Si no hay identidad entre las instituciones y la sociedad civil, no hay ni sociedad civil ni instituciones.
En el estado moderno las tres ramas del poder público se han cerrado sobre sí mismas. Como lo expresé en mi columna anterior, el legislativo ya no controla al ejecutivo. Este se controla a sí mismo a través de sus mayorías en el congreso. El control judicial sobreestima –a veces en detrimento de una rigurosa hermenéutica- los sonidos de la democracia mediática y ahora está privilegiando la idea de fallar en equidad. Es curioso: para esto último no es necesario ser abogado.
El cuarto poder –que son los medios de comunicación- usa su información con una gran indiferencia por la opinión pública, en el sentido de que no la interpreta: más bien la crea. A menudo la fabrica. Eso ocurre cuando los medios dependen de los poderes fácticos y, aún peor, cuando el poder mediático se convierte en poder fáctico. A diferencia del poder institucionalizado, los poderes fácticos no tienen vínculos que legitimen su relación con la sociedad civil.
El célebre periodista Ignacio Ramonet, vio en la creación del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación (OIMC) un “quinto poder”, cuyo objetivo es contrarrestar los excesos del poder mediático. Los medios “concebidos en su origen como canales de la libertad de expresión contra los abusos del poder político y económico, en la era de la globalización han pasado a expresar los intereses de un puñado de gigantescas empresas mediáticas identificadas con los intereses económicos del establishment, en detrimento del derecho de los ciudadanos a una información veraz”.
En “Le Monde diplomatique” Ramonet puso de presente la necesidad de ese “quinto poder” cuya función sería denunciar el superpoder de los medios de comunicación que, en determinadas circunstancias, no sólo dejan de defender a los ciudadanos, sino que ignoran el alcance del pluralismo social y pretenden fijar para las minorías el rasero común de la sociedad mayoritaria.
Cualquier sistema democrático debe partir del respeto a los derechos de las minorías. Por eso tienen derechos los indígenas por ejemplo. Y los miembros de la sociedad mayoritaria a quienes se discrimina en el estudio o en el trabajo. Pero también los homosexuales, los extranjeros, los ricos, los delincuentes, los discapacitados, las víctimas. Todos ellos tienen derechos como individuos, pero también como minorías.
Más allá del planteamiento de Ramonet, un creciente número de analistas sostiene que la garantía de los derechos de todos, en una sociedad plural, es el poder ciudadano: el auténtico quinto poder. Las comunidades locales y las redes sociales son su cabal manifestaciónl, porque suponen participación sin necesidad de intermediarios. Claro, también lo son las organizaciones de la sociedad civil capaces de sintonizarse con sus representados. Pero se requiere identidad entre la gente y sus instituciones o nunca habrá sentido de inclusión en medio de la diferencia. Como vamos no vamos bien.
*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net
