Corporación centenaria

La Academia Colombiana de Jurisprudencia cumplió, hace una semana, 128 años de labor ininterrumpida. El jurista Nicolás Esguerra, su primer presidente, propuso en su nombre adoptar constitucionalmente la coexistencia simultánea en el gobierno de los dos grandes partidos de su época. Fue el primer llamado a la convivencia que se hizo a través de una Corporación que, desde su nacimiento, reúne a los mejores juristas de Colombia. Ese fue el origen de la Unión Republicana, a comienzos del siglo XX.

Esguerra mencionó como antecedente de su propuesta la idea planteada por el jurista Rafael Rocha Gutiérrez, para quien el poder ejecutivo de un país tan plural como Colombia debería ser colegiado. Creo que esta idea está vigente y sería muy útil dialogar hoy sobre ella. Es el modelo de la democracia suiza, que vale la pena examinar, en vez de insistir en el modelo inglés de democracia mayoritaria que, en Colombia, no ha servido para el desarrollo político sino para la polarización social.

En 1936, el presidente de la Academia, Jorge Soto del Corral, llevó su vocería para acompañar las reformas constitucionales que buscaban incorporar al país en el universo de su tiempo. En 1975, el gobierno convocó la llamada “pequeña constituyente” y designó una comisión de expertos para preparar el proyecto de reforma. Sus miembros fueron seis ilustres juristas, todos miembros activos de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: Darío Echandía, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, Carlos Holguín Holguín, Rodrigo Noguera Lavorde, Cesar Gómez Estrada y Carlos Restrepo Piedrahita.

La Academia lleva 128 años pensando el derecho, enriqueciendo el debate jurídico, apoyando el funcionamiento de las instituciones. Como lo escribió su presidente Jorge Vélez García, con motivo del centenario, ha sido fiel al espíritu de neutralidad objetiva propio de una Corporación de naturaleza plural, pero a veces debe emitir opiniones que incidan sobre la realidad circundante. El año pasado, por ejemplo, frente la pasividad del gobierno en medio de una creciente polarización, sentenció que “la democracia se maneja a partir de disensos, pero la gobernanza se gestiona a partir de consensos”. El siglo XXI nos está enseñando que, de otra manera, las sociedades plurales se tornan ingobernables.

En el presente año, ante la incertidumbre que se vivía en medio de las dos vueltas de la elección presidencial, la Academia puso de presente, con la firma de casi un centenar de sus miembros, la urgencia de asumir la política como el arte del diálogo: “Las sociedades necesitan los acuerdos para hacerse, pero también los necesitan para no deshacerse. El país necesita superar esta intolerancia fanática, y controlar esta irracionalidad colectiva que repugna a cualquier forma de civilización”.

La Academia Colombiana ha reiterado la importancia de avanzar hacia una democracia más inclusiva y consensuada. Es una necesidad del país, incluso del continente. En ese propósito podría trabajar de consuno con las demás Academias de América en torno a la defensa del Estado de derecho y gestionar, como región, el rescate del diálogo internacional. Las grandes potencias no conversan entre sí, monologan. Y proyectan sobre el mundo esa actitud negativo y soberbia. Las Academias Jurídicas tienen autoridad y, tal vez, obligación, de pedirle al mundo que apueste por el diálogo y privilegie el derecho como garantía de convivencia.