Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La respuesta a la pregunta está en el lugar que gran parte de la sociedad le otorga a la educación y en la incapacidad de reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos.
Basta con pensar cómo habría reaccionado la comunidad de un barrio si durante meses le cortaran el suministro de luz. Lo más seguro es que a los pocos días estarían bloqueadas las calles y, con el tiempo, las protestas escalarían a disturbios. Las personas reaccionan con fuerza ante circunstancias que consideran injustas.
Ahí reside parte de la respuesta a la pregunta inicial, pues muchas familias no vieron el cierre de colegios como una privación de sus derechos. Paradójicamente, se opusieron cuando las instituciones educativas anunciaron su apertura. Incluso, en algunos hogares se prefirió que las mujeres dejaran de trabajar y se quedaran en casa cuidando a sus hijos, antes que exigir educación presencial.
Digamos que esta resistencia se dio porque muchos consideraban que las condiciones de los colegios ponían en riesgo la salud de sus hijos. Entonces, ¿por qué no hubo protestas significativas para exigir al gobierno las adecuaciones necesarias para que los estudiantes regresaran a las aulas?
Para noviembre de 2021, más de tres millones de estudiantes completaban 20 meses sin haber regresado un solo día a sus colegios (una tercera parte de la matrícula del país). Esta cifra podría considerarse una de las mayores vulneraciones masivas y estructurales a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Esta tragedia no se resolvía, exclusivamente, con una mayor inversión, pues hubo recursos girados por el Ministerio de Educación que no fueron ejecutados por la ineficiencia de los entes territoriales. Lo que realmente mantuvo cerrado los colegios fue la falta de presión por parte de los padres de familia, contra el gobierno nacional y las administraciones locales, pero también contra las instituciones que teniendo buenas instalaciones físicas se negaban a prestar el servicio.
Parece una obviedad, pero muchas personas no se percatan que el sistema educativo no se limita a la relación entre el magisterio y el Ministerio de Educación, sino que requiere la participación decidida de las familias. Sin embargo, esta relación no debe entenderse de manera confrontativa, sino de corresponsabilidad. Causa curiosidad cómo se volvió popular la expresión: “prefiero que mi hijo pierda el año a que se muera por ir al colegio”. Nada más alejado de la realidad, pues regresar a la escuela era devolverles la vida y sus derechos.
Que la sociedad haya bloqueado la apertura de colegios es tan absurdo como una persona que se alegra por no tener energía en su casa, argumentando que así no tiene que pagar el recibo de la luz.
Puntilla. En Norte de Santander el Centro Democrático tendrá que alternar a Corzo y a Capacho en el Congreso. Así evitan la carnicería por la única curul que ganó el partido y les queda la ilusión de haber obtenido dos Cámaras.
