Las guerras civiles del siglo XIX sembraron odio político entre los colombianos. Incluso odio social. En 1861 Pedro Alcántara Herrán escribió a Bartolomé Calvo, en términos que Alberto Lleras recuerda en su texto titulado Mi gente: “Los hombres que han de componer los ejércitos no son convocados para que se alisten, sino cazados como venados; lo que se les suministra es apenas ración para vivir… en sus enfermedades jamás son bien asistidos… y la única esperanza que llevan a la guerra es la de recuperar la libertad por medio de la deserción”. Esa fue una constante desde la guerra de los Supremos hasta la de los Mil Días, en el tránsito de los dos siglos.
Restañar las heridas y consolidar la paz fue el compromiso fundamental de la Unión Republicana, a comienzos del siglo XX. Luego la generación del Centenario se propuso arraigar una vocación civil para Colombia. Pero el odio regresó hacia la mitad de la centuria y se agudizó con el asesinato de Gaitán. En aquella violencia partidista hubo altas responsabilidades dirigentes: ordenaron cerrar el Congreso, impedir elecciones, clausurar periódicos, perseguir adversarios. Abusaron del poder. Por fortuna el Frente Nacional volvió a construir la paz y permitió que, según la frase del maestro Echandía, se pudiera volver a pescar de noche.
A poco andar asomó de nuevo su rostro la violencia. Devino en un conflicto armado que aún no termina. Su raíz se hunde en la Operación Marquetalia, ordenada por el presidente Valencia contra un grupo de campesinos que venían de fracasados procesos de amnistía organizados desde los días del general Rojas Pinilla. En el contexto de la Guerra Fría, al gobierno norteamericano le preocupaba cualquier brote de rebeldía en América del Sur. El mismo error se repitió con la Operación Casa Verde, ordenada por el presidente Gaviria. El éxito de ambas operaciones se registró en los medios, pero no en los hechos. Fueron dos operaciones equivocadas, en esta suerte de guerra ajena, en la cual anidaron unos factores de violencia que todavía agobian al país.
La Constitución de 1991 fue otro pacto de paz que hubiera resultado bien si se sembrara cultura de convivencia. Ni siquiera hubo pedagogía de la Constitución, y esa también es responsabilidad dirigente. Suelo rechazar la tesis de que los colombianos son un pueblo, históricamente, violento. Semejante afirmación es falsa. Pero sí ha sido violentado, desde adentro y desde afuera, como lo pone de presente la carta de Herrán a Calvo y toda esa tragedia permanente de violencia estimulada por fuerzas oscuras o extrañas, con la complicidad de gobiernos y fracciones políticas que prefieren la confrontación sobre el consenso y privilegian la idea de enemigo sobre la de adversario.
El siglo XXI fue incapaz de aclimatar el pacto de paz suscrito en el año 91. Tampoco logró eliminar la cultura de los antivalores que vino de la mano del narcotráfico. Como si fuera un solo proceso sin solución de continuidad, agudizó los desacuerdos políticos y las contradicciones sociales. Lo describe William Ospina en su novela Guayacanal: las causas se volvieron posteriores a las consecuencias. Tenías que odiar a gentes que no te habían hecho nada, pero ese odio hacía que te hicieran algo… Lo que desde el poder se delira por conveniencia, en los atardeceres crueles se va volviendo sangre, rencor y odio en el corazón. Así nacen las violencias, pero también así se perpetúan.
La polarización actual no solo impide que los odios desaparezcan, los estimula y promueve. Los casos del exguerrillero Santrich y del exministro Arias resultan bien ilustrativos. Unos y otros utilizan la misma vehemencia para atacar o defender, sin mayor coherencia intelectual, situaciones similares, cuya respuesta es ya más jurídica que política. Otra vez tiene razón William Ospina: la historia es un conveniente repertorio de ofensas que se administra a voluntad, por encima de las reglas y de los principios. Por Dios: una sociedad democrática necesita acuerdos sobre lo fundamental, según la frase de Álvaro Gómez. No pretextos para el odio, según vociferaciones viscerales de algunos y, sobre todo, de algunas que fungen de dirigentes.
* Exsenador, profesor universitario.
