A propósito de las últimas decisiones de la Corte Constitucional, Humberto de la Calle calificó de ingenua la reacción del gobierno nacional. En efecto el presidente Santos se limitó a decir que las mayorías del Congreso estarán en condiciones de evitar cualquier afectación a los acuerdos de La Habana. De la Calle propuso una gran coalición, por fuera del Congreso, para defender el proceso de paz. Tiene autoridad para hacerlo: Fue artífice de los acuerdos y puede asumir el liderazgo que el gobierno no ejerce.
En el Congreso es fácil dilatar decisiones y pretender modificaciones capaces de afectar los desarrollos de un proceso que no se ha consolidado y que, por lo mismo, aún puede quebrantarse. Los abogados del gobierno sostienen que la decisión de la Corte solo tiene efectos hacia el futuro y que ya hay cosas aprobadas que no se pueden modificar. Olvidan que todo este proceso, más que un asunto jurídico es una cuestión política.
La paz no es, en este momento, la preocupación prioritaria de los colombianos, pero cualquier peligro que amenace su implementación debe conjurarse. Hace un año escribí en este mismo diario una columna titulada “Al diálogo le hace falta país”. En cualquier guerra el armisticio es un problema de las dos partes, pero la paz es un problema de todos los ciudadanos. Eso es lo que advierte Humberto de la Calle cuando plantea la necesidad movilizar al “país nacional” en torno a la consolidación del actual proceso.
Bien se sabe que la Corte Constitucional decide sobre asuntos de naturaleza política, pero debe hacerlo jurídicamente. Sin embargo en los últimos años ha dictado fallos “políticos” aupados en forma discreta desde el gobierno o en forma expresa desde los medios de comunicación.
Estos últimos califican a los magistrados de “progresistas” o “conservadores”, en un falso dilema que reduce el ámbito de la interpretación del Derecho. Apelar a la jurisprudencia para hacer una división entre buenos y malos, es una forma demasiado simple, aunque eficaz, para contribuir a la politización de la justicia. La contracara del fenómeno es el exceso de activismo judicial que, a menudo, termina suplantando al Congreso. La teoría de la sustitución constitucional, por ejemplo, da testimonio de ello: Volvió rígida una Carta Política adoptada como flexible por el Constituyente del 91
Mientras tanto el gobierno mantiene su curiosa visión de que las deliberaciones sobre los problemas públicos se agotan en el “país político”. Sus propuestas suelen tener origen y discusión en un ámbito exclusivo y excluyente de cúpulas, incluso si lo que se quiere reformar es, precisamente, alguna de las cúpulas. El resultado de las reformas que así se producen es, naturalmente, que todo sigue igual.
En ese marco resulta lógico que el presidente Santos se limite a mirar hacia los salones del Capitolio. Pero hace falta el “país nacional”. Tiene razón Humberto de la Calle en su propuesta de organizar una coalición, por fuera del Congreso, que defienda los acuerdos de La Habana y empuje el proceso hacia la construcción de convivencia. Ese es un reto democrático al cual los colombianos no pueden renunciar.
*Exsenador, profesor universitario. @inefable1
A propósito de las últimas decisiones de la Corte Constitucional, Humberto de la Calle calificó de ingenua la reacción del gobierno nacional. En efecto el presidente Santos se limitó a decir que las mayorías del Congreso estarán en condiciones de evitar cualquier afectación a los acuerdos de La Habana. De la Calle propuso una gran coalición, por fuera del Congreso, para defender el proceso de paz. Tiene autoridad para hacerlo: Fue artífice de los acuerdos y puede asumir el liderazgo que el gobierno no ejerce.
En el Congreso es fácil dilatar decisiones y pretender modificaciones capaces de afectar los desarrollos de un proceso que no se ha consolidado y que, por lo mismo, aún puede quebrantarse. Los abogados del gobierno sostienen que la decisión de la Corte solo tiene efectos hacia el futuro y que ya hay cosas aprobadas que no se pueden modificar. Olvidan que todo este proceso, más que un asunto jurídico es una cuestión política.
La paz no es, en este momento, la preocupación prioritaria de los colombianos, pero cualquier peligro que amenace su implementación debe conjurarse. Hace un año escribí en este mismo diario una columna titulada “Al diálogo le hace falta país”. En cualquier guerra el armisticio es un problema de las dos partes, pero la paz es un problema de todos los ciudadanos. Eso es lo que advierte Humberto de la Calle cuando plantea la necesidad movilizar al “país nacional” en torno a la consolidación del actual proceso.
Bien se sabe que la Corte Constitucional decide sobre asuntos de naturaleza política, pero debe hacerlo jurídicamente. Sin embargo en los últimos años ha dictado fallos “políticos” aupados en forma discreta desde el gobierno o en forma expresa desde los medios de comunicación.
Estos últimos califican a los magistrados de “progresistas” o “conservadores”, en un falso dilema que reduce el ámbito de la interpretación del Derecho. Apelar a la jurisprudencia para hacer una división entre buenos y malos, es una forma demasiado simple, aunque eficaz, para contribuir a la politización de la justicia. La contracara del fenómeno es el exceso de activismo judicial que, a menudo, termina suplantando al Congreso. La teoría de la sustitución constitucional, por ejemplo, da testimonio de ello: Volvió rígida una Carta Política adoptada como flexible por el Constituyente del 91
Mientras tanto el gobierno mantiene su curiosa visión de que las deliberaciones sobre los problemas públicos se agotan en el “país político”. Sus propuestas suelen tener origen y discusión en un ámbito exclusivo y excluyente de cúpulas, incluso si lo que se quiere reformar es, precisamente, alguna de las cúpulas. El resultado de las reformas que así se producen es, naturalmente, que todo sigue igual.
En ese marco resulta lógico que el presidente Santos se limite a mirar hacia los salones del Capitolio. Pero hace falta el “país nacional”. Tiene razón Humberto de la Calle en su propuesta de organizar una coalición, por fuera del Congreso, que defienda los acuerdos de La Habana y empuje el proceso hacia la construcción de convivencia. Ese es un reto democrático al cual los colombianos no pueden renunciar.
*Exsenador, profesor universitario. @inefable1