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El alcalde de Bogotá y el Ministro de Defensa se trenzaron en una polémica absurda, incluso un poco infantil. Su distanciamiento creció después de que el alcalde invitó al ministro a un consejo distrital de seguridad, y éste se abstuvo de concurrir.
El ministro envió al alcalde una carta en la cual sostiene que no debe haber “diferencias sobre quien convoca o quien preside” dichos consejos, y que la seguridad de los bogotanos debe estar “por encima de cualquier diferencia de apreciación”.
Las diferencias surgieron a partir de un llamado de atención que, de manera pública, el alcalde formuló al comandante de la policía de Bogotá, el cual originó una protesta, también pública del ministro.
No veo razón válida para criticar al alcalde por el llamado de atención referido, mientras se está conforme con el llamado de atención que el presidente de la República formula al comandante del ejército, o a los altos mandos, como ha ocurrido en varias ocasiones.
Pero si el motivo de la inconformidad del ministro no es el llamado de atención sino el hecho de que se formule públicamente, lo natural es su reacción frente al alcalde se hubiera producido en forma privada.
La Carta del ministro es reveladora: Para él quien convoca o quien preside un consejo distrital de seguridad es una cuestión de “apreciación”. Sin embargo la seguridad ciudadana es un problema de policía y, en un Estado de derecho, ese problema es del resorte directo del alcalde.
La policía no es –no debe ser- ni militar, ni nacional. Debe ser civil y local. El jefe de policía es el alcalde. La diferencia, por lo tanto, no es “de apreciación” porque las normas son claras. Se vuelve de interpretación si alguien quiere fijarse en “quien convoca o quien preside” un consejo, antes que en el problema mismo de la seguridad ciudadana.
Si, adicionalmente, el ministro designa como delegado suyo al comandante de la policía, para que lo represente en un consejo distrital de seguridad, está invadiendo una órbita extraña o, por lo menos, contribuyendo a enfrentar al alcalde con el comandante de policía, en una clara muestra de ligereza administrativa.
Tampoco está bien que el alcalde se convierta en la contraparte de una especie de “pulso” político entre dos funcionarios, cuya obligación es concurrir en la solución del problema de la inseguridad, que se está incrementando en la capital del país. Por fortuna en el último consejo decidió bajar el tono de la polémica.
El alcalde y el ministro deben comportarse como hombres de gobierno. Ya no están en campaña. Deben asumir cabalmente la responsable condición de hombres de gobierno que les impone cada una de sus dignidades públicas, al menos mientras estén al frente de sus funciones. Lo otro, sencillamente, no es serio.
Ex senador, profesor universitario.
