconocimiento de la forma en que se han adquirido muchas de las libertades que hoy son cotidianas.
La solidaridad demostrada por los estudiantes es una lección para la sociedad, que comienza por comprender que hay motivos suficientes para el llamado a la movilización. Es fundamental que se condenen públicamente los excesos por parte de los agentes del Estado y la infiltración de miembros de la policía en los disturbios del ICETEX. Y, por último, es necesario movilizarnos con ellos.
No basta con organizar el día laboral para que las marchas no nos afecten: salir antes del trabajo, cambiar la ruta o trabajar desde la casa. Hay que entender que la crisis en el sector educativo es una crisis que nos toca a todos. Empezando por los recursos que se pierden debido a la corrupción o el mal diseño de políticas públicas, hasta el costo social que implica el no tener profesionales competentes.
El próximo 10 de octubre los estudiantes deben trazar una estrategia clara que responda a la fuerza colectiva que han acumulado y la sociedad tiene la responsabilidad de defender la protesta social como un derecho colectivo.