Las disputas limítrofes entre Antioquia y Chocó son centenarias. Ahora se reviven por cuenta de la ubicación de un corregimiento donde más de 15.000 habitantes siguen sin saber cuál es su patria chica. Si son antioqueños serían de Mutatá, pero si son chocoanos serían de Riosucio. En todo caso, está situado en la región del Darién que, ciertamente, debía gozar del derecho a su propia autonomía como entidad territorial, dadas sus características históricas, geográficas y culturales.
La controversia es casi tan antigua como la República pero, a todo parecer, nunca nadie ha pedido a aquellos colombianos opinión alguna sobre un hecho que los afecta en forma directa. Ahora están decidiendo, una vez más, sobre la suerte de los habitantes de Belén de Bajirá colombianos tan ilustres como ajenos a los intereses de las comunidades que allí residen. No solo desde Medellín o desde Quibdó sino, sobre todo, desde Bogotá, el Gobierno central apela a su óptica tradicional de pretender la solución de los problemas de la periferia desde el centro.
Ocurre, sin embargo, que el centralismo es uno de los elementos fundamentales de esta problemática. La disputa tiene que ver con el origen artificial de los límites entre departamentos y con la artificialidad misma de la figura departamental. Nada tiene que ver ésta con la geografía, ni con la historia, ni con la cultura. De hecho en Colombia —como antes en Francia, donde nacieron— los departamentos fueron concebidos para la centralización de las decisiones públicas, no para descentralizar como algunos suponen. Son hijos legítimos del Estado-nación y por eso reproducen en su seno el centralismo. En Antioquia y en Chocó se quejan del centralismo de Bogotá, pero en Mutatá y en Riosucio se quejan del centralismo de Medellín y de Quibdó.
Pero además el sistema electoral colombiano propicia la subrepresentación territorial. Siete departamentos tienen más de la mitad del total de los senadores del país. Solo Antioquia tiene diez senadores y Chocó ninguno. Semejante situación desemboca en lo que el tratadista Darío Restrepo denomina “colonialismo interno”, el cual estimula tanto las brechas regionales como las relaciones transaccionales y termina incrementando condiciones reproductoras de la desigualdad o del atraso y de los conflictos políticos.
Belén de Bajirá es un buen ejemplo de ello. El debate, que volvió a aflorar esta semana, tiene ingredientes económicos e intereses políticos que desdibujan las necesidades y conveniencias de los habitantes del corregimiento. Es increíble: los convierte en espectadores de su propio destino, del cual deberían ser protagonistas. Pero a ninguna autoridad del país, al parecer, ni a los mismos alcaldes de Mutatá o de Riosucio, se les ha ocurrido preguntarles a los habitantes del Belén de Bajirá cómo desean construir su futuro y dónde se sienten mejor.
En Colombia existe una democracia de participación cuyo propósito es acercar a la gente tanto la política como el derecho. Por supuesto, no todos los habitantes de Belén de Bajirá están de acuerdo en una respuesta única. Precisamente para eso es la deliberación que debe anteceder a cualquier decisión política local. Puede hacerse a través de un cabildo abierto y luego definirse a través de una consulta popular, cuidando las eventuales manipulaciones que suelen ejercerse sobre estos procesos. Pero es increíble que, en pleno siglo XXI, se siga considerando a los habitantes de una comarca situada en una de las zonas más ricas del país como menores de edad.
La política es el arte de lo posible. En sociedades plurales como la nuestra su gran objetivo es procurar un consenso de mínimos, previa una deliberación democrática. El derecho es la forma de conectar la realidad con las instituciones, para garantizar legitimidad y gobernanza. En estos casos solo hace falta voluntad política e imaginación jurídica. Pero, claro, es preciso tomar en serio lo que dice la Constitución Política y creer en la democracia local.
*Exsenador, profesor universitario. @inefable1
Las disputas limítrofes entre Antioquia y Chocó son centenarias. Ahora se reviven por cuenta de la ubicación de un corregimiento donde más de 15.000 habitantes siguen sin saber cuál es su patria chica. Si son antioqueños serían de Mutatá, pero si son chocoanos serían de Riosucio. En todo caso, está situado en la región del Darién que, ciertamente, debía gozar del derecho a su propia autonomía como entidad territorial, dadas sus características históricas, geográficas y culturales.
La controversia es casi tan antigua como la República pero, a todo parecer, nunca nadie ha pedido a aquellos colombianos opinión alguna sobre un hecho que los afecta en forma directa. Ahora están decidiendo, una vez más, sobre la suerte de los habitantes de Belén de Bajirá colombianos tan ilustres como ajenos a los intereses de las comunidades que allí residen. No solo desde Medellín o desde Quibdó sino, sobre todo, desde Bogotá, el Gobierno central apela a su óptica tradicional de pretender la solución de los problemas de la periferia desde el centro.
Ocurre, sin embargo, que el centralismo es uno de los elementos fundamentales de esta problemática. La disputa tiene que ver con el origen artificial de los límites entre departamentos y con la artificialidad misma de la figura departamental. Nada tiene que ver ésta con la geografía, ni con la historia, ni con la cultura. De hecho en Colombia —como antes en Francia, donde nacieron— los departamentos fueron concebidos para la centralización de las decisiones públicas, no para descentralizar como algunos suponen. Son hijos legítimos del Estado-nación y por eso reproducen en su seno el centralismo. En Antioquia y en Chocó se quejan del centralismo de Bogotá, pero en Mutatá y en Riosucio se quejan del centralismo de Medellín y de Quibdó.
Pero además el sistema electoral colombiano propicia la subrepresentación territorial. Siete departamentos tienen más de la mitad del total de los senadores del país. Solo Antioquia tiene diez senadores y Chocó ninguno. Semejante situación desemboca en lo que el tratadista Darío Restrepo denomina “colonialismo interno”, el cual estimula tanto las brechas regionales como las relaciones transaccionales y termina incrementando condiciones reproductoras de la desigualdad o del atraso y de los conflictos políticos.
Belén de Bajirá es un buen ejemplo de ello. El debate, que volvió a aflorar esta semana, tiene ingredientes económicos e intereses políticos que desdibujan las necesidades y conveniencias de los habitantes del corregimiento. Es increíble: los convierte en espectadores de su propio destino, del cual deberían ser protagonistas. Pero a ninguna autoridad del país, al parecer, ni a los mismos alcaldes de Mutatá o de Riosucio, se les ha ocurrido preguntarles a los habitantes del Belén de Bajirá cómo desean construir su futuro y dónde se sienten mejor.
En Colombia existe una democracia de participación cuyo propósito es acercar a la gente tanto la política como el derecho. Por supuesto, no todos los habitantes de Belén de Bajirá están de acuerdo en una respuesta única. Precisamente para eso es la deliberación que debe anteceder a cualquier decisión política local. Puede hacerse a través de un cabildo abierto y luego definirse a través de una consulta popular, cuidando las eventuales manipulaciones que suelen ejercerse sobre estos procesos. Pero es increíble que, en pleno siglo XXI, se siga considerando a los habitantes de una comarca situada en una de las zonas más ricas del país como menores de edad.
La política es el arte de lo posible. En sociedades plurales como la nuestra su gran objetivo es procurar un consenso de mínimos, previa una deliberación democrática. El derecho es la forma de conectar la realidad con las instituciones, para garantizar legitimidad y gobernanza. En estos casos solo hace falta voluntad política e imaginación jurídica. Pero, claro, es preciso tomar en serio lo que dice la Constitución Política y creer en la democracia local.
*Exsenador, profesor universitario. @inefable1