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13 Aug 2021 - 5:00 a. m.

El compromiso con la Constitución

Es bueno recordar, 30 años después, que la nueva Constitución aprobada el 4 julio de 1991 significó el nacimiento de lo que los colombianos llamaron, espontáneamente, “el nuevo país”. Algo similar se insinuó en 1910 con la Unión Republicana y, en 1957, con el Frente Nacional. Pero, ahora, había más razones para creer que el futuro sería mejor que el presente.

La Asamblea Constituyente cumplió su cometido de manera cabal. Recuperó la confianza ciudadana en las Instituciones y redactó una Constitución pensando en el equilibrio entre los principios del estado social de derecho y los de la economía social de mercado. Cinco fueron los temas incorporados, por primera vez, a la Carta Política en Colombia: La garantía de los derechos, la democracia de participación, la autonomía territorial y el pluralismo jurídico. La constitucionalización de esos temas suponía una importante transformación institucional.

No lo entendieron así los gobiernos nacionales. Ni el de entonces, ni los posteriores. El A. L. n° 3 de 1993 fue la primera contrarreforma a la nueva Carta. La última se hizo con más sagacidad que transparencia: Fue el decreto 575 del presente año, dictado a contrapelo del texto superior, apelando a lo que los juristas denominan elusión constitucional. En 30 años se han sucedido más de 55 modificaciones a la Carta Política, la mayoría de las cuales son contrarreformas. De aquellas conquistas del 91 solo ha tenido positivos desarrollos la relacionada con la carta de derechos.

Las principales conquistas del 91 se quedaron escritas o se han desarrollado restrictivamente, tras una muy activa presión de los gobiernos para obtener aprobación de leyes o de fallos judiciales. Más allá de los debates políticos, de los salvamentos de voto y de la doctrina especializada, la democracia de participación, la autonomía territorial, el pluralismo jurídico, encuentran obstáculos en el Congreso y en la Corte Constitucional. La idea de que el derecho no es solo instrumento de regulación, sino también instrumento de cambio tiene su enemigo en los poderes centrales.

En su libro “The hollow hope” el politólogo norteamericano Gerald Rosenberg duda de la capacidad de las altas cortes para producir cambios en el derecho, si previamente no hay algún cambio en la sociedad o, al menos, interpelaciones ciudadanas con sentido reformista. En ese mismo orden de ideas, el profesor del IEPRI Juan Gabriel Gómez, concluye que lo que hay en Colombia es un déficit de ciudadanía: A la Constitución le hacen falta desarrollos democráticos porque al país le hacen falta ciudadanos.

En su momento, la interpelación de los colombianos tuvo éxito: Se resolvió con la Carta del 91. El propio jefe del Estado de entonces se atrevió a saludar a sus compatriotas con un profundo optimismo: “Bienvenidos al futuro”. Treinta años después los colombianos, en general, sienten que les “hicieron conejo”. Por eso surgieron nuevos reclamos sociales, incluso durante la pandemia. Y la frase que, hoy, se filtra con nitidez por entre las declaraciones oficiales es “bienvenidos al pasado”. Esa no es una paradoja de la historia; es la cosecha que le dejan al país 30 años de gobiernos no comprometidos con la Constitución.

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