Los sucesos que se han producido en torno a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia generaron reacciones de amigos y de adversarios del expresidente Uribe que intranquilizan, por su tono desafiante. Ponen de presente la urgencia de fortalecer las instituciones básicas del Estado de derecho que, por desgracia, son débiles y registran preocupantes niveles de desprestigio.
Aun así, las instituciones van más allá de las virtudes y de los defectos de quienes tienen su manejo o cumplen funciones en sus diferentes organismos. En ese marco, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, cuya razón de ser es la defensa del Estado de derecho, llamó a su salvaguardia. No se puede politizar una decisión jurídica: en esa medida, se desvirtúa el Estado de derecho y se privilegia el Estado de opinión. Eso es, simplemente, una impostura.
Antes y después de la decisión de la Corte, se leyeron en las redes sociales amenazas que llegaron hasta invitar al uso de las armas para responder a una medida o a la otra, por medio de la fuerza. Es increíble que, en estos tiempos, se proclame la violencia para oponerse a decisiones jurídicas. El Estado de derecho contempla respuestas viables y ofrece los recursos establecidos en las leyes.
Nuestro Estado de derecho tiene falencias y contra él han conspirado decisiones equivocadas e incluso tendenciosas de quienes, eventualmente, han formado parte de las tres ramas del poder. Los gobiernos, los congresos, las cortes, en ciertos momentos, han estado por debajo de sus responsabilidades. La aparición del narcotráfico terminó contaminando casi todo el cuerpo social, que todavía no se repone de semejante tragedia. Aun así, Colombia ha construido un Estado de derecho que vale la pena defender, con todos sus defectos y todas sus carencias.
Por eso la Academia invita a rodear las instituciones. Pide “respetar los principios, valores y derechos que han permitido construir una democracia estable, con colaboración armónica y autonomía entre las distintas ramas del poder”. ¿Cuáles son?: el principio de la separación de poderes, por ejemplo; los valores republicanos; los derechos a la defensa y al debido proceso de quienes son objeto de las acusaciones. Parodiando a Couture, las leyes, los decretos y los fallos terminan valiendo lo que valen los hombres que los dictan. De acuerdo. Pero en ningún caso se pueden controvertir por fuera del derecho.
El país respira una pugnacidad que no se compadece con lo que significó la Carta Política del 91 como pacto social. La Academia de Jurisprudencia demanda rescatar aquel espíritu de unidad en la diferencia, cuyos desarrollos generan fe en las instituciones y evitan un socavamiento de ellas, tan innecesario como peligroso. Eso no es muy difícil. Basta con tomar en serio la Constitución de 1991.
* Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Los sucesos que se han producido en torno a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia generaron reacciones de amigos y de adversarios del expresidente Uribe que intranquilizan, por su tono desafiante. Ponen de presente la urgencia de fortalecer las instituciones básicas del Estado de derecho que, por desgracia, son débiles y registran preocupantes niveles de desprestigio.
Aun así, las instituciones van más allá de las virtudes y de los defectos de quienes tienen su manejo o cumplen funciones en sus diferentes organismos. En ese marco, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, cuya razón de ser es la defensa del Estado de derecho, llamó a su salvaguardia. No se puede politizar una decisión jurídica: en esa medida, se desvirtúa el Estado de derecho y se privilegia el Estado de opinión. Eso es, simplemente, una impostura.
Antes y después de la decisión de la Corte, se leyeron en las redes sociales amenazas que llegaron hasta invitar al uso de las armas para responder a una medida o a la otra, por medio de la fuerza. Es increíble que, en estos tiempos, se proclame la violencia para oponerse a decisiones jurídicas. El Estado de derecho contempla respuestas viables y ofrece los recursos establecidos en las leyes.
Nuestro Estado de derecho tiene falencias y contra él han conspirado decisiones equivocadas e incluso tendenciosas de quienes, eventualmente, han formado parte de las tres ramas del poder. Los gobiernos, los congresos, las cortes, en ciertos momentos, han estado por debajo de sus responsabilidades. La aparición del narcotráfico terminó contaminando casi todo el cuerpo social, que todavía no se repone de semejante tragedia. Aun así, Colombia ha construido un Estado de derecho que vale la pena defender, con todos sus defectos y todas sus carencias.
Por eso la Academia invita a rodear las instituciones. Pide “respetar los principios, valores y derechos que han permitido construir una democracia estable, con colaboración armónica y autonomía entre las distintas ramas del poder”. ¿Cuáles son?: el principio de la separación de poderes, por ejemplo; los valores republicanos; los derechos a la defensa y al debido proceso de quienes son objeto de las acusaciones. Parodiando a Couture, las leyes, los decretos y los fallos terminan valiendo lo que valen los hombres que los dictan. De acuerdo. Pero en ningún caso se pueden controvertir por fuera del derecho.
El país respira una pugnacidad que no se compadece con lo que significó la Carta Política del 91 como pacto social. La Academia de Jurisprudencia demanda rescatar aquel espíritu de unidad en la diferencia, cuyos desarrollos generan fe en las instituciones y evitan un socavamiento de ellas, tan innecesario como peligroso. Eso no es muy difícil. Basta con tomar en serio la Constitución de 1991.
* Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.