El pasado 26 de junio, muy pocas personas salieron a votar en Cúcuta para revocar al alcalde. De los 130.000 votos que se requerían para poner fin al mandato de Jairo Yáñez, apenas se contaron más de 11.000, menos del 10 %.
Al conocerse el resultado hubo euforia en el Palacio Municipal: una colorida papayera animó la “victoria”. La celebración contrastaba con la ciudad: mientras en el Palacio un puñado de personas lanzaba arengas de “no volverán”, en sus casas los cucuteños celebraban el postergado Día del Padre sin ningún interés en lo que pasaba en la política local.
Contrario a la lectura del alcalde y su equipo, no es un triunfo de su gestión y mucho menos una “reelección”, como lo expresó Yáñez en sus redes. Es un desgaste político con tintes de resignación, y la evidencia de que las revocatorias de gobernantes son revanchas políticas y no iniciativas ciudadanas.
Como suele ocurrir con la mayoría de revocatorias en el país, la de Cúcuta fue promovida por el grupo político que perdió las elecciones en octubre de 2019. Durante 2021, el proceso avanzó con celeridad, la campaña por la revocatoria se cimentaba en la baja aceptación y gestión de la Alcaldía, pero también en los recursos de quienes veían en esa elección una inversión más que un proceso democrático.
Sin embargo, la esperada votación, que estaba programada inicialmente para diciembre fue aplazada una, dos, tres veces. Los constantes cambios tuvieron dos consecuencias: la ciudadanía se desconectó de ese proceso, asumiendo incluso que ya no se realizaría la elección y el impulso de los promotores se desvaneció, pues mantener una campaña durante tanto tiempo es muy costoso.
Adicionalmente, las elecciones para Congreso y Presidencia afectaron el resultado de la revocatoria. Por un lado, los electores terminaron agotados de seis meses de campañas y discusiones políticas. Por otro lado, el sector político interesado en sacar adelante la revocatoria puso todo su esfuerzo (recursos y maquinarias) en elegir congresistas y apoyar ambas candidaturas presidenciales, dejando vacías sus arcas para una nueva elección. Como si fuera poco, la votación coincidió con un puente festivo, período de vacaciones y Día del Padre.
Desconocer estas circunstancias y vender una idea de triunfo solo ratifica la forma con que gran parte de Cúcuta lee la actual administración: soberbia y desconectada. La efervescencia por la cacareada “victoria” me recordó una frase que mi papá siempre decía cuando me veía celebrando sin haber hecho ningún mérito para merecerlo: “Cuando uno se compara con el piso, siempre está por encima”.
Puntilla. Veo más indignación en la administración por el costo de la revocatoria que por los más de $2.000 millones que costaron los adoquines del Área Metropolitana de Cúcuta. Debe ser porque los dueños de esos ladrillos son amigos de la casa.
El pasado 26 de junio, muy pocas personas salieron a votar en Cúcuta para revocar al alcalde. De los 130.000 votos que se requerían para poner fin al mandato de Jairo Yáñez, apenas se contaron más de 11.000, menos del 10 %.
Al conocerse el resultado hubo euforia en el Palacio Municipal: una colorida papayera animó la “victoria”. La celebración contrastaba con la ciudad: mientras en el Palacio un puñado de personas lanzaba arengas de “no volverán”, en sus casas los cucuteños celebraban el postergado Día del Padre sin ningún interés en lo que pasaba en la política local.
Contrario a la lectura del alcalde y su equipo, no es un triunfo de su gestión y mucho menos una “reelección”, como lo expresó Yáñez en sus redes. Es un desgaste político con tintes de resignación, y la evidencia de que las revocatorias de gobernantes son revanchas políticas y no iniciativas ciudadanas.
Como suele ocurrir con la mayoría de revocatorias en el país, la de Cúcuta fue promovida por el grupo político que perdió las elecciones en octubre de 2019. Durante 2021, el proceso avanzó con celeridad, la campaña por la revocatoria se cimentaba en la baja aceptación y gestión de la Alcaldía, pero también en los recursos de quienes veían en esa elección una inversión más que un proceso democrático.
Sin embargo, la esperada votación, que estaba programada inicialmente para diciembre fue aplazada una, dos, tres veces. Los constantes cambios tuvieron dos consecuencias: la ciudadanía se desconectó de ese proceso, asumiendo incluso que ya no se realizaría la elección y el impulso de los promotores se desvaneció, pues mantener una campaña durante tanto tiempo es muy costoso.
Adicionalmente, las elecciones para Congreso y Presidencia afectaron el resultado de la revocatoria. Por un lado, los electores terminaron agotados de seis meses de campañas y discusiones políticas. Por otro lado, el sector político interesado en sacar adelante la revocatoria puso todo su esfuerzo (recursos y maquinarias) en elegir congresistas y apoyar ambas candidaturas presidenciales, dejando vacías sus arcas para una nueva elección. Como si fuera poco, la votación coincidió con un puente festivo, período de vacaciones y Día del Padre.
Desconocer estas circunstancias y vender una idea de triunfo solo ratifica la forma con que gran parte de Cúcuta lee la actual administración: soberbia y desconectada. La efervescencia por la cacareada “victoria” me recordó una frase que mi papá siempre decía cuando me veía celebrando sin haber hecho ningún mérito para merecerlo: “Cuando uno se compara con el piso, siempre está por encima”.
Puntilla. Veo más indignación en la administración por el costo de la revocatoria que por los más de $2.000 millones que costaron los adoquines del Área Metropolitana de Cúcuta. Debe ser porque los dueños de esos ladrillos son amigos de la casa.