El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 está definido como un “Pacto por Colombia” que gira en torno a la equidad. Eso suena bien en un país que necesita acuerdos entre sus diversos sectores sociales y que se ha convertido en uno de los más desiguales del mundo. Un reciente estudio (febrero/2019) elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, reflexiona sobre el Plan y destaca el concepto de “Pacto”. Es consecuente, afirma el documento, con reiteradas declaraciones del presidente Duque y con la necesidad de construir consensos entre los colombianos. Sin embargo, la equidad resulta, cada día, más esquiva.
El texto de las Bases del Plan anuncia que “pone la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda”. Pero, más allá del diagnóstico, no avanza en estrategias efectivas para la prevención o para el castigo. El problema de fondo es que la corrupción se nos volvió una subcultura, mientras el sector público y el privado juegan ping-pong frente a sus mutuas responsabilidades. Cuando el narcotráfico contaminó casi todo el cuerpo social, instaló en la vida diaria de los colombianos la idea del dinero fácil, y frente a esa tenebrosa realidad no existe estrategia alguna en el Plan.
Por otra parte, la política exterior, centrada en la desestabilización de la dictadura venezolana, dejó en segundo plano –o tercero– la lucha contra la corrupción. La célebre consulta del año pasado no pasó de ser un canto a la bandera, entre otras razones, por los múltiples errores implícitos en su diseño. Las Bases del Plan plantean tolerancia cero con los corruptos y proponen una alianza para “contrarrestar sus efectos devastadores sobre el desarrollo de las comunidades y territorios”. Comparto la afirmación, pero me pregunto: ¿y los efectos devastadores de la corrupción sobre los poderes centrales y sobre la vigencia misma del Estado de derecho?
Ese es el problema básico: la corrupción no se mueve de abajo hacia arriba, sino al revés. Casos como el del cartel de la contratación, el escándalo de Odebrecht o el cartel de la toga no se descubrieron en la base sino en la cúpula, es decir, en el centro y no en la periferia. Tiene razón el estudio de la Universidad Nacional cuando considera acertado privilegiar, en esta lucha, figuras como la participación ciudadana y articularla con estrategias que hagan uso del “poder blando”. Todo ello con un adecuado fortalecimiento de la institucionalidad local, para mejorar los niveles de gobernabilidad tanto nacional como territorial.
En el Pacto por la Descentralización se adopta el paradigma de desarrollo regional de la OCDE, cuyo objetivo no es trasladar competencias a las entidades territoriales sino promover la competitividad regional. El estudio subraya la importancia de mantener el catastro multipropósito y destaca la “Misión de Descentralización” como la más audaz estrategia del Pacto. En efecto, el Plan sugiere que la Misión puede ir más allá del fortalecimiento de los esquemas asociativos que, como su nombre lo indica, son más asociación que descentralización. Ese sería un paso fundamental hacia adelante. Y como complemento, es preciso modificar la “Loot” (Ley 1454 de 2011) que fue toda una burla a la Constitución, y no solo limitarse a reglamentarla.
Ni las Bases del Plan ni el articulado del proyecto señalan cambio alguno en las relaciones nación-entes territoriales. Mientras esa relación no se modifique a favor de la autonomía territorial –como lo establece la Constitución, pero no lo han querido los gobiernos centrales, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional–, el país seguirá presentando agudos conflictos en materia de gobernanza. Después de 28 años de expedida la Carta Política del 91, y de constitucionalizada la autonomía territorial, los poderes centrales siguen subsumiéndola en la unidad política, en lugar de equilibrar los dos principios, como lo ordena el artículo 1º superior. Es increíble: hasta en eso la equidad es, cada día, más esquiva.
* Exsenador, profesor universitario.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 está definido como un “Pacto por Colombia” que gira en torno a la equidad. Eso suena bien en un país que necesita acuerdos entre sus diversos sectores sociales y que se ha convertido en uno de los más desiguales del mundo. Un reciente estudio (febrero/2019) elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, reflexiona sobre el Plan y destaca el concepto de “Pacto”. Es consecuente, afirma el documento, con reiteradas declaraciones del presidente Duque y con la necesidad de construir consensos entre los colombianos. Sin embargo, la equidad resulta, cada día, más esquiva.
El texto de las Bases del Plan anuncia que “pone la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda”. Pero, más allá del diagnóstico, no avanza en estrategias efectivas para la prevención o para el castigo. El problema de fondo es que la corrupción se nos volvió una subcultura, mientras el sector público y el privado juegan ping-pong frente a sus mutuas responsabilidades. Cuando el narcotráfico contaminó casi todo el cuerpo social, instaló en la vida diaria de los colombianos la idea del dinero fácil, y frente a esa tenebrosa realidad no existe estrategia alguna en el Plan.
Por otra parte, la política exterior, centrada en la desestabilización de la dictadura venezolana, dejó en segundo plano –o tercero– la lucha contra la corrupción. La célebre consulta del año pasado no pasó de ser un canto a la bandera, entre otras razones, por los múltiples errores implícitos en su diseño. Las Bases del Plan plantean tolerancia cero con los corruptos y proponen una alianza para “contrarrestar sus efectos devastadores sobre el desarrollo de las comunidades y territorios”. Comparto la afirmación, pero me pregunto: ¿y los efectos devastadores de la corrupción sobre los poderes centrales y sobre la vigencia misma del Estado de derecho?
Ese es el problema básico: la corrupción no se mueve de abajo hacia arriba, sino al revés. Casos como el del cartel de la contratación, el escándalo de Odebrecht o el cartel de la toga no se descubrieron en la base sino en la cúpula, es decir, en el centro y no en la periferia. Tiene razón el estudio de la Universidad Nacional cuando considera acertado privilegiar, en esta lucha, figuras como la participación ciudadana y articularla con estrategias que hagan uso del “poder blando”. Todo ello con un adecuado fortalecimiento de la institucionalidad local, para mejorar los niveles de gobernabilidad tanto nacional como territorial.
En el Pacto por la Descentralización se adopta el paradigma de desarrollo regional de la OCDE, cuyo objetivo no es trasladar competencias a las entidades territoriales sino promover la competitividad regional. El estudio subraya la importancia de mantener el catastro multipropósito y destaca la “Misión de Descentralización” como la más audaz estrategia del Pacto. En efecto, el Plan sugiere que la Misión puede ir más allá del fortalecimiento de los esquemas asociativos que, como su nombre lo indica, son más asociación que descentralización. Ese sería un paso fundamental hacia adelante. Y como complemento, es preciso modificar la “Loot” (Ley 1454 de 2011) que fue toda una burla a la Constitución, y no solo limitarse a reglamentarla.
Ni las Bases del Plan ni el articulado del proyecto señalan cambio alguno en las relaciones nación-entes territoriales. Mientras esa relación no se modifique a favor de la autonomía territorial –como lo establece la Constitución, pero no lo han querido los gobiernos centrales, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional–, el país seguirá presentando agudos conflictos en materia de gobernanza. Después de 28 años de expedida la Carta Política del 91, y de constitucionalizada la autonomía territorial, los poderes centrales siguen subsumiéndola en la unidad política, en lugar de equilibrar los dos principios, como lo ordena el artículo 1º superior. Es increíble: hasta en eso la equidad es, cada día, más esquiva.
* Exsenador, profesor universitario.