Uno: la gran fuente del derecho debe ser la realidad. Dos: los jueces no pueden definir políticas públicas.
Las movilizaciones de la pasada semana en distintas ciudades del país expresaron la protesta contra una cartilla que, supuestamente, pretende imponer la ideología de género. Pero también muestran rechazo a unas políticas no nacidas de procesos democráticos, ni de la participación de autoridades e instituciones facultadas por el ordenamiento jurídico para decidir sobre políticas públicas. Álvaro Gómez hubiera dicho que la acritud de aquellas manifestaciones obedecía a una ausencia de acuerdo en lo fundamental.
En efecto, me parece equivocado reducir el problema a la intolerancia sectaria, a la ideología del odio, al fanatismo de la caverna. Cualquier política pública es más que una norma jurídica: Debe ser resultado de una deliberación democrática capaz de construir acuerdos de mínimos. El derecho de las personas a su propia autonomía es tan válido para los miembros de la comunidad LGTB como para quienes se movilizaron masivamente la semana pasada.
El eje de tales movilizaciones es el derecho fundamental de quienes protestaron y no el interés general de la nación. Independientemente de las opiniones de cada quien, el Estado puede asumir una política laica pero no puede volverse militante del laicismo. Tampoco puede asumir militancia religiosa alguna. Ambas situaciones resultan ofensivas para grupos disímiles cuyos miembros tienen intereses distintos, incluso contradictorios pero, en cualquier caso, legítimos. Ese es el reto contemporáneo de gobernar en sociedades plurales.
Dicen los juristas que el control judicial no se basa en la idea de que los jueces sean mejores —aunque deben ser más prudentes, pues su ejercicio es la jurisprudencia— sino en que el constituyente fijó límites al ejercicio del poder público. En esa línea es preciso verificar los límites a la potestad de los jueces constitucionales. Éstos no pueden adoptar políticas públicas: las corridas de toros, los derechos adquiridos, la sustitución de la Constitución, las políticas de género, deben ser decididas por el Congreso y no por la Corte Constitucional.
No olvido un salvamento de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra en la sentencia C-1040/05 de la Corte, a propósito del acto legislativo nº 2 de 2004: “La mayoría tuvo los votos, pero no la razón; la minoría tenía la razón, pero no los votos”. Como se ve, el asunto no es de poca monta. Tiene que ver con el ejercicio republicano, con principio del control, con la vigencia de la democracia. Ésta es respeto por el otro pero también, y sobre todo, es procedimiento. De lo contrario el principio democrático termina convirtiéndose en dictadura de las mayorías y la discriminación positiva, en dictadura de las minorías.
La ministra de Educación se perdió en ese laberinto y muchos analistas también. Culpan a la gente de un desarreglo cuyos orígenes son institucionales. La Corte Constitucional no puede reemplazar al Congreso, ni éste a aquella. En ambos casos se lesiona el Estado de Derecho. Según entiendo la funcionaria dijo que detrás de la polémica subyacían dos modelos de país. No lo creo. Lo que falta es un modelo de país en donde las políticas públicas no sean impuestas desde la cúpula judicial sino adoptadas a través de un proceso democrático capaz de diseñar consensos de mínimos. Por desgracia, nos hemos dedicado a fomentar la confrontación y a polarizar a los ciudadanos.
Muchos colombianos piensan como la ministra, pero no por eso puede pedírsele que siga adelante. Equivaldría a pedirle igual cosa al procurador, precisamente, por la misma razón. Y el país acabará prisionero de un problema insoluble que no se origina tanto en sectarismo, en desinformación o en odio de los protestatarios de ambos lados, sino en una azarosa percepción que los hace sentir víctimas de una amenaza grave para su propia identidad. Por supuesto eso termina estimulando fobias y resentimientos.
Colombia es un país religioso que, en la segunda mitad del siglo anterior, avanzó mucho hacia la tolerancia. Lo primero es un hecho real y tozudo que, por lo mismo, debe consultarse políticamente. Pero la tolerancia de sus ciudadanos se ha perdido, en buena medida por obcecación dirigente, justo cuando más se necesita. Esta es una sociedad plural con intereses múltiples que no siempre se respetan desde las instituciones. Eso también explica que un tema como la paz y el plebiscito en ciernes, en lugar de unir a los colombianos en torno a un voto afirmativo, los radicalice hasta la perturbación de sus emociones y de sus sentimientos. En ese ámbito, la razón es lo de menos.
