En América del Sur no son pocos los ciudadanos que descreen de las instituciones. Sus críticas van desde las carencias dirigentes hasta el mismo diseño institucional. Así mismo hay señalamientos comunes: los gobiernos cooptan a órganos de otras ramas del poder público, los congresos no ejercen control político, los altos jueces constitucionales legislan. A menudo los medios de comunicación suplantan a la opinión pública y, en algunos casos, su influencia se ejerce más en la dirección del interés particular de sus propietarios o directores que en el interés general de la comunidad.
La región necesita reaccionar contra ese fenómeno. Colombia tiene una tradición jurídica que hunde su raíz en los cabildos de 1810 y durante el siglo XX consolidó una importante vocación civil. Pero demanda una nueva pedagogía política para hacer conciencia colectiva de su realidad plural y abrir diálogos auténticos –no conversaciones de los gobiernos consigo mismos– de manera que la sociedad en su conjunto avance, como en la frase de Álvaro Gómez, hacia un acuerdo sobre lo fundamental.
El derecho es un instrumento de regulación y, a la vez, un instrumento de cambio. Derecho y Política –así con mayúsculas– son disciplinas complementarias. La política es el sustituto de la guerra y el derecho es la mejor garantía de convivencia social. Uno y otro deben encontrarse para encender faros que permitan iluminar el tránsito de la sociedad hacia el porvenir y eviten la persistencia en la recreación del pasado.
Desatar una guerra es fácil. Recuperar la paz es una proeza. Basta con mirar el tinglado ruso-ucraniano, que a veces parece resultado de una guerra civil, para anticipar mayores y más duras tempestades. En Colombia hay una guerra que se resiste a morir frente a una paz que no acaba de nacer. William Ospina escribió alguna vez que cuando las guerras terminan en armisticio, aparecen los condotieros de las razones de Estado reclamando justicia ante la impunidad: “Sólo que los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra, porque cuando aparecen al final solo llegan para impedir la paz”.
El Gobierno colombiano anunció su compromiso a fondo con una amplia política de paz, pero a esa política le hace falta país. Es preciso vincularlo, comprometer a sus sectores vitales para convertirla en política de Estado. A eso se debe el éxito del Frente Nacional en 1958. A pesar de las críticas de que fue y sigue siendo objeto a lo largo de más de sesenta años, es uno de los grandes ejemplos de civilización y convivencia que registra la historia nacional. El Gobierno, los partidos, los empresarios, los sindicatos, los estudiantes, la academia, la Iglesia católica, en fin, el país hizo suyo ese propósito durante casi 20 años. Más allá de los errores cometidos por gobiernos ulteriores, funcionó porque era una política de Estado.
En América del Sur se están desatando nuevas dinámicas sociales. La realidad de sus países y sus incertidumbres son distintas. Pero por encima de sus sociedades plurales, tiene desafíos comunes relacionados con la defensa cabal del Estado de derecho y, por lo mismo, de la convivencia social. América del sur necesita una especie de hoja de ruta propia y ella misma debe construirla. En ese marco, aparecen grandes retos que debe asumir la sociedad civil.
En América del Sur no son pocos los ciudadanos que descreen de las instituciones. Sus críticas van desde las carencias dirigentes hasta el mismo diseño institucional. Así mismo hay señalamientos comunes: los gobiernos cooptan a órganos de otras ramas del poder público, los congresos no ejercen control político, los altos jueces constitucionales legislan. A menudo los medios de comunicación suplantan a la opinión pública y, en algunos casos, su influencia se ejerce más en la dirección del interés particular de sus propietarios o directores que en el interés general de la comunidad.
La región necesita reaccionar contra ese fenómeno. Colombia tiene una tradición jurídica que hunde su raíz en los cabildos de 1810 y durante el siglo XX consolidó una importante vocación civil. Pero demanda una nueva pedagogía política para hacer conciencia colectiva de su realidad plural y abrir diálogos auténticos –no conversaciones de los gobiernos consigo mismos– de manera que la sociedad en su conjunto avance, como en la frase de Álvaro Gómez, hacia un acuerdo sobre lo fundamental.
El derecho es un instrumento de regulación y, a la vez, un instrumento de cambio. Derecho y Política –así con mayúsculas– son disciplinas complementarias. La política es el sustituto de la guerra y el derecho es la mejor garantía de convivencia social. Uno y otro deben encontrarse para encender faros que permitan iluminar el tránsito de la sociedad hacia el porvenir y eviten la persistencia en la recreación del pasado.
Desatar una guerra es fácil. Recuperar la paz es una proeza. Basta con mirar el tinglado ruso-ucraniano, que a veces parece resultado de una guerra civil, para anticipar mayores y más duras tempestades. En Colombia hay una guerra que se resiste a morir frente a una paz que no acaba de nacer. William Ospina escribió alguna vez que cuando las guerras terminan en armisticio, aparecen los condotieros de las razones de Estado reclamando justicia ante la impunidad: “Sólo que los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra, porque cuando aparecen al final solo llegan para impedir la paz”.
El Gobierno colombiano anunció su compromiso a fondo con una amplia política de paz, pero a esa política le hace falta país. Es preciso vincularlo, comprometer a sus sectores vitales para convertirla en política de Estado. A eso se debe el éxito del Frente Nacional en 1958. A pesar de las críticas de que fue y sigue siendo objeto a lo largo de más de sesenta años, es uno de los grandes ejemplos de civilización y convivencia que registra la historia nacional. El Gobierno, los partidos, los empresarios, los sindicatos, los estudiantes, la academia, la Iglesia católica, en fin, el país hizo suyo ese propósito durante casi 20 años. Más allá de los errores cometidos por gobiernos ulteriores, funcionó porque era una política de Estado.
En América del Sur se están desatando nuevas dinámicas sociales. La realidad de sus países y sus incertidumbres son distintas. Pero por encima de sus sociedades plurales, tiene desafíos comunes relacionados con la defensa cabal del Estado de derecho y, por lo mismo, de la convivencia social. América del sur necesita una especie de hoja de ruta propia y ella misma debe construirla. En ese marco, aparecen grandes retos que debe asumir la sociedad civil.