Cada cierto tiempo, un político propone una nueva cátedra para la malla curricular de los colegios. Es una tendencia recurrente que por lo general suele caer en dos errores: desconocimiento del sistema educativo colombiano y poco impacto del ajuste curricular en relación con el problema que intenta resolver.
Este es el caso del proyecto de ley del representante a la Cámara Wilmer Leal, en el cual se propone la enseñanza obligatoria de lengua de señas en todos los colegios del país. El anuncio lo hizo el Día Internacional de las Lenguas de Señas y tiene como propósito: “generar una inclusión efectiva de todas las personas que tienen alguna limitación como estas [auditiva]”.
Si bien es importante que en la agenda legislativa se debata sobre la inclusión de la comunidad sorda, pues hablamos de 550.000 colombianos, su abordaje a través de una cátedra obligatoria nos desvía de una discusión pendiente sobre la inclusión efectiva de las personas sordas en el sistema educativo. Para sumar a este debate, propongo tres aspectos que pueden revisarse a la luz del proyecto de ley.
Primero, ampliar el número de docentes sordos, intérpretes y modelos lingüísticos para acompañar las trayectorias educativas con estudiantes en situación de discapacidad. Esto implica que los recursos asignados a las Entidades Territoriales Certificadas no se dispongan para contratar la prestación de un servicio, sino que se usen para incorporar a profesionales idóneos a la planta docente adscrita a cada Secretaría de Educación. Esto garantiza continuidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y fortalece las dinámicas de inclusión al interior de las instituciones educativas. Adicionalmente, como no implica una contratación pública, los estudiantes no comenzarían el año escolar sin intérpretes o docentes de apoyo, como ocurre en muchas partes del país.
Segundo, disminuir la desescolarización de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. Esta situación suele darse por varios motivos: falta de información de los acudientes que no saben que pueden matricular a sus hijos en el sistema educativo, diagnóstico tardío o confusión con discapacidad cognitiva y, por último, falta de intérpretes o docentes de apoyo en los colegios cercanos al estudiante. La disminución de la desescolarización requiere la búsqueda activa de estudiantes por fuera del sistema e inversión para garantizar la permanencia del estudiante.
Tercero, capacitación, profesionalización y formación pedagógica del servicio de interpretación. No basta con saber lengua de señas para enseñarla y, mucho menos, para transmitir contenidos que se dan en un aula de clase. Por un lado, se debe garantizar calidad del servicio a través de adecuados procesos de formación y, por otro, se deben brindar condiciones en salud y derechos laborales a los intérpretes, pues suele ocurrir que durante una larga sesión de trabajo no se cuenta con un relevo para el intérprete.
Que el debate sobre inclusión y discapacidad auditiva esté en la agenda legislativa es un avance que podría beneficiar a miles de niños, niñas y jóvenes, para quienes la educación es un derecho pendiente. Es importante pensar en la efectividad de la ley, pues podría convertirse en una carga adicional para los colegios y no resuelve problemas concretos sobre la inclusión de la comunidad sorda en el sistema educativo.