* Exsenador, profesor universitario. @inefable1
Uno: la gran fuente del derecho debe ser la realidad. Dos: los jueces no pueden definir políticas públicas.
Las movilizaciones de la pasada semana en distintas ciudades del país expresaron la protesta contra una cartilla que, supuestamente, pretende imponer la ideología de género. Pero también muestran rechazo a unas políticas no nacidas de procesos democráticos, ni de la participación de autoridades e instituciones facultadas por el ordenamiento jurídico para decidir sobre políticas públicas. Álvaro Gómez hubiera dicho que la acritud de aquellas manifestaciones obedecía a una ausencia de acuerdo en lo fundamental.
En efecto, me parece equivocado reducir el problema a la intolerancia sectaria, a la ideología del odio, al fanatismo de la caverna. Cualquier política pública es más que una norma jurídica: Debe ser resultado de una deliberación democrática capaz de construir acuerdos de mínimos. El derecho de las personas a su propia autonomía es tan válido para los miembros de la comunidad LGTB como para quienes se movilizaron masivamente la semana pasada.
El eje de tales movilizaciones es el derecho fundamental de quienes protestaron y no el interés general de la nación. Independientemente de las opiniones de cada quien, el Estado puede asumir una política laica pero no puede volverse militante del laicismo. Tampoco puede asumir militancia religiosa alguna. Ambas situaciones resultan ofensivas para grupos disímiles cuyos miembros tienen intereses distintos, incluso contradictorios pero, en cualquier caso, legítimos. Ese es el reto contemporáneo de gobernar en sociedades plurales.
Dicen los juristas que el control judicial no se basa en la idea de que los jueces sean mejores —aunque deben ser más prudentes, pues su ejercicio es la jurisprudencia— sino en que el constituyente fijó límites al ejercicio del poder público. En esa línea es preciso verificar los límites a la potestad de los jueces constitucionales. Éstos no pueden adoptar políticas públicas: las corridas de toros, los derechos adquiridos, la sustitución de la Constitución, las políticas de género, deben ser decididas por el Congreso y no por la Corte Constitucional.
No olvido un salvamento de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra en la sentencia C-1040/05 de la Corte, a propósito del acto legislativo nº 2 de 2004: “La mayoría tuvo los votos, pero no la razón; la minoría tenía la razón, pero no los votos”. Como se ve, el asunto no es de poca monta. Tiene que ver con el ejercicio republicano, con principio del control, con la vigencia de la democracia. Ésta es respeto por el otro pero también, y sobre todo, es procedimiento. De lo contrario el principio democrático termina convirtiéndose en dictadura de las mayorías y la discriminación positiva, en dictadura de las minorías.
La ministra de Educación se perdió en ese laberinto y muchos analistas también. Culpan a la gente de un desarreglo cuyos orígenes son institucionales. La Corte Constitucional no puede reemplazar al Congreso, ni éste a aquella. En ambos casos se lesiona el Estado de Derecho. Según entiendo la funcionaria dijo que detrás de la polémica subyacían dos modelos de país. No lo creo. Lo que falta es un modelo de país en donde las políticas públicas no sean impuestas desde la cúpula judicial sino adoptadas a través de un proceso democrático capaz de diseñar consensos de mínimos. Por desgracia, nos hemos dedicado a fomentar la confrontación y a polarizar a los ciudadanos.
Muchos colombianos piensan como la ministra, pero no por eso puede pedírsele que siga adelante. Equivaldría a pedirle igual cosa al procurador, precisamente, por la misma razón. Y el país acabará prisionero de un problema insoluble que no se origina tanto en sectarismo, en desinformación o en odio de los protestatarios de ambos lados, sino en una azarosa percepción que los hace sentir víctimas de una amenaza grave para su propia identidad. Por supuesto eso termina estimulando fobias y resentimientos.
Colombia es un país religioso que, en la segunda mitad del siglo anterior, avanzó mucho hacia la tolerancia. Lo primero es un hecho real y tozudo que, por lo mismo, debe consultarse políticamente. Pero la tolerancia de sus ciudadanos se ha perdido, en buena medida por obcecación dirigente, justo cuando más se necesita. Esta es una sociedad plural con intereses múltiples que no siempre se respetan desde las instituciones. Eso también explica que un tema como la paz y el plebiscito en ciernes, en lugar de unir a los colombianos en torno a un voto afirmativo, los radicalice hasta la perturbación de sus emociones y de sus sentimientos. En ese ámbito, la razón es lo de menos.
* Exsenador, profesor universitario. @inefable1