Las guerras civiles del siglo XIX sembraron odio político entre los colombianos. Incluso odio social. En 1861 Pedro Alcántara Herrán escribió a Bartolomé Calvo, en términos que Alberto Lleras recuerda en su texto titulado Mi gente: “Los hombres que han de componer los ejércitos no son convocados para que se alisten, sino cazados como venados; lo que se les suministra es apenas ración para vivir… en sus enfermedades jamás son bien asistidos… y la única esperanza que llevan a la guerra es la de recuperar la libertad por medio de la deserción”. Esa fue una constante desde la guerra de los Supremos hasta la de los Mil Días, en el tránsito de los dos siglos.
Restañar las heridas y consolidar la paz fue el compromiso fundamental de la Unión Republicana, a comienzos del siglo XX. Luego la generación del Centenario se propuso arraigar una vocación civil para Colombia. Pero el odio regresó hacia la mitad de la centuria y se agudizó con el asesinato de Gaitán. En aquella violencia partidista hubo altas responsabilidades dirigentes: ordenaron cerrar el Congreso, impedir elecciones, clausurar periódicos, perseguir adversarios. Abusaron del poder. Por fortuna el Frente Nacional volvió a construir la paz y permitió que, según la frase del maestro Echandía, se pudiera volver a pescar de noche.
A poco andar asomó de nuevo su rostro la violencia. Devino en un conflicto armado que aún no termina. Su raíz se hunde en la Operación Marquetalia, ordenada por el presidente Valencia contra un grupo de campesinos que venían de fracasados procesos de amnistía organizados desde los días del general Rojas Pinilla. En el contexto de la Guerra Fría, al gobierno norteamericano le preocupaba cualquier brote de rebeldía en América del Sur. El mismo error se repitió con la Operación Casa Verde, ordenada por el presidente Gaviria. El éxito de ambas operaciones se registró en los medios, pero no en los hechos. Fueron dos operaciones equivocadas, en esta suerte de guerra ajena, en la cual anidaron unos factores de violencia que todavía agobian al país.
La Constitución de 1991 fue otro pacto de paz que hubiera resultado bien si se sembrara cultura de convivencia. Ni siquiera hubo pedagogía de la Constitución, y esa también es responsabilidad dirigente. Suelo rechazar la tesis de que los colombianos son un pueblo, históricamente, violento. Semejante afirmación es falsa. Pero sí ha sido violentado, desde adentro y desde afuera, como lo pone de presente la carta de Herrán a Calvo y toda esa tragedia permanente de violencia estimulada por fuerzas oscuras o extrañas, con la complicidad de gobiernos y fracciones políticas que prefieren la confrontación sobre el consenso y privilegian la idea de enemigo sobre la de adversario.
El siglo XXI fue incapaz de aclimatar el pacto de paz suscrito en el año 91. Tampoco logró eliminar la cultura de los antivalores que vino de la mano del narcotráfico. Como si fuera un solo proceso sin solución de continuidad, agudizó los desacuerdos políticos y las contradicciones sociales. Lo describe William Ospina en su novela Guayacanal: las causas se volvieron posteriores a las consecuencias. Tenías que odiar a gentes que no te habían hecho nada, pero ese odio hacía que te hicieran algo… Lo que desde el poder se delira por conveniencia, en los atardeceres crueles se va volviendo sangre, rencor y odio en el corazón. Así nacen las violencias, pero también así se perpetúan.
La polarización actual no solo impide que los odios desaparezcan, los estimula y promueve. Los casos del exguerrillero Santrich y del exministro Arias resultan bien ilustrativos. Unos y otros utilizan la misma vehemencia para atacar o defender, sin mayor coherencia intelectual, situaciones similares, cuya respuesta es ya más jurídica que política. Otra vez tiene razón William Ospina: la historia es un conveniente repertorio de ofensas que se administra a voluntad, por encima de las reglas y de los principios. Por Dios: una sociedad democrática necesita acuerdos sobre lo fundamental, según la frase de Álvaro Gómez. No pretextos para el odio, según vociferaciones viscerales de algunos y, sobre todo, de algunas que fungen de dirigentes.
* Exsenador, profesor universitario.