En gramática, eufemismo es expresar en forma amable algo que, de otra manera, podría tener carácter peyorativo. Disfemismo es justamente lo contrario. Sin embargo, en política —en esta inefable política colombiana— a esos términos les trastocan el sentido. Los usan para suplantar la realidad, para sustituirla o modificarla, es decir, para reemplazarla por otra.
Los ejemplos abundan, pero el más claro es el de la reforma tributaria. El primer proyecto presentado por el entonces ministro de Hacienda, cuyo carácter casi confiscatorio provocó paros, movilizaciones y protestas sociales, fue llamado por el Gobierno “Ley de Solidaridad Sostenible”. Por supuesto, eso no es eufemismo; es la sustitución misma del concepto. Los efectos de aquella propuesta fueron desastrosos para el Gobierno cuyo prestigio, dentro y fuera del país, quedó maltrecho. No solo le costó el cargo al ministro, sino que el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto.
Este 20 de julio el Gobierno presentó otro proyecto sobre la misma materia. El nuevo ministro de Hacienda buscó algunos consensos, palabra bastante esquiva para el actual Gobierno, y radicó el nuevo proyecto en el Congreso. Lo llamaron “Ley de Inversión Social”. También es suplantación de la verdad porque, como se ha visto, las prioridades oficiales no pasan tanto por la responsabilidad social como por su preocupación de cuidar la ortodoxia para mantener la tranquilidad de los mercados y, en particular, la de las calificadoras de riesgo.
Pero hay más: de acuerdo con la Constitución, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La jurisprudencia y el sentido común indican que la paz no es solo la simple ausencia de guerra, ni la conjuración policiva de las crisis de orden público. Es el respeto efectivo de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de las garantías de convivencia establecidas por el derecho. La paz es, simplemente, la paz. Sin adjetivos, ni apellidos, ni negaciones, ni maquillajes, ni sustituciones. Pero el Gobierno habla de “paz con legalidad”. ¿Qué es semejante exabrupto? ¿Acaso es posible una paz sin legalidad y otra paz —o la misma— con ilegalidad? Por Dios, en esa materia lo único ilegal es la guerra.
Volviendo a la reforma tributaria, el nuevo ministro la justifica por razones de sostenibilidad fiscal, pero entiende que es preciso presentar otra el próximo año. Increíble: probablemente este es el único Gobierno en el mundo cuya gestión deja en claro la necesidad de presentar una reforma tributaria por cada año de su administración. El presidente se atrevió a decir, en entrevista con El Espectador el pasado domingo, que su legado sería “dejar una agenda de equidad”. Sin embargo, lo más equitativo que mostró fue una afirmación intrascendente: “La mitad de mi gabinete votó por el Sí en el plebiscito y la otra mitad por el No”.
Algunos especialistas han advertido sobre la necesidad de hacer uso de fórmulas heterodoxas para enfrentar esta situación excepcional. Pero de allí nadie pasa. Expertos globales coinciden en que, por cuenta de la pandemia, la vida de los seres humanos puede cambiar sensiblemente para siempre. Esta economía de oferta exige de los gobiernos una respuesta capaz de fortalecer la capacidad de consumo. Me temo que es la única manera efectiva de reactivar la economía. Por desgracia, eso no se puede manejar con eufemismos.
En gramática, eufemismo es expresar en forma amable algo que, de otra manera, podría tener carácter peyorativo. Disfemismo es justamente lo contrario. Sin embargo, en política —en esta inefable política colombiana— a esos términos les trastocan el sentido. Los usan para suplantar la realidad, para sustituirla o modificarla, es decir, para reemplazarla por otra.
Los ejemplos abundan, pero el más claro es el de la reforma tributaria. El primer proyecto presentado por el entonces ministro de Hacienda, cuyo carácter casi confiscatorio provocó paros, movilizaciones y protestas sociales, fue llamado por el Gobierno “Ley de Solidaridad Sostenible”. Por supuesto, eso no es eufemismo; es la sustitución misma del concepto. Los efectos de aquella propuesta fueron desastrosos para el Gobierno cuyo prestigio, dentro y fuera del país, quedó maltrecho. No solo le costó el cargo al ministro, sino que el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto.
Este 20 de julio el Gobierno presentó otro proyecto sobre la misma materia. El nuevo ministro de Hacienda buscó algunos consensos, palabra bastante esquiva para el actual Gobierno, y radicó el nuevo proyecto en el Congreso. Lo llamaron “Ley de Inversión Social”. También es suplantación de la verdad porque, como se ha visto, las prioridades oficiales no pasan tanto por la responsabilidad social como por su preocupación de cuidar la ortodoxia para mantener la tranquilidad de los mercados y, en particular, la de las calificadoras de riesgo.
Pero hay más: de acuerdo con la Constitución, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La jurisprudencia y el sentido común indican que la paz no es solo la simple ausencia de guerra, ni la conjuración policiva de las crisis de orden público. Es el respeto efectivo de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de las garantías de convivencia establecidas por el derecho. La paz es, simplemente, la paz. Sin adjetivos, ni apellidos, ni negaciones, ni maquillajes, ni sustituciones. Pero el Gobierno habla de “paz con legalidad”. ¿Qué es semejante exabrupto? ¿Acaso es posible una paz sin legalidad y otra paz —o la misma— con ilegalidad? Por Dios, en esa materia lo único ilegal es la guerra.
Volviendo a la reforma tributaria, el nuevo ministro la justifica por razones de sostenibilidad fiscal, pero entiende que es preciso presentar otra el próximo año. Increíble: probablemente este es el único Gobierno en el mundo cuya gestión deja en claro la necesidad de presentar una reforma tributaria por cada año de su administración. El presidente se atrevió a decir, en entrevista con El Espectador el pasado domingo, que su legado sería “dejar una agenda de equidad”. Sin embargo, lo más equitativo que mostró fue una afirmación intrascendente: “La mitad de mi gabinete votó por el Sí en el plebiscito y la otra mitad por el No”.
Algunos especialistas han advertido sobre la necesidad de hacer uso de fórmulas heterodoxas para enfrentar esta situación excepcional. Pero de allí nadie pasa. Expertos globales coinciden en que, por cuenta de la pandemia, la vida de los seres humanos puede cambiar sensiblemente para siempre. Esta economía de oferta exige de los gobiernos una respuesta capaz de fortalecer la capacidad de consumo. Me temo que es la única manera efectiva de reactivar la economía. Por desgracia, eso no se puede manejar con eufemismos.