Alguien ha dicho que todas las organizaciones son públicas. Tiene mucho sentido recordarlo a propósito de las marchas del miércoles anterior, porque la educación es un servicio de cuya cabal prestación depende que una sociedad pueda construir, mantener y arraigar en la cultura social unos equilibrios mínimos que garanticen la convivencia.
Los tiempos que corren superaron la sobreideologización del siglo anterior y, con ella, la concepción binaria de buenos y malos que había traído consigo la Guerra Fría. Nadie duda hoy que la sociedad es plural y que cualquier aproximación a lo social supone una visión multidimensional de las comunidades y de los grupos que las integran. El mismo universo de las organizaciones contemporáneas tampoco es binario y está cruzado, de arriba abajo, por el concepto de responsabilidad social.
Las marchas del miércoles no son, entonces, movilizaciones de las fuerzas vitales de la universidad pública, sino auténtica expresión participativa de la sociedad colombiana. La universidad en general, y la universidad pública en particular, conforman la conciencia crítica del país. En ese sentido su compromiso con la construcción colectiva de nación supone también la necesidad de cimentar un desarrollo cultural autónomo.
En ambas cosas estamos fallando. La universidad se ha cerrado sobre sí misma mientras la sociedad privilegia los intereses sobre los valores. El Gobierno —los gobiernos de las últimas décadas— desatendió sus obligaciones con la universidad pública, lo cual equivale a darle la espalda a la educación y a la cultura. La universidad privada se comprometió con su crecimiento institucional y académico, mientras la pública tuvo que limitarse a crecer en resultados académicos. Terminó acumulando un déficit billonario, en medio de la más indolente gestión oficial. Hace, por lo menos, un cuarto de siglo que el Estado no se preocupa por su propia universidad.
No hay institución, en el mundo, que se parezca más a su propio país que la universidad pública. En el caso colombiano, trasunta una sociedad diversa y compleja, pero también desigual y excluyente. Sus conflictos internos en general, y sus carencias financieras en particular, han sido ignorados por los gobiernos durante décadas. La universidad pública no sólo es la universidad del Estado, entendiendo por él a la nación y a sus entidades territoriales. Es la de una inmensa comunidad plural que refleja su vitalidad y sus contradicciones en los campus y en las aulas universitarias.
Sin perjuicio del reconocimiento a los derechos de cualquier institución de educación superior, y del conjunto de las universidades privadas existentes en el país, la universidad pública necesita que el Estado se ocupe de ella responsablemente. De otra manera no podrá garantizar la calidad del servicio en el alto nivel que merecen sus jóvenes y, en especial, los de más escasos recursos. La universidad tiene que formar para la vida y construir pensamiento democrático. Pero como van las cosas, la educación superior solo podrá promover social y culturalmente a quienes ya están promovidos. Eso no solo es dramático, sino también aberrante.
*Exsenador, profesor universitario.
Alguien ha dicho que todas las organizaciones son públicas. Tiene mucho sentido recordarlo a propósito de las marchas del miércoles anterior, porque la educación es un servicio de cuya cabal prestación depende que una sociedad pueda construir, mantener y arraigar en la cultura social unos equilibrios mínimos que garanticen la convivencia.
Los tiempos que corren superaron la sobreideologización del siglo anterior y, con ella, la concepción binaria de buenos y malos que había traído consigo la Guerra Fría. Nadie duda hoy que la sociedad es plural y que cualquier aproximación a lo social supone una visión multidimensional de las comunidades y de los grupos que las integran. El mismo universo de las organizaciones contemporáneas tampoco es binario y está cruzado, de arriba abajo, por el concepto de responsabilidad social.
Las marchas del miércoles no son, entonces, movilizaciones de las fuerzas vitales de la universidad pública, sino auténtica expresión participativa de la sociedad colombiana. La universidad en general, y la universidad pública en particular, conforman la conciencia crítica del país. En ese sentido su compromiso con la construcción colectiva de nación supone también la necesidad de cimentar un desarrollo cultural autónomo.
En ambas cosas estamos fallando. La universidad se ha cerrado sobre sí misma mientras la sociedad privilegia los intereses sobre los valores. El Gobierno —los gobiernos de las últimas décadas— desatendió sus obligaciones con la universidad pública, lo cual equivale a darle la espalda a la educación y a la cultura. La universidad privada se comprometió con su crecimiento institucional y académico, mientras la pública tuvo que limitarse a crecer en resultados académicos. Terminó acumulando un déficit billonario, en medio de la más indolente gestión oficial. Hace, por lo menos, un cuarto de siglo que el Estado no se preocupa por su propia universidad.
No hay institución, en el mundo, que se parezca más a su propio país que la universidad pública. En el caso colombiano, trasunta una sociedad diversa y compleja, pero también desigual y excluyente. Sus conflictos internos en general, y sus carencias financieras en particular, han sido ignorados por los gobiernos durante décadas. La universidad pública no sólo es la universidad del Estado, entendiendo por él a la nación y a sus entidades territoriales. Es la de una inmensa comunidad plural que refleja su vitalidad y sus contradicciones en los campus y en las aulas universitarias.
Sin perjuicio del reconocimiento a los derechos de cualquier institución de educación superior, y del conjunto de las universidades privadas existentes en el país, la universidad pública necesita que el Estado se ocupe de ella responsablemente. De otra manera no podrá garantizar la calidad del servicio en el alto nivel que merecen sus jóvenes y, en especial, los de más escasos recursos. La universidad tiene que formar para la vida y construir pensamiento democrático. Pero como van las cosas, la educación superior solo podrá promover social y culturalmente a quienes ya están promovidos. Eso no solo es dramático, sino también aberrante.
*Exsenador, profesor universitario.