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Hace cerca de un año, en esta misma columna, formulé unos comentarios sobre el proyecto de Constitución que se discutía en Bolivia. Los diferentes sectores sociales estaban lejos entre sí, frente a los acuerdos necesarios para adoptar sin traumatismos una nueva Carta Política. Esas distancias, así sea en forma insuficiente, han disminuido.
No creo equivocarme al afirmar que Bolivia fue el primer Estado unitario de América que planteó el tema de la autonomía local en su Constitución. Lo consagró desde 1967 en los siguientes términos: “El gobierno comunal es autónomo”, un texto heterodoxo para entonces. No eran tiempos propicios para las autonomías territoriales sino para la soberanía nacional.
Un año más tarde Colombia –dentro del propósito de modernizar tanto el Estado como la administración- aprobó unas reformas para fortalecer el ejecutivo nacional, privilegiar la descentralización sobre la autonomía y la descentralización funcional, o por servicios, sobre la descentralización territorial. Era el dictado de la época.
Aquella heterodoxia resulta hoy un imperativo en las sociedades plurales. El texto recientemente aprobado por los bolivianos define al suyo como un Estado social de derecho de carácter plurinacional, comunitario, democrático, intercultural y autonómico. Además del español, declara oficiales todos los idiomas de los pueblos indígenas y recoge como principios éticos antiguos mandatos comunes a los pueblos originarios.
En otras palabras la nueva Constitución está hecha para una sociedad plural, cuyas culturas milenarias nunca fueron reconocidas por la modernidad. En Bolivia existen pueblos indígenas que son más antiguos que Europa. No hay ningún otro país en América que valore en términos tan significativos sus propias autonomías internas, tanto territoriales como culturales.
Claro, los derechos conquistados por los pueblos originarios en la nueva Carta Política, tampoco pueden ser negados por ellos a los demás bolivianos. Evo Morales tiene el deber moral y político de convocar a sus compatriotas para acometer una tarea necesaria: consolidar la nueva realidad institucional de un país en que quepan todos. En la democracia de hoy la política se hace para llegar a consensos básicos, no para fomentar desacuerdos.
Lo que está en juego en Bolivia es el éxito o el fracaso de un propósito de búsqueda de sí mismos, que se han impuesto los bolivianos en medio de la diversidad de sus pueblos, cuyas mayorías son víctimas de una segregación secular. En Bolivia es evidente que el Estado no fue producto de un proceso de formación nacional, sino una imposición de las potencias europeas del siglo XIX. Sucedió igual en toda América latina, pero el fenómeno es más evidente cuando afecta la pluralidad de los pueblos originarios.
Bolivia está viviendo un cambio de época, apenas consecuente con lo que ocurre en un mundo interesado en revisar sus verdades tradicionales. Todo está en discusión en Bolivia: incluso la idea de país, como lo sostiene el profesor portugués Boaventura de Sousa Santos. Gringos y europeos la señalan como un país fracturado y, por lo tanto, con su viabilidad comprometida. ¿Acaso Bruselas –la capital de Europa- no es también la capital de un país fracturado entre valones, flamencos y una numerosa comunidad alemana, en términos que no ha podido superar su evolucionada democracia?
El primer mundo no conoce bien lo que ocurre en América latina. Pretende seguirle imponiendo las instituciones que se desprenden de las formas políticas del liberalismo y de las formas jurídicas del constitucionalismo, como si esos modelos tuviesen necesariamente alcance universal. Bolivia lleva siglos de equivocaciones por cuenta del primer mundo. Ahora tiene derecho a pensar su futuro, así sea equivocándose, pero por su propia cuenta.
Ex senador, profesor universitario.